La Organización de Estados Americanos (OEA) dio ayer al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, una última oportunidad para buscar una “solución pacífica y eficaz” a la crisis en Nicaragua y, de fracasar esa iniciativa, amenaza con expulsar al país del organismo.
Con la oposición de tres países y el voto a favor de 21, la OEA aprobó la creación de una comisión que tendrá 75 días para dialogar con Ortega e intentar buscar una salida a la crisis que comenzó el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.
De fracasar esas gestiones diplomáticas, la OEA iniciará el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que contempla la posibilidad de suspender a un Estado cuando se produce una “alteración de su orden constitucional”.
La suspensión es la mayor forma de sanción que tiene la OEA y, en sus 70 años de historia, el organismo solo ha aplicado ese castigo a dos Estados: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente; y Cuba tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, en 1959.
Frente a la iniciativa de la OEA, el embajador de Nicaragua ante el organismo, Luís Alvarado, manifestó la “enérgica protesta” de su Gobierno, que considera el ultimátum de la OEA como un acto “lesivo a su soberanía nacional”.
La oposición no se ha pronunciado al respecto.