La infraestructura sostenible es reconocida hoy día como la base esencial para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, y al mismo tiempo cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sostiene el informe: Atributos y marco para la infraestructura sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El organismo multilateral estima que para responder a los cambios estructurales que están en marcha, acelerar el reemplazo de infraestructura antigua y contaminante por nueva y hacerle frente a los grandes déficit actuales en los servicios, en especial en los mercados emergentes y países en desarrollo, el mundo necesitará invertir 90,000 millones de dólares en el período comprendido entre 2015 y 2030.
Por su parte, el Foro Económico Mundial, estima que para superar la brecha actual en infraestructura en los países en desarrollo significaría un billón de dólares (mil millones de dólares) anuales en nueva inversión.
El concepto de infraestructura sostenible surgió ante la necesidad de plantear nuevos enfoques y estándares para determinar la cantidad y calidad de la infraestructura requerida para el desarrollo sostenible de una sociedad.
Precisamente, impulsar este concepto es una de las grandes apuestas del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade) 2019, que se celebra este día en nuestro país, denominado “Infraestructura Sostenible e Innovación para el Desarrollo”.
La introducción del concepto se basa en un marco teórico desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que incluye los componentes de sostenibilidad económica-financiera, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad institucional.
Según el documento del Enade, que este día será entregado a las autoridades del gobierno, en nuestro país existen empresas que han adoptado la sostenibilidad como parte de su visión estratégica. Los proyectos de iniciativa privada, que gracias a esta visión han obtenido grandes logros son: Tuscania, Banco Agrícola, Sherwin-Williams y Termoencogibles.
También puede citarse a la distribuidora eléctrica DelSur, la cual en mayo de 2018 introdujo al país el primer automóvil cero emisiones contaminantes; y además este año, instaló la primera estación de recarga para este tipo de automotores.
Así como también algunos proyectos residenciales, comerciales y corporativos desarrollados bajo esquemas sostenibles como el centro comercial Soma, en Antiguo Cuscatlán; Torre Limón, en Colonia Escalón; Campus Tigo (en Tuscania); y Torre Quattro, en Colonia Escalón.
A nivel académico también destaca la experiencia de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, con el Edificio de Consumo de Energía Cero, a través del cual incentiva el uso de energía alternativas como la solar, para la movilidad urbana.
Una visión de largo plazo
¿Qué más está haciendo El Salvador para lograr tener un sistema sostenible de carreteras, con infraestructura vial, porturaria y aeroportuaria de primer nivel y un sistema de transporte urbano y aduanero moderno, ágil y transparente?, tal como lo plasma la Visión 2024 que describe el documento del Enade.
El especialista del sector transporte del BID, José Rodrigo Rendón, asegura que precisamente este día, durante el Enade, será presentado el Plan Maestro de Infraestructura, que traza los grandes proyectos que debe ejecutar El Salvador en materia de infraestructura logística, carreteras, energía, agua y saneamiento y gestión de riesgos, entre otros aspectos.
Se trata de un documento, elaborado por el BID a solicitud del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que busca las bases para darle sentido a las inversiones en materia de infraestructura.
La investigación inició el año pasado, a través de una asignación de cooperación técnica no reembolsable otorgado por el BID por un monto de $500,000, cuya contraparte es el MOP.
El primer borrador terminó en mayo pasado, y desde entonces fue sometido a un proceso de validación por parte de las nuevas autoridades de gobierno.
El plan es un instrumento de largo plazo que en los sectores antes mencionados que es producto de un trabajo conjunto con diferentes instituciones públicas y privadas sobre ejercicios de planificación previamente establecidos.
“La diferencia de este plan es que no es un documento con un listado de proyectos, sino dejar a las instituciones una herramienta de priorización de proyectos, con lo cual pretendemos fortalecer las capacidades de las instituciones en el largo plazo. No queremos que quede guardado como ha ocurrido con otros documentos de planificación”, explicó Rendón.
Los proyectos que están plasmados en el Plan Maestro de Infraestructura incluyen un análisis técnico sobre cuáles son los más adecuados para generar un mayor desarrollo y competitividad del país, así como también un análisis sobre la tasa de rentabilidad y del costo beneficio.
Entre los proyectos que sugiere el documento están todos aquellos relacionados a la conectividad regional y logística, como obras en la carretera Panamericana y del Litoral, y los pasos fronterizos, entre otros.
En agua y saneamiento, por ejemplo, las zonas rurales son las que presentan mayor dificultad. Por ejemplo, ahí la cobertura del servicio de agua potable es de un 67 %, y sólo un 46 % tiene el servicio durante cuatro horas continuas.
Lo anterior revela oportunidades para ejecutar inversiones en capital, es decir en infraestructura. Las sugerencias para este sector incluyen mejoras en la capacidad de producción y distribución y trabajar en un adecuado esquema tarifario. Así como también, impulsar mejoras a nivel institucional.
En el sector de energía se proponen inversiones en la red de conexión regional y también en el fortalecimiento de la institucionalidad, a través de la creación de un Ministerio de Energía.
El BID sostiene que hay algunos proyectos que por su propia naturaleza pueden calificar para que puedan desarrollarse como asocios público-privado, un modelo que en nuestro país ha logrado un “buen” marco regulatorio e institucionalidad, lo cual brinda certidumbre a los inversionistas.
De acuerdo, al especialista del BID el Plan Maestro de Infraestructura es una herramienta con una visión de largo plazo, que permitirá al país invertir en los proyectos que generen un mayor desarrollo económico y social a El Salvador.