La creación de la Ley de Reconciliación Nacional que restaure el daño a las víctimas del conflicto armado de la década de los 80 y la propuesta de interpelar a los ministros de Seguridad y Defensa y al director del Organismo de Inteligencia del Estado, por la militarización de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero, son los temas que abordarían este viernes los diputados en la sesión plenaria.
En el primer caso, los parlamentarios tienen que correr contra el tiempo porque ya solo disponen de una semana para elaborar la normativa que sustituirá la Ley de Amnistía, aprobada en 1993 y derogada en 2016 por inconstitucional.
En diciembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia amplió por segunda vez el plazo “improrrogable” que les dio a los parlamentarios para que trabajaran la ley. Esta debía estar lista el 13 de julio de 2019, luego les dio hasta el 13 de noviembre pasado y al no tenerla lista les amplió la fecha hasta el próximo 28 de febrero.
Algunos diputados están convencidos de que la ley estará terminada antes de esa fecha y no caerán en el delito de desacato, pero otros lo dudan porque sostienen que aún no conocen la propuesta elaborada por la subcomisión legislativa.
“En la subcomisión política terminamos hace más de una semana de recoger los testimonios. El equipo de juristas ha estado trabajando, no se ha detenido. La ley sale a tiempo; que sale a tiempo, sale”, sostuvo el jueves Raúl Beltrán Bonilla, diputado del PCN.
La Comisión Política ha seguido su trabajo, según dijo, y los temas que faltan agotar son las sanciones para quienes resulten responsables de crímenes de lesa humanidad (penas de cárcel o trabajos de utilidad pública) y la reparación económica a las familias de las víctimas.
En este último punto Beltrán Bonilla expresó que no se ha hablado con el Ejecutivo para saber si hay presupuesto para ello, pero matizó que por los detalles que se desprenden del presupuesto general de la nación se conocen “las dificultades financieras que Estado enfrenta”.
En contraste, el diputado del FMLN, Damián Alegría, no solo ve difícil que se cumpla el plazo que ha dado la Sala, si no que considera que “se ha roto el espíritu de la sentencia”. Esto, según explicó, porque se está discutiendo y elaborando una ley sin tomar en cuenta a las víctimas. Agregó que a ellas se les invitó parcialmente a los foros realizados en la Asamblea Legislativa cuando la Sala estableció que este proceso debía ser incluyente.
“No conocemos la propuesta famosa que dice el presidente de la Asamblea que dice que ha sido elaborada por expertos que no conocemos quiénes son. Nosotros no tenemos el documento, ni las víctimas porque nos han preguntado”, aseguró Alegría.
El parlamentario agregó que el punto de discordia siempre es el tema de justicia, que implica el proceso judicial que le seguiría a quienes sean acusados de violaciones a los derechos humanos.
Alegría recordó que este punto, que aún está en discusión, es el mismo que impidió que en noviembre pasado fuera aprobada la ley. Él aseguró que las víctimas presentaron una propuesta general de reducción de penas a la que muchos sectores les pareció que podía ser apropiada, pero dijo que se desconoce si ha sido contemplada en la propuesta que les presentará la Comisión Política.
El tiempo insuficiente y la falta de voluntad de partidos de derecha para abordar con “seriedad” el tema son otras razones por las que el diputado efemelenista cree que no está lista la normativa.
Mauricio Vargas, de ARENA, señaló que “hay que correr para socializarla (la ley)” porque por ahora solo la conoce la Comisión Política. Mientras que el diputado Francisco Merino, del PCN, justificó que se han hecho esfuerzos por incorporar en la ley todos los componentes establecidos por la Sala.
Interpelación a funcionarios
El diputado del FMLN, Javier Valdez, expresó el jueves que el partido pedirá que se interpele a los funcionarios del Gabinete de Seguridad por los incidentes registrados el 9 de febrero, cuando el Órgano Legislativo fue militarizado antes de que el presidente de la República, Nayib Bukele, llegara a conminar a los diputados para que aprueben un préstamo de $109 millones.
El partido también propondrá la creación de una comisión especial para que investigue esos “hechos graves” que “trastocaron el orden constitucional”.
El diputado arenero, Mauricio Vargas, dijo que no se ha conocido ningún expediente para interpelar a los funcionarios, pero su colega, Norman Quijano, explicó que hoy se conocerá la pieza de correspondencia presentada por el FMLN. Antes de la plenaria, la fracción de ARENA se reunirá para decidir si dará sus votos para la interpelación.