Ningún servidor público está obligado a presentar facturas u otro comprobante de cómo gastó los viáticos o si se los gastó realmente en actividades propias de la misión oficial para la cual le fueron asignados.
Basta revisar el reglamento general de viáticos de los órganos Ejecutivo y Legislativo para comprobar que, incluso, ha quedado establecido que no tienen que rendir cuentas a nadie de ese dinero que proviene de fondos públicos.
“No será necesario comprobar los gastos incurridos en concepto de cuota de viáticos, gastos terminales y gastos de viaje”, establece el Reglamento de Viáticos de la Asamblea Legislativa.
“No será necesario comprobar los gastos incurridos en concepto de alimentación”, dice por su parte el Reglamento del Ejecutivo.
Los viáticos son entendidos, por ejemplo, a nivel del Legislativo como “la cuota diaria que el Estado reconoce para sufragar gastos de alojamiento y de alimentación a los diputados, diputadas y empleados nombrados por Ley de Salarios, Contratos o Jornales, a quienes se les ha encomendado el desempeño de una misión en lugar distinto al de la sede oficial”.
Por ejemplo, la Asamblea le da $20 dólares de viáticos al funcionario si en su misión oficial dentro del país incluye desayuno y $25 si incluye almuerzo o cena. De esto no probará si se los gastó en comida, pero sí está obligado a presentar facturas incluye alojamiento.
Para las misiones oficiales en el exterior, los diputados, por ejemplo, reciben un monto de viáticos según el país que visiten y el cargo que desempeñan en la Asamblea. Si integran la Junta Directiva reciben más que el resto de diputados.
Si un directivo viaja a alguna nación de Asia, Oceanía o África, recibe $500 diarios de viático. Si lo hace otro diputado recibe $425. Si lo hacen a Europa, les dan $470 y $375 respectivamente.
Además se les asigna una cuota fija de $56.25 para gastos terminales, impuestos de aeropuerto, propinas o cualquier otro pago en ese concepto. Para los días de viaje, porque es parte de la misión, les dan “en concepto de gastos de viaje” 4 cuotas de viaje (dos para ida y dos para regreso) si el destino es para países de Oceanía y África; 3 cuotas de viaje si es para Canadá, Suramérica y Europa. Si es a otros países de América una y media.
¿Se necesita reforma a la ley?
Por las cantidades que reciben los servidores públicos en concepto de viáticos y otros gastos de viajes, además de casos como el del exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, investigados por Probidad de la Corte, puede abrir debate sobre si conviene o no revisar la ley que los exime de justificar.
Para el caso de Reyes, diez de los 15 magistrados de la Corte decidieron mandarlo a juicio por indicios de enriquecimiento ilícito. Uno de los fundamentos que motivó la sospecha, según el magistrado Óscar López Jerez, fue el uso que el exlegislador hizo de los viáticos recibidos de la Asamblea Legislativa para invertirlos en negocios propios, como es el caso de un condominio residencial en Planes de Renderos, al sur de San Salvador.
Según un informe de la Asamblea Legislativa enviado a Probidad, Reyes percibió en diez años en esa institución $300,990 en concepto de viáticos, más otros ingresos en concepto de salarios, bonos, gastos de representación, gastos de transporte y comunicaciones, los cuales suman casi $1 millón.
El magistrado López Jerez plantea la necesidad de revisar la ley y hacer que todos los funcionarios públicos presenten facturas de lo gastado en misiones oficiales como alojamiento y que si hay un remanente devolverlo al Estado.
De esa manera, añade López Jerez, se evitaría un “derroche del dinero del Estado” y que no se convierta en una forma o mecanismo de enriquecerse personalmente. “Imagínese si dice que viajó y no viajó, todo ese dinero de viáticos donde está”, ejemplifica.
Sigue reacciones por caso Reyes
Tras la decisión de la Corte Suprema de enviar a juicio civil a Sigfrido Reyes, han surgido no solo un posicionamiento de defensa del FMLN, sino también varias voces de altos dirigentes del partido.
A juicio de Norma Guevara, según sus publicaciones en Twitter, Reyes es un “perseguido por sus ideas” por “las posturas firmes que sostuvo ante la vieja Sala de lo Constitucional”. Además dijo que la Corte “cedió a presiones de (Nayib) Bukele”.
En reacción a la crítica de Guevara, la abogada constitucionalista, Érika Saldaña, le rebatió: “No se le persigue por sus ideas, sino porque no pudo justificar de dónde sacó un montón de dinero mientras era funcionario del Estado (enriquecimiento ilícito)”, tuiteó.
