Septiembre en Centroamérica debería ser especial. El 15 se celebra la firma del acta de independencia del poder imperial español en 1821, con lo que se marca el largo, tortuoso y atropellado camino hacia la construcción de repúblicas que, con el tiempo, fueron adquiriendo algún compromiso con la democracia.
En honor a ese camino inacabado, más que recitar himnos, septiembre debería servir como reflexión sobre la relación que debe existir entre gobernados y gobernantes, los límites a los que estos últimos deben sujetarse, y el compromiso con principios fundamentales como la libertad y la justicia.
Pero este año, al menos tres gobiernos de Centroamérica decidieron festejar de manera diferente. Si bien se pronunciaron algunas palabras en el sentido de las llamadas “fiestas patrias”, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua se mostró un lado intolerante al disenso.
? Régimen en Nicaragua reprime a la prensa y embarga a canal 12
En estos tres países ha habido atentados recientes a la libertad de prensa, uno de los pilares fundamentales de la vida en democracia y esa garantía de la ciudadanía de obtener información de medios independientes, con contraste y que le permita saber cómo se priorizan, distribuyen y ejecutan fondos públicos.
Mediante discursos polarizantes, capturas, embargos o procesos arbitrarios, es claro que a los gobiernos de estos países les incomoda tener que enfrentarse a preguntas y críticas sobre la forma en que manejan su poder. En el mes en que todo un istmo celebra el supuesto inicio de un proceso de libertad, los discursos y las acciones anti prensa libre resultan, cuando menos, profundamente irónicos.
La maquinaria del Estado contra las preguntas críticas
Nayib Bukele, no es fanático del periodismo independiente. En su corta presidencia, ha habido numerosos casos de agresiones de él o su equipo a la libertad de prensa.
Tan es así que además de las voces locales, la comunidad internacional se ha vuelto consciente de la agresividad con que el mandatario y su gobierno reaccionan ante los periodistas. Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos envió una carta en la que manifiesta su preocupación por la “creciente hostilidad” hacia la prensa crítica.
A juicio de los legisladores, Bukele repetidamente ha mostrado un patrón de amenazas a la libertad de prensa y de acoso a las voces críticas en el país que cuestionan las medidas que impulsa el Ejecutivo.
Por eso, añaden, “es de gran importancia que nuestros países redoblen el compromiso para proteger a los periodistas mientras desarrollan su trabajo con coraje cada día”.
Esta misiva se dio pocos días después de que El Faro publicara una nota en la que da cuenta de cómo el gobierno de Bukele ha mantenido, por más de un año, negociaciones con líderes de la MS-13 para reducir la violencia y tener ventajas electorales. La reacción del Gobierno ha sido muy agresiva y el director de Centros Penales, Osiris Luna, incluso llamó “delincuentes” a los periodistas detrás del reportaje.
El Faro no ha sido el único medio que ha sufrido los embates de un Ejecutivo intolerante. Y más allá de la retórica y el uso de ejércitos de cuentas falsas para denigrar periodistas, el Gobierno ha utilizado su poder regulatorio para castigar líneas editoriales críticas. Por ejemplo, ha retirado pauta comercial de periódicos críticos y hasta contratos legítimamente adjudicados y que nada tienen que ver con lo periodístico de grupos empresariales cercanos a medios. Más recientemente, ha hecho uso de auditorías de apariencia arbitraria para presionar medios.
El 11 de septiembre, El Faro interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un amparo por una auditoría que está haciendo el Ministerio de Hacienda. Según su director, José Luis Sanz, “es un paso más de uso espurio de herramientas del Estado. Claramente creo que es una auditoría que excede el interés legítimo de investigación tributaria”.
Sanz dijo a El Diario de Hoy que “a todos los gobiernos les incomoda la prensa libre y todos los gobiernos en las últimas décadas han intentado influir o controlar el discurso y la opinión pública, pero ninguno ha sido tan agresivo y ha usado con tal descaro el poder del Estado para tratar de acallar medios y criminalizar, estigmatizar y reducir la credibilidad del periodismo y los periodistas”.
Asimismo, señaló que “el discurso de odio, desprecio y descalificación constante es un ejemplo de abuso de poder” y adelantó que “nos estamos jugando principios democráticos no solo desde el periodismo sino desde otras esferas de la sociedad”.
Además de estas acciones, Bukele volvió a mostrar su careta menos tolerante el 15 de septiembre, cuando dijo que al igual que en 1821, la patria sigue enfrentando amenazas. A diferencia de ese momento, manifestó que actualmente “nuestra amenaza es interna: los poderes que siempre se han aprovechado del pueblo”.
Este discurso de “amenaza interna” ha servido en otros tiempos para justificar graves abusos, censura y violencia de parte del Estado a los medios, a los opositores y a las voces que contrastan la “narrativa oficial”.
Capturan a joven periodista
Dos días después de publicar una investigación sobre el Centro de Gobierno, una estructura paralela al Consejo de Ministros del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, el 11 de septiembre el periodista Sonny Figueroa fue capturado en el centro de la capital chapina.
Dicha captura luce como una medida retaliatoria por la investigación sobre los altos salarios y los perfiles de este círculo cercano del presidente Giammattei. “Creería que me quieren callar por mi trabajo de fiscalización”, dijo Figueroa previo a la audiencia en la que fue liberado cuando el juez consideró “falta de mérito” por el delito de cohecho activo, es decir soborno.
Además, la orden de captura fue firmada por el mismo policía que en ocasiones anteriores había buscado intimidar a Figueroa y otros miembros de Vox Populi.
Y en su discurso del 15 de septiembre, Giammattei dijo que “el límite de la libertad de expresión es la verdad”. Esta frase, que podría lucir obvia, puede ser utilizada como excusa para silenciar voces.
A juicio del coordinador general del medio Plaza Pública, Enrique Naveda, “lo que sucedió con Sonny Figueroa, si bien es uno de los hechos más graves, no es un caso aislado” en Guatemala.
Naveda cuenta que días antes del arresto de Figueroa, el líder del Centro de Gobierno “anunció que su familia pondría una demanda contra Plaza Pública por extorsión, amenaza y acoso porque fuimos a su lugar de origen para construir un perfil suyo y su familia consideró que esto era acosarla”.
El coordinador de Plaza Pública también destaca que el presidente Giammattei ha señalado públicamente a periodistas, a quienes acusa de atacarlo cuando estos publican investigaciones críticas pero con fundamento.
“A eso hay que añadirle el clima de autoritarismo que hay y que ha hecho o posibilitado que el gobierno instaure en estos 8-9 meses, uno tras otro varios estados de excepción. En algunos se ha aprovechado para agredir a periodistas o reprimirlos”, lamenta Naveda, quien añade que “el Gobierno ha generado un clima de hostilidad a la libertad de expresión e información”.
El diario Prensa Libre también publicó un duro editorial en ocasión del arbitrario arresto de Sonny Figueroa, titulado “El clásico síntoma de la intolerancia”.
En este contundente texto, resaltan cómo los políticos opositores son “próceres” de luchas como la libertad de expresión, “pero una vez se encuentran posicionados en un cargo, los otrora defensores se tornan censores, inquisidores o incluso supuestas víctimas que intentan revertir el mismo derecho ciudadano que les permitió expresar sus críticas pretéritas”.
Prensa Libre critica cómo “cada mandatario guatemalteco se molesta por las críticas que considera injustas, pero no se queja de las lisonjas ni de las roscas de aduladores que le dicen lo que quiere escuchar”.
Es precisamente ahí donde reside el gran pecado de los mandatarios a quienes incomodan las opiniones críticas: atacan con dureza a sus rivales, pero están dispuestos a perdonar los pecados de aquellos que les aplauden.
Una nueva víctima del autoritarismo “nica”
Poco se puede del gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y fieles a su estilo intolerante y represivo, este mes “patrio” enfilaron sus ataques a otro medio crítico. El 11 de septiembre, la Dirección General de Ingresos de ese país embargó los bienes de la empresa Nicavisión, que administra el crítico Canal 12 local, así como los de su dueño, Mariano Valle. Esto, por un supuesto reparo de $606,000 aproximadamente.
Esto se produjo justo antes de un fin de semana largo, reduciendo el margen de maniobra y apelación del medio.
Al respecto, uno de los líderes del movimiento opositor nicaragüense, Félix Maradiaga, dijo a El Diario de Hoy que su país es el caso más extremo de censura en todo el istmo.
“La dictadura de Daniel Ortega ha asesinado y encarcelado periodistas. Más de 50 profesionales nicaragüenses de medios de comunicación están en el exilio. Además, se ha cerrado medios de comunicación”, y se ha clausurado organizaciones de sociedad civil que tenían proyectos de periodismo investigativo, apunta el académico y activista.
Maradiaga añade que ejercer el periodismo en su país requiere “enorme valentía”, pues día con día se está expuesto a golpes, acoso, robos o destrucción de equipo por parte de los cuerpos de seguridad o colectivos armados.
En su más reciente informe, Reporteros Sin Fronteras (RSF) da cuenta de 20 periodistas asesinados y 250 encarcelados por cuestionar al régimen.
Distintos lugares, prácticas similares
“Naturalmente creo que hay paralelismos entre la manera que unos y otros gobernantes abordan a la prensa crítica”, manifiesta Naveda al comparar las prácticas de los gobiernos de Bukele, Giammattei, Ortega-Murillo y Juan Orlando Hernández, presidente hondureño que si bien no ha atentado contra la prensa esta semana, tiene un cuestionable récord de afrontar la crítica.
En estos, y muchos otros países, hay presiones claras y hasta intentos por silenciar a la prensa crítica e investigativa y, a veces, “eso llega a grados insostenibles y tiránicos”, lamenta el coordinador de Plaza Pública.
Otro factor que resalta es que Donald Trump se comporta de manera parecida en Estados Unidos. “Si el presidente de una nación tan poderosa maneja un discurso tan aplastante a la prensa no favorable, los gobernantes de países en su esfera de influencia toman nota”, apunta.
Naveda sentencia: “Esos 4 países y esos presidentes tienen una forma de gobernar y de ver el país autoritaria, nada democrática, y una aversión a la crítica que en algunos casos roza lo dictatorial”.
Esta es una conclusión que parece certera, pero difícil de asimilar. Especialmente la semana en que se “celebró la independencia”.