Mario Ponce dice que la ONU objetó reducción de penas en proyecto Ley de Reconciliación

De acuerdo al presidente de la Asamblea, las Naciones Unidas opina que al bajar las penas a la quinta parte como dice el documento se pueden "reducir a meses”. Los diputados analizarán la observación.

Por Eugenia Velásquez

Feb 26, 2020- 04:00

En el segundo día de socialización del proyecto de Ley de Reconciliación Nacional, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, informó que han recibido 10 observaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al documento, entre ellas, la reducción de las penas a la quinta parte.

Ponce dice que la ONU considera que al bajar los castigos a la quinta parte por delitos cometidos en la época del conflicto armado, estos podrían quedarse en apenas “meses”, pero alegó que la ley dice que quién decide la cuantía de la pena será el juez que ventile el caso.

“Hacen referencia, Naciones Unidas, en la parte que tiene que ver con la conmutación de las penas, en la famosa modulación de penas. Nosotros decimos la quinta parte de la pena, algunos dicen: no, al final al calcular serán meses, eso no es cierto”, aseveró Ponce.

Según dijo, en el proyecto se define que la modulación de la pena se dará cuando la persona acusada confiese su participación en el hecho, pida perdón y ayude a esclarecer el caso.

De acuerdo a legisladores de ARENA, Julio Fabián y del FMLN, Nidia Díaz, la dosificación de la pena está plasmada en la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando derogó la ley de Amnistía de 1993 y mandató a la Asamblea a diseñar una nueva normativa que busque la verdad, la reparación del daño causado a las víctimas y la justicia.

“La confesión es un beneficio de la disminución de la pena, el que confiese en qué participó y todavía te lo dice, que si pidió perdón a las víctimas, todo eso se ha considerado para la disminución de la pena, pero eso está a criterio del juez, no es a criterio de la ley, al juez se le dan términos generales, muy concretos, pero no podemos decirle: mirá, dale tantos años”, explicó Ponce.

La Asamblea dio a conocer el proyecto el lunes al cuerpo diplomático, pero los embajadores evitaron dar posturas sobre el contenido.

David Morales, de Cristosal, observó que en el proyecto de ley se da un plazo de seis meses a la Fiscalía para investigar, el cual considera que es muy poco tiempo para que el Ministerio Público realice la investigación de cada caso.

Al respecto, Ponce señaló que él no está casado con un plazo límite de seis meses y que podrían considerar ampliarlo. La meta es aprobar la ley este jueves, porque no pedirán una prórroga más, afirmó.

Ponce añadió que la ONU hace recomendaciones en cuanto a la tipificación legal del delito de lesa humanidad.
“Hacen referencia en el caso de algunas definiciones, nosotros decimos crimen de lesa humanidad (descripción del término), ellos dicen que hagamos referencia a los convenios de 1949 y que allí están determinados, cualquiera que puede ir a buscar esos convenios allí dicen cuando se convierte en un crimen de guerra y de lesa humanidad, nos dicen qué texto hay que utilizar”, razonó Ponce.

En el artículo 3 de la ley diseñada por la Asamblea se establece que los crímenes de lesa humanidad son los “cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” y pone como ejemplo el “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación y esclavitud sexual”, entre otros.

Los abogados constitucionalistas no acudieron ayer a la convocatoria realizada por la Asamblea para que opinaran sobre el proyecto. Los que llegaron fueron los dirigentes de organizaciones de defensa de las víctimas quienes cuestionaron que el proyecto sigue siendo una “amnistía disfrazada”, que evade el castigo para los victimarios de la guerra.

Ponen en duda que no se define de dónde saldrá el financiamiento para resarcir el daño a los familiares de las víctimas del conflicto armado y para ejecutar los beneficios y programas sociales que se plasman en el documento.

Ponce argumentó que por fallos de la Sala de lo Constitucional no pueden comprometer recursos del Estado a futuro, pero señaló que enviarán una carta al Ejecutivo para que considere los fondos en los presupuestos anuales del Estado.

Justificó que no le pueden decir el monto, pero a su criterio debería ser el 1.5% del gasto estatal.

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