Un documento de la Superintendencia de Competencia revela que mediante una reforma buscaba ampliar sus derechos de exclusividad.
Pese a haber una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia que le quitaba la exclusividad del negocio de lotería, en 2016 se conoció de un intento de reformar la Ley Orgánica de la Lotería con el fin de ampliar sus derechos exclusivos sobre el juego de lotería y toda forma de “juegos de pago”,
Según los diputados Ricardo Velásquez Parker y René Portillo Cuadra, ambos de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, no hay nada respecto al tema en el radar legislativo.
Un documento de la Superintendencia de Competencia (SC), en el que emite recomendaciones sobre la viabilidad de la reforma, se revela que la institución buscaba tener un monopolio de “todos los juegos de azar que comprendan un premio en dinero en efectivo o especie”, excepto los casinos y bingos.
En la propuesta se dice que la LNB podrá gestionar estos juegos de manera directa o indirecta, con lo que podrá hacer acuerdos con instituciones nacionales e internacionales, contratos con agentes económicos y creación de sociedades de economía mixta.
La consulta, según el documento de la SC, fue enviada vía correo electrónico por la Unidad Técnica Legal de la LNB el 2 de septiembre de 2016
Además que establecería la autorización del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para sorteos y rifas que realicen instituciones religiosas.
En el documento de la SC, con fecha 19 de octubre de 2016, se le solicitaba la opinión de si al establecerse ese monopolio en la ley a favor de la Lotería se le excluiría de la Ley de Competencia. En ese sentido, la SC rechazó los argumentos de la LNB para hacerse con el monopolio, aunque con ello pretendiera ser a favor del Estado y su motivación la de incrementar la recaudación para cumplir los objetivos de beneficencia para los que fue creada.
“Desde la perspectiva estrictamente económica y de competencia, la Constitución de un monopolio sobre los juegos de pago no resulta pertinente ni proporcional”, opinó la SC, al tiempo que recomendaba buscar una medida alterna al monopolio legal de este tipo de juegos.
La Superintendencia fundamentó su recomendación en la posibilidad de asegurar “en libre competencia de mayor número de agentes en el mercado de los juegos de pago”.
Pero además dijo: “Es claro entonces que a partir de la entrada en vigencia del Código Municipal, la potestad de autorizar los negocios cuyo giro sea el de la lotería, descansa en manos de los gobiernos locales y en ningún otro ente -dado que de la lectura de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia puede claramente advertirse que ésta carece de potestad alguna para dictar tales actos”.
En la sentencia a que hace alusión la Superintendencia, se estableció que al incluir en el Código Municipal la regulación de juegos de azar y dar facultad a las alcaldías para autorizar su operación, el legislador “modificó el régimen que rige tal negocios, alterando con ello la exclusividad” que antes de la vigencia del Código Municipal tenía la LNB.