Un censo que el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) promovió en los municipios de San Salvador de Santo Tomás, Apopa y Tonacatepeque, entre 2016 y 2018, evidenció que la deserción escolar empieza a marcarse a partir de los 10 años de edad hasta alcanzar la adolescencia; y que en la actualidad el problema de la falta de un documento de identidad afecta a más de un infante de esas localidades.
Katherine Catamuscay, encargada de la NRC para el norte de Centroamérica, Panamá y Ecuador, manifestó que durante tres años, con apoyo de Cruz Roja Salvadoreña y las respectivas alcaldías, llevaron a cabo visitas casa por casa en las que censaron 1,423 hogares e identificaron a 6,202 personas residentes en 137 comunidades.
Catamuscay, quien presentó los resultados el lunes bajo el nombre “Una generación fuera de la escuela” ante representantes de distintos sectores de la sociedad civil, detalló que el estudio arrancó en Santo Tomás y se profundizó el año pasado en Apopa y Tonacatepeque, en donde se detectó que había 657 infantes que, pese a tener la edad de estar en las aulas, no asistían a ningún centro educativo.
“El 39 % de los niños identificados en esos hogares (de 6 a 18 años de edad) estaban fuera de la escuelas”, sostuvo la representante del NRC.
Entre las razones que las personas censadas dieron con respecto a que los niños no asistían a la escuelas están, en primer lugar, la falta de recursos económicos, seguido de las condiciones de violencia en el entorno que prácticamente obligan, sobre todo a los más jóvenes, a no sobrepasar los límites de su comunidad para acceder a los servicios educativos.
Según precisó Catamuscay, el 11 % de los niños que tenían 10 años de edad estaban fuera de la escuela, lo mismo ocurrió con el 14 % de los que estaban en 11 años, y el 11 % de los que tenían 14 años.
“Si uno junta todo esto es la entrada a la pubertad, el inicio de la adolescencia, y es donde más riesgo hay para los niños, niñas y adolescentes frente a la situación que tienen en su contexto”, subrayó.
La representante del Consejo Noruego para Refugiados dijo que les ha causado preocupación encontrar casos de infantes que carecen de un documento de identidad, y las razones que dieron los encuestados son variadas: desde que lo perdieron y nunca se preocuparon por buscarlo, o porque las familias nunca registraron, o porque tuvieron que huir de algún lugar y se vieron forzados a dejar sus documentos.
“Hay varias razones, pero el problema es que un niño, una niña, una adolescente sin documento es una barrera de acceso a derechos y el porcentaje (de los que no lo tienen) es muy alto: 66 % de la población encuestada”, citó Katherine Catamuscay.
El ejercicio que realizó la NRC sacó a colación otros problemas que inciden en el acceso a los servicios educativos en estas tres localidades y que en general significan un reto, entre ellos el de la mejora de la infraestructura escolar, mejora del modelo educativo, de los programas de estudio y de la educación flexible.
La encuesta permitió tener información sobre las familias de estas zonas, por ejemplo que la mayoría no recibe ninguna asistencia del gobierno, y que sus vidas transcurren en medio de otras necesidades como la falta de acceso a electricidad, a suministro de agua potable diariamente, y la falta de seguridad jurídica de sus lugares de vivienda.
Kelly Martínez, del Centro Municipal de Prevención de la Violencia de Apopa, afirmó que no fue fácil entrar a las colonias para realizar las encuestas, y tras revisar los resultados no se sienten satisfechos porque el municipio tiene un alto índice de deserción.
“Una de las problemáticas más grandes es la sectorización. Hay colonias en donde tienen un centro educativo, y donde tienen que ir (niños de) tres, cuatro, muchas colonias, pero no todos pueden entrar ahí”, explicó, al tiempo de señalar que eso obliga a muchos jóvenes a quedarse solo con noveno grado porque no pueden salir de sus comunidades a seguir estudios de bachillerato.
Martínez, de igual manera, destaca que la no asistencia de los niños a la escuela no solo está marcada por los muros que pone la violencia, sino también en muchos casos por el desinterés de los padres de familia, quienes no le dan importancia a la educación.
Al respecto comentó que hay situaciones en que los padres salen a trabajar y dejan a los infantes encerrados bajo el argumento de que no hay quien los vaya a dejar y a traer a la escuela; en otros casos no los motivan a que sigan estudiando cuando expresan que no quieren seguirse formando.
El análisis que hacen desde el Consejo sobre los resultados del censo apunta a que la poca valoración de los padres hacia la educación podría estar vinculada con el analfabetismo. Entre los 2,944 que entrevistaron en 2018 hubo 660 analfabetas.
Sobre los hallazgos, Iliana Segovia, de la subdirección de Derechos Colectivos del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna), destacó que es una información importante que puede ayudar a las comunas a enriquecer sus procesos de planificación territorial, tomar decisiones con respecto a las políticas públicas que pueden desarrollar para responder a las problemáticas, y visualizar en sus presupuestos las asignaciones correspondientes para poner en marcha iniciativas que protejan a la niñez.
Segovia señaló que los datos dan pie para que las municipalidades creen los respectivos comités locales de derechos de niñez y adolescencia, para que a través de ellos y en coordinación con el Conna, el Registro Nacional de las Personas Naturales y otras instituciones trabajen en ampliar los esfuerzos de promoción de la identidad de los menores de edad.