Integrantes de diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto hicieron hincapié ayer en que esperan que la Ley de Reconciliación cumpla con los requerimientos establecidos por la Sala de lo Constitucional cuando derogó la Ley de Amnistía.
Los invitados acudieron a un foro organizado por la Asamblea Legislativa, a fin de escucharlos y tomarles en cuenta en la formulación de la nueva Ley de Reconciliación que, según la última prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional, deberá estar lista antes del 28 de febrero.
Al inicio del encuentro, el exprocurador de Derechos Humanos y técnico de la Comisión Política de la Asamblea, Óscar Luna, explicó a los presentes -víctimas y representantes de estas- que el objetivo del foro era escucharnos y saber qué esperan de la ley.
Eduardo García, director de Probúsqueda, cuestionó a los diputados presentes en el foro que algunos, como Shafick Handal y Damián Alegría del FMLN, hubieran dicho desconocer el documento a discutir.
Ante el cuestionamiento, el presidente de la Asamblea Legislativa, el pecenista Mario Ponce, aclaró que el documento a discutir está disponible en el portal web de la Asamblea y que quien quisiera conocerlo podía buscarlo ahí.
Tras esa aclaración, Ponce aseguró: “Quiero cumplir lo que la Sala de lo Constitucional me está mandando: tener una Ley de Reconciliación antes del 28 de febrero” .
La duda de García y de otros asistentes al foro tiene como base el hecho de que, según ellos, además de las propuestas de ley ya conocidas, existe un tercer documento “preparado por expertos”.
Por su parte, el diputado independiente Leonardo Bonilla advirtió que si, al momento de votar por la Ley de Reconciliación esta resulta ser diferente de lo discutido y acordado con los asistentes al foro, él no daría su voto favorable.
Tras los diputados, Jaime García, de la Concertación Monseñor Romero, aclaró: “Yo no quiero venganza contra nadie. Lo que quiero es justicia, verdad y reparación”.
Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), dijo: “Nosotros desde las organizaciones mandamos una propuesta ¿por qué no se tomó en cuenta? Si no se toma en cuenta las posiciones de las organizaciones nos vamos a manifestar”.
Tras ellos, la activista Ima Guirola dijo en referencia al próximo vencimiento del plazo para aprobar la ley de reconciliación: “El Salvador tiene décadas de impunidad… No hay víctimas que valgan más s ni que valgan menos. Las graves violaciones a los DDHH no son errores, son graves violaciones a los DDHH. El Estado salvadoreño está en un franco desacato. La Asamblea es uno de los órganos de Estado en desacato”.