En 2018, el Informe de las organizaciones de sociedad civil sobre Casos de Desplazamiento Forzado por Violencia reveló que en 2018 se atendió a 1,315 víctimas y el hecho de violencia que más incide para que se den estos casos son las amenazas directas de grupos delincuenciales.
Mario Ernesto Rosales, era el director de una institución pública en el cantón Agua Fría, Tacuba, Ahuachapán, pero pandilleros y los mismos padres de familia de los alumnos lo amenazaron. Por ello tuvo que cambiar de residencia y buscó seguir desempeñando su cargo en otra zona.
Desde hace siete meses es el nuevo director de una escuela en Ataco, en el mismo departamento. “Yo no me hubiera querido venir, uno le toma cariño a sus lugares y vi la oportunidad, cuando salieron las plazas, de venirme porque mi vida corría peligro a tal grado que fui asaltado, amenazado, extorsionado”, relató Rosales.
Rosales trabajó por más de siete años en Tacuba y asegura que fue lamentable que las cosas cambiaran radicalmente en los últimos años. “Actualmente es la comunidad más dañada con la presencia de pandillas. Se conoce que ellos tienen reglas pero ellos no las tienen, actúan salvajemente. Yo estoy acá producto de esa violencia”, narró el docente.
“Los mismos padres de familia llegaban a traer la extorsión que el hijo mandaba a pedir y decían que mejor lo hacían ellos, porque tenían un cierto grado de cariño hacia mí”, explicó Rosales.
Por tales hechos de violencia y por el acoso persistente de los grupos delincuenciales que dominaban la zona, Rosales decidió movilizarse. “Gracias a Dios encontré este trabajo acá, pero si no me hubiese venido quizá ya no estaría contando la historia”, aseguró el docente.