Más de 5,000 venezolanos murieron en 2018 en ese país por presuntas ejecuciones extrajudiciales, según revela un contundente informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El documento indica que las presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5,287 muertes documentadas en 2018 por supuesta “resistencia a la autoridad” y al menos otras 1,569 entre enero y mayo de 2019, de acuerdo a las cifras del propio régimen venezolano citadas en el informe.
La oficina de Naciones Unidas, dirigida por la chilena Michele Bachelet, instó ayer al régimen de Nicolás Maduro a acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en Venezuela.
Uno de los casos más recientes que desató la condena mundial fue la muerte de un militar bajo custodia del régimen. De hecho, a principios de esta semana Bachelet pidió una investigación “independiente, imparcial y transparente” de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar a Maduro.
El informe que este viernes presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera los cuatro millones de personas.
Tras meses de constantes denuncias de violaciones a derechos humanos en Venezuela hechas tanto por la oposición como por otras organizaciones internacionales, Bachelet, como alta comisionada de derechos humanos, visitó recientemente Caracas para constatar lo que sucede y ahora hace público dicho informe.
El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del régimen y a sus familiares.
También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las marchas.
En este sentido menciona a los grupos armados civiles afines a Maduro, más conocidos como “colectivos”, y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.