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Estados Unidos a punto de revelar listado de funcionarios corruptos de El Salvador

Es probable que la Lista Engel, que contendrá nombres de personajes vinculados a corrupción y golpes a derechos humanos en el Triángulo Norte, salga antes de fin de mes. Estas personas, según ha adelantado Washington, enfrentarán sanciones migratorias y económicas.

Por Juan Carlos Mejía | Jun 24, 2021- 22:30

La llamada Lista Engel podría ser publicada por el gobierno estadounidense antes de que finalice el mes. Foto: AFP

La publicación de la Lista Engel por parte del gobierno de Estados Unidos es algo que desde hace meses ha levantado expectativas e interés en el país, sobre todo, porque esta podría incluir los nombres de funcionarios tanto del gobierno actual, como de gobiernos anteriores, a quienes el país norteamericano ha anunciado que aplicará sanciones.

Dicho listado es un requisito que el Ejecutivo estadounidense debe presentar ante el Congreso para poder identificar a aquellos funcionarios de los gobiernos del Triángulo Norte que estén vinculados a actos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos.

Ante la posibilidad de que la lista sea publicada antes de que finalice el mes, representantes de la Sociedad Civil salvadoreña, consideran que su mera difusión es un mensaje claro sobre la postura que tiene Washington acerca de la corrupción en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, sobre todo, porque son estos temas los que provocan la migración irregular hacia Estados Unidos.

“Esta lista nos muestra la relevancia que tiene para la comunidad internacional el respeto a la democracia y al buen gobierno”, afirma el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien en una entrevista con El Diario de Hoy agregó que la lista también se basa en la importancia de las gestiones públicas transparentes y el respeto al dinero público que debe haber en los gobiernos de la región.

Puede ver – VIDEO: ¿Qué es la lista Engel y por qué impactará a El Salvador?

Asimismo, apunta que la publicación de la lista podría provocar consecuencias en distintos niveles, tanto personales para los involucrados, como consecuencias políticas a nivel de gobierno pues, por ejemplo, podría provocar la desconfianza de la población en los funcionarios públicos que se han visto involucrados en actos corruptos.

Ante esto, Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), considera que esta lista “no será la primera ni la última” que el gobierno de Biden publique, a la vez que agregó que, aunque puedan aparecer funcionarios actuales y exfuncionarios de administraciones anteriores, la misma podría no incluir a personas que ya han sido señaladas por temas de corrupción por distintos motivos.

Por ejemplo, si alguno de los funcionarios o exfuncionarios salvadoreños posee la residencia estadounidense o la nacionalidad, no podrían aparecer, pues la lista solo menciona a aquellos que poseen la visa norteamericana, los cuales la perderían luego de la publicación.

Además, Rubio afirma que más allá de perder esa visa, las personas que ahí aparezcan tendrían otro tipo de consecuencias, como lo son consecuencias bancarias con instituciones financieras que podrían tomar acciones contra este tipo de personas debido a sus relaciones y acuerdos con entidades financieras de Estados Unidos.

A esto hay que sumarle que dichos funcionarios ya no podrían visitar a sus familiares en ese país, o si tienen fondos ahorrados en entidades financieras de Estados Unidos, también perderían acceso a esos fondos, según el titular de Funde.

Fotografía de Rogelio Rivas, exministro de Seguridad, junto a la jefa de Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, ambos señalados por corrupción por Estados Unidos.
Foto EDH / Archivo

Posibles reacciones del Gobierno salvadoreño ante la Lista

Tanto Roberto Rubio como Eduardo Escobar consideran que el Gobierno de Nayib Bukele tratará de desvirtuar la publicación de la lista, tal como lo hizo a mediados de mayo, cuando el Departamento de Estado de EE.UU. desclasificó un documento en el que aparecían la actual jefa de Gabinete, Carolina Recinos, y el exministro de Seguridad, Rogelio Rivas. “¿Ya vieron que el tema no es la corrupción, verdad?”, escribió Bukele en esa ocasión.

Ese mismo día, el 18 de mayo, Bukele afirmó que esa primera lista (que fue considerada un avance de la Lista Engel) no era por el combate a la corrupción, sino un tema de geopolítica por los crecientes acercamientos que El Salvador estaba mostrando con China. “Si alguien cree que el combate a la corrupción tiene tan siquiera un ápice que ver con esto, o es increíblemente tonto o pretende que los demás lo sean”, dijo Bukele, quien además tachó de cínicos a los que habían publicado esa lista.

Por su parte, Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, considera que “si tuviéramos un gobierno democrático, se deberían tomar cartas en el asunto”, en el caso de que los principales nombres que aparezcan sean funcionarios del actual gobierno.

No obstante, considera que la reacción de Bukele dependerá directamente de lo que contenga, pues si los nombres (o su mayoría) pertenecen a gobiernos anteriores, Bukele incluso podría aplaudir su publicación, caso contrario si la lista incluye a funcionarios actuales, algo que tanto Escobar, como López y Rubio consideran que sucederá.

El titular de Acción Ciudadana va más allá, y aunque el director de Funde y la jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal consideran que definir nombres sin conocer la lista es un poco prematuro, Escobar cree que la lista podría venir a hacer pública la identidad de las personas que han sido investigadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), misma que anteriormente dio aviso a la Fiscalía General (FGR) sobre los presuntos actos de corrupción ocurridos durante los peores meses de la pandemia en el país y que recientemente fue apartada del trabajo conjunto que realizaba con la FGR.

Lea también: Fiscalía se niega a decir qué funcionarios le remitió CICIES por presunta corrupción

Por ello, cree que algunos de los nombres que aparecerían en la lista, aparte de Carolina Recinos y Rogelio Rivas, podrían ser de funcionarios vinculados a carteras estatales como la de Salud, Agricultura  o el Ministerio de Obras Públicas, además de, según Escobar, funcionarios como el Ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional Civil por los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020; o los diputados de la bancada de Nuevas Ideas y el fiscal impuesto, o los magistrados de facto que la Asamblea oficialista impuso en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema el pasado 1 de mayo.

“Se puede intuir que los funcionarios que aparecerían son los titulares”, considera Escobar, quien a la vez sostiene que no sorprendería que aparezcan más funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele. “No creo que salga el presidente, pero sí personas cercanas a él”, apunta.

Sin embargo, tanto Escobar como López creen que en el mejor de los casos y tras la publicación de la lista, el gobierno salvadoreño debería, para comenzar, separar a los funcionarios de sus cargos y solicitar al Departamento de Estado de EE.UU. la información detallada por la cual han sido incluidos, para luego dar aviso a la FGR para que realice las investigaciones, pero también creen que eso no ocurrirá porque la Fiscalía, según Escobar, “es un brazo político del Gobierno”.

Por ello, los especialistas en temas de transparencia y democracia creen que la Lista se quedará solo “en un pronunciamiento”, pues la principal reacción que se espera del presidente es que desvirtúe su publicación y la catalogue como un producto de la “maquinaria ideológica”, señala Escobar.

Esto a pesar de que la lista ha sido construida a partir de las propias investigaciones realizadas por el Departamento de Estado y no solo por las noticias publicadas en medios locales, tal como lo ha llegado a insinuar el presidente salvadoreño.

Bukele desvirtuó la lista que desclasificó el Departamento de Estado de EE.UU. y afirmó que era un tema de geopolítica y no de lucha contra la corrupción. Foto EDH / Yessica Hompanera / Archivo

Sanciones por parte de Estados Unidos

Ante el rechazo que podría mostrar el gobierno salvadoreño ante la publicación de la Lista, Eduardo Escobar, Roberto Rubio y Ruth López consideran que habría consecuencias políticas con respecto al desmejoramiento que ha habido en las relaciones políticas entre ambos países en los últimos meses, y aunque Rubio considera que dichas consecuencias no llegarán al extremo de romper relaciones o un bloqueo económico, sí podrían existir sanciones económicas relacionadas con organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quienes El Salvador se encuentra negociando varios financiamientos y que podrían dificultar más el acceso a esos fondos si funcionarios del gobierno se ven involucrados en actos de corrupción.

“Las consecuencias no ocurrirán de un día para otro”, expresa Ruth López, quien además califica de “una mala señal”, un hipotético escenario en el que el gobierno encubra a aquellos funcionarios que aparezcan en la lista, puesto que la publicación será un tema estatal en Estados Unidos, es decir, de mucha relevancia.  Por ello, cree que la reacción de Bukele será analizada por los distintos sectores del gobierno estadounidense, independientemente de cuál sea la postura.

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Además, con respecto al anuncio realizado hace algunas semanas por Joe Biden sobre destinar alrededor de $4 mil millones a los países del Triángulo Norte, mismos que serán entregados a organizaciones de la Sociedad Civil, los representantes de Cristosal, Funde y Acción Ciudadana consideran que la asistencia financiera forma parte de la soberanía estadounidense, y que es normal que sea ese mismo gobierno quien decida a quién darle su dinero.

Lo anterior, según Escobar, no depende directamente de la Lista Engel, pues es algo que estaba en la agenda de Biden desde que asumió la presidencia de EE.UU., no obstante, que aparezcan funcionarios del gobierno actual señalados de corrupción, vendría a reconfirmar esa visión que tiene el gobierno estadounidense  de no considerar socios confiables a las instituciones estatales, algo que no ocurre con las organizaciones no gubernamentales.

Por ello, ese enfoque de asistencia financiera, así como retirar el apoyo a las instituciones de gobierno como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), PNC, FGR y la Corte Suprema, por parte de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) “es una forma de emitir un mensaje” de parte de Estados Unidos para recalcar la necesidad de que hayan gobiernos más transparentes en la región.

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