Una década después de aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en El Salvador se ha evidenciado graves retrocesos para la transparencia y el derecho a saber cómo se ejecutan los fondos públicos.
El 8 de mayo de 2011 entró en vigencia la LAIP. Esta ley prometía empoderar a la ciudadanía, y lo hizo, pero eso la colocó en la mira de todos los gobiernos desde ese momento.
Según fuentes consultadas por este medio, la idea de promover esta ley surgió ante la cultura de opacidad que se vivía en el país.
Al respecto, Roberto Burgos, uno de sus promotores, subraya que “fue un logro que se haya aprobado hace 10 años, fue un proceso largo, a veces accidentado”.
Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, también participó en la gestión de esta normativa y destacó que “allá por el 2010 se había aprobado la Ley modelo de acceso a la información por parte de la OEA, todos esos estándares nos sirvieron para incluirlos en la LAIP”.
Luego de aprobarse, vino el desafíos de ejecutarla. “La implementación no fue fácil, podríamos decir que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) pasó 15 meses sin comisionados y se aprobaron algunas reformas por la Asamblea” que le restaban dientes, recuerda Castro.
Estos retrocesos sirvieron para organizar a sectores de sociedad civil que exigieron su derecho y obligaron a la administración Funes a replegarse en sus intentos de mantener la opacidad.
Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), recordó que fue desde el 2012 cuando se empezó la implementación de dicha ley con mayor fuerza.
“En el segundo trimestre del 2012, algunos ciudadanos empezamos a hacer uso de ese derecho y entre algunos de estos casos que yo recuerdo que fueron muy sonados tuvieron que ver con la Asamblea Legislativa y es que hubo un mal uso de los fondos públicos”, dijo.
Entre esas, Hernández ilustró que “hubo compras de licor, regalos exorbitantes”, entre otros.
Y en ese sentido, también enfatizó en que “el derecho de acceso a la información no se limita a un gobierno, sino que es para toda institución del Estado y para que podamos ejercer esa contraloría”.
Casos emblemáticos
Pasaron los años y sonaron muchos casos muy significativos que evidenciaron el mal uso de fondos por parte de funcionarios públicos.
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En ese sentido, Roberto Burgos, mencionó algunos de los principales avances desde que se comenzó a ejercer este derecho.
“La primera controversia que yo me acuerdo que llevé al Instituto fue por acceso a los correos electrónicos de los servidores públicos”, relató Burgos.
Sin embargo, sería otro caso el que generaría un enorme cambio político en el país.
“Allá por el 2014 presenté la solicitud sobre las declaraciones de patrimonio del expresidente Flores, Saca y Funes”, dijo el abogado y experto en transparencia.
Esta solicitud fue denegada, pero el jurista apeló y eventualmente triunfó, pero no solo recibió la información requerida sino que promovió la reactivación de una Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que llevaba mucho tiempo pasiva. Esto, por su parte, llevó a múltiples solicitudes de información y a juicios civiles por presunto enriquecimiento ilícito a funcionarios de todos los colores.
Jessica Estrada, de Funde, señaló que “en esta década hemos visto avances importantes desde la instalación del IAIP, la creación de diferentes oficinas de acceso a la información pública en diferentes instancias y actividades formativas”, sobre este derecho fundamental.
Los retrocesos
Las fuentes consultadas por este medio coinciden en que en los últimos años se ha identificado retrocesos y golpes a la transparencia.
Javier Castro considera que algunos de los más duros reveses que el Instituto de Acceso a la Información enfrentó vinieron en momentos en los que más independencia mostraba en cuanto a la clase política.
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Pero no fue sino hasta la administración anterior cuando se empezó a dar las estocadas finales a este derecho, con una toma del oficialismo del pleno del instituto, ahora formado por personas afines al gobierno y hasta una persona que participó en las primarias de Nuevas Ideas, algo que rompe el espíritu de la LAIP y no garantiza independencia en casos que tengan que ver con este partido.
“En ese escenario sombrío de retrocesos en materia de acceso a la información, el futuro no se ve muy prometedor”, dijo Castro.
“Es lamentable el rol que esta cumpliendo ahorita el IAIP que no está garantizando el acceso a información publica”, advirtió Estrada.
Xenia Hernández manifestó que en los gobiernos del FMLN se luchó para promover el acceso a la información, pero con el nuevo gobierno y su poder casi total, esto luce cuesta arriba.
Roberto Burgos resume todo el panorama así: “ Arena siempre negó el derecho de acceso a la información pública, el FMLN quiso restringirlo y Nuevas Ideas- GANA quiere desaparecerlo”. En ese sentido concluyó: “no veo ningún futuro para el IAIP, ni para ninguna institución de contralora en este país. Hemos retrocedido por lo menos 25 años”.