El Registro Federal (Diario Oficial) de Estados Unidos ya hizo público los lineamientos del anuncio sobre la extensión de los permisos de trabajo a los amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS), que son cerca de 200 mil salvadoreños y unos 100 mil beneficiarios más de otros cinco países.
En el anuncio difundido este viernes en el avance de publicaciones del Registro Federal, en su sitio web, para la publicación definitiva prevista para el próximo lunes 4 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, especifica los términos del anuncio que revalida los permisos de trabajo por un año más hasta el 4 de enero de 2021.
Así los amparados al estatus procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal, deben presentar a sus empleadores o a las autoridades competentes para realizar trámites que demanden un estatus legal, como la obtención de licencias de conducir o abrir cuentas bancarias, entre otros, la copia de la publicación del anuncio hecha por el Registro Federal.
“DHS extiende automáticamente la validez de la documentación relacionada con TPS para beneficiarios bajo las designaciones de TPS para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, como se especifica en este aviso. Dicha documentación relacionada con TPS permanecerá vigente hasta el 4 de enero de 2021, a partir de las fechas de vencimiento actuales de: 2 de enero, 2020 (para beneficiarios bajo las designaciones de TPS para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán); 5 de enero de 2020 (para beneficiarios bajo la designación de TPS para Honduras); y 24 de marzo de 2020 (para beneficiarios bajo la designación de TPS para Nepal)”, reza el documento de 12 páginas.
Con la publicación, DHS deja en claro que la acción es parte del cumplimiento al proceso judicial en curso (conocido como Ramos vrs Nielsen), donde la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en Pasadena, California, dirime si la administración de Donald Trump goza de facultades legales para cortar de tajo un beneficio migratorio para unos 300 mil inmigrantes de los seis países afectados.
También DHS abre espacio a otras demandas aceptadas en otras cortes federales en el centro territorial y la costa este de Estados Unidos, donde otros beneficiarios han impulsado demandas colectivas que han tenido acopio en el sistema judicial.
En días recientes el gobierno salvadoreño celebró la prórroga de un año para los permisos laborales de la clase TPS aduciendo que obedecía a la buena relación del gobierno salvadoreño con los Estados Unidos, pero el documento difiere y el acto legal del mismo contradice la tesis de la administración del presidente Nayib Bukele, una situación que ha generado resquemores en el movimiento por el TPS, que teme una utilización política de su causa (ver nota aparte).
Por ley, la administración Trump, que enfrenta varias demandas colectivas por la cancelación del TPS a inicios de 2018, en especial dos familias salvadoreñas en California, está obligada a anunciar nuevas prórrogas al acercarse los 60 días para el vencimiento del estatus vigente, al no existir una sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, especifica el documento de DHS.
Esta agencia federal que brega con el tema migratorio ha estratificado el procedimiento para los países afectados; reconociendo que el plazo de un año de vigencia del nuevo período hasta el 4 de enero de 2021 está relacionado con el caso Ramos versus Nielsen (en referencia a la exsecretaria de Seguridad Nacional), tiempo en el que espera llegue la decisión de California.
De ahí que ha impuesto calendarios distintos para la salida obligatoria de EE.UU. de los afectados por la medida, en el supuesto que los procesos judiciales correrán a favor del gobierno de EE.UU.
El director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos en Washington, Abel Núñez, explica a El Diario de Hoy que con lo descrito en el documento la administración Trump se da por vencedora en el proceso en curso, pero no ha previsto que los tiempos podrían cambiar porque la batalla judicial podría alargarse más allá de 2021, cuando incluso podría haber concluido la presidencia de Donald Trump, si no logra la reelección, por lo que los calendarios de salida diferida no tienen mayor solidez.
“Después del fallo, en caso sea positivo para la administración Trump (que pierdan las familias demandantes), todos los amparados de todos los países tienen 120 días para salir del país”, reza el documento a publicar este lunes en el Registro Federal.
Y hace la acotación que los salvadoreños tendrían 245 días más, algo que la canciller Alexandra Hill dijo en Washington, el lunes 28 en conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros, que “la había dejado estupefacta” por la concesión especial del gobierno de Trump para El Salvador, producto de las negociaciones cerradas sobre el tema que han sostenido en cuatro meses del gobierno de Bukele, donde han desbordado toda la energía para fortalecer la relación con Estados Unidos.
Sin embargo, DHS indica en el documento que hace la salvedad de dar mayor tiempo de salida a los salvadoreños porque el número de compatriotas amparados al TPS supera en unos 100 mil a la suma total que hacen los otros cinco países.
Para el coordinador de la Alianza Nacional del TPS, la lectura del anuncio de DHS debe leerse con mucha atención no solo por los calendarios mismos, sino por las atribuciones que se da la agencia federal de cambiar las fechas, en caso de que le requiera modificar los términos del actual memorando, todo con base a los resultados que surjan de las cortes.
José Palma también razona que el no pagar una prórroga como se hacía con las reinscripciones presenta algunas ventajas y desventajas para los tepesianos; en principio es positivo ahorrar el costo económico del proceso, que ronda los $500 dólares por beneficiario, pero también tiene la desventaja que portar las tarjetas vencidas y revalidadas por segunda vez se presta para abusos de empleadores contra los trabajadores.
El tiempo
El anuncio de la extensión de los permisos de trabajo lo hizo EE.UU. el lunes, cuando la canciller firmó en Washington un convenio migratorio con el Secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan.
Un día después, el DHS aclaró que no se trataba de ninguna ampliación del TPS, sino que se estaba dando un período adicional para que los 200,000 salvadoreños regresaran a El Salvador de una forma ordenada y no provocaran un nuevo caos en la frontera sur del país norteamericano.
La aclaración de DHS se dio luego de las afirmaciones del presidente Nayib Bukele, la canciller Alexandra Hill y el mismo embajador de Estados Unidos Ronald Johnson, quienes afirmaron que se trataba de una nueva prórroga al TPS.