Organizaciones piden nueva elección de comisionados del IAIP

Grupo Promotor denuncia ilegalidad en nombramiento de Luis Suárez y Gerardo Guerrero, en representación del sector de periodistas

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Recientemente, el Grupo Promotor ha señalado retrocesos importantes en el trabajo del IAIP. Foto EDH / Archivo

Por Diana Escalante

2020-09-12 4:30:21

El proceso mediante el cual el presidente de la República, Nayib Bukele, eligió a dos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por el gremio de periodistas, fue “ilegal, carente de transparencia y sin participación ciudadana”, según las organizaciones civiles que integran el Grupo Promotor.

Por ello, propusieron que los comisionados electos, Luis Suárez y Gerardo Guerrero, se separen de los cargos y luego la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia inicie un nuevo proceso de elección, cumpliendo los preceptos de la Ley de Acceso a la Información Pública y su reglamento.

Las organizaciones civiles y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) cuestionan que Suárez, hasta hace unos meses, era gerente de operaciones y encargado de la unidad de género de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), mientras que Guerrero era jefe del Departamento Jurídico en la alcaldía de San Salvador desde que Bukele estaba al frente a la municipalidad.

Además, advierten que la elección se hizo solo con la participación de la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (ASPIES)y de la Cámara de fotoperiodistas, camarógrafos, reporteros y técnicos de medios de comunicación de El Salvador (Cafocares), cuando la normativa indica que deben participar más.

El Grupo Promotor ve una “ intención de mantener en opacidad todo el tema de elección de comisionados para cambiar la configuración del Instituto y entorpecer el derecho de acceso a la información”.

Sobre la actitud “neutral” del titular del IAIP, Ricardo Gómez, para sentar postura sobre la legalidad de las reformas al reglamento de la LAIP, los representantes de las organizaciones creen que se debe a que él está “alineado al Ejecutivo”.

“Lo que deja entrever es que no hay un interés por salvaguardar al Instituto. Es una falta de integridad y una falta de ética, siendo un profesional del derecho, que dice ser defensor de derechos humanos”, expresó Wilson Sandoval, coordinador de Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador (ALAC).