INFOGRAFÍA: Así se invertirán los $31 millones destinados al plan de seguridad del Gobierno

El Gobierno tiene previsto destinar más de $9 millones para la comida de 7,500 policías y militares que están inmersos en el plan control territorial. Los diputados lograron un acuerdo para reorientar esos fondos.

Así estarán distribuidos los montos destinados al plan de gobierno.

Por David Marroquín/Eugenia Velásquez

Jul 03, 2019- 06:30

Los 7,540 policías y soldados que están involucrados en el Plan Control Territorial que comenzó el 20 de junio pasado tendrán garantizada su alimentación de los próximos seis meses, según el proyecto aprobado por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Con lo aprobado por la referida comisión y que se espera sea ratificada en el pleno en la próxima sesión plenaria, cada policía y soldado recibirán 200 dólares mensuales que deberán de ser utilizados en su alimentación, mientras estén de servicio.

Este beneficio para las fuerzas de seguridad involucradas en el referido plan le costará 9 millones 48 mil dólares al Estado en el próximo semestre.

El Plan de Control Territorial fue implementado en doce municipios con altos índices de criminalidad y presencia de pandillas, veinte días después de que Nayib Bukele asumiera la Presidencia de la República.

El referido plan busca recuperar el control de las zonas comerciales y centros históricos de 12 municipios que tienen fuerte influencia de las pandillas.

FRASE

“Propongo que se reasigne los fondos del proyecto fallido de los brazaletes para los reos de confianza para la alimentación y mejorar condiciones de los policías y soldados”

Norman Quijano, Presidente de la Asamblea

Además busca golpear las finanzas de esos grupos criminales al desbaratar las redes de extorsión de las pandillas. Lo anterior se refuerza con la declaratoria del estado de emergencia del sistema penitenciario para frenar que los cabecillas de pandillas envíen órdenes criminales desde las cárceles.

A pesar de la implementación del referido plan, la cifra de personas desaparecidas sigue superior a la de los homicidios. El presidente Bukele dijo ayer que la cifra de homicidios de junio es la segunda más baja de este año.

Los registros de la Policía y de la Fiscalía detallan que 1,687 personas desaparecieron en el primer semestre de este año; mientras que 1,568 personas murieron a raíz de la violencia criminal.

Solo en los 30 días de junio hubo 224 asesinatos; mientras que 290 personas tienen registro como desaparecidas en el mismo mes.

Fuentes policiales señalan que por lo menos el 80 por ciento de las personas desaparecidas no son encontradas y lo más probable es que hayan sido asesinadas.

Pago del Régimen de Disponibilidad para los policías
Otro de los rubros en los que será invertido ese monto millonario es con respecto a cubrir el déficit en el pago del régimen de disponibilidad (es el complemento que reciben los agentes por el tiempo adicional de servicio) para el personal policial. Con este dinero se le garantizará la alimentación de los policías que se encuentran bajo ese régimen para los próximos seis meses.

Para cubrir este rubro se tiene proyectado invertir ocho millones 636 mil 183 dólares.

El bono de alimentación del personal policial en el régimen de disponibilidad varía de acuerdo a la especialidad que desempeña cada agente. Los montos que les otorgan a los agentes y oficiales van desde 90 a 250 dólares mensuales, según policías consultados.

El proyecto presentado por el gobierno contempla gastos por 13 millones 752 mil dólares que corresponden “a otras necesidades que financiar”, según el proyecto presentado por el gobierno.

En este rubro se tiene el destino de 10 millones de dólares para el pago del complemento del salario de 7,300 soldados que apoyan las tareas de seguridad pública a la Policía.

Mejoras en infraestructura policial
Del dinero que la Asamblea ha acordado reorientar, hay 3 millones 300 mil dólares que serán destinados a la remodelación y mejoramiento de siete puestos policiales.

Las sedes de la corporación que serán readecuadas y ampliadas son las que se encuentran en los municipios de Ciudad Arce (La Libertad), Verapaz (San Vicente), Olocuilta (La Paz), Jiquilisco (Usulután), San Luis la Reina (San Miguel), Corinto (Morazán) y San Simón (Morazán).

FRASE

“Es necesario la rendición de cuentas del dinero que se invertirá en el tema de seguridad. Se entiende que por cosas de seguridad no se puede dar a conocer los planes ”

Antonio Almendáriz, Diputado del PCN

Los trabajos de remodelación en las sedes policiales comprenderán en la construcción del segundo nivel en cada una de las mismas.

Además les harán mejoras a los servicios básicos y en el exterior de los puestos policiales para beneficio de los policías y de las personas que acuden a poner sus denuncias, según el proyecto.

Con frecuencia, policías publican en las redes sociales las condiciones en las que se encuentran las edificaciones que albergan a los puestos policiales. Los techos y los servicios sanitarios son los que por lo general están en peor estado, lo que ha generado el malestar de los agentes destacados en los referidos puestos.

Otros 452 mil dólares serán destinados al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para cubrir “el déficit de bienes y servicios indispensables para el normal funcionamiento institucional”, pero en el proyecto no dan mayores detalles sobre esos servicios.

Fuente de financiamiento de los $31 millones
El proyecto establece que de los más de 31 millones de dólares; 21 millones 636 mil 183 dólares es el sobrante de la contribución especial a los grandes contribuyentes (CEGC); mientras que 9 millones 800 mil dólares es excedente de ingresos corrientes.

El gobierno anterior solicitó en mayo pasado a la Asamblea Legislativa la incorporación de 16 millones de dólares a distintas instituciones públicas, provenientes de excedente de ingresos corrientes. Lo anterior era para cubrir distintas necesidades surgidas en el sector público, según la justificación presentada a la Asamblea.

Sin embargo, los diputados solo le aprobaron al gobierno anterior seis millones 200 mil dólares, quedando pendientes 9 millones 800 mil dólares, que es uno de los montos que ha pedido el presidente Bukele para que sea reorientado.

También, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén pidió al Órgano Legislativo que le fueran asignados 68 millones 994 mil dólares que provenían de la contribución especial a los grandes contribuyentes.

El dinero sería destinado a distintas instituciones públicas que participaban en el plan El Salvador Seguro. Sin embargo, los diputados solo aprobaron 47 millones 357 mil 839 dólares y quedaron pendientes de distribuir 21 millones 636 mil 183 dólares que son los que el gobierno está pidiendo que le sean reorientados en el presupuesto.

El diputado deARENA, Carlos Reyes, manifestó ayer que tras la aprobación que harán este jueves en la plenaria de más de $31 millones, piden al presidente Bukele que reactive el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

La intención de reactivar el referido consejo es para conocer cuales son los planes que el presidente Bukele piensa implementar dentro de su proyecto de combate al crimen al que ha denominado Plan de Control Territorial.

Reyes sostuvo que ese seguimiento se ha perdido, ya que el acuerdo que se tomó cuando la Asamblea aprobó el impuesto a la seguridad del 5% de tributo que paga la población por los servicios de Internet y telefonía celular, era que cada tres meses, el gobierno daría un informe trimestral de como se estaban ejecutando los fondos del impuesto destinados para frenar la delincuencia.

Al respecto, el jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional (PCN), Antonio Almendáriz, aseveró que por cuestiones de seguridad Bukele no puede dar a conocer cuáles son los planes de seguridad que implementará, pero si asintió con Reyes que es necesario la rendición de cuentas del dinero que se invierte en la seguridad.

El director ejecutivo de la Corporación de Municipalidades de la República (Comures), Roberto Pinto manifestó que han recibido instrucciones de Bukele de que las tareas de prevención serán coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Local, liderado por María Ofelia Navarrete, por los ministerios de Seguridad y de Gobernación.

 

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