La confesión fallida de Ana Ligia de Saca

La declaración extrajudicial de Ana Ligia de Saca pierde valor probatorio judicial porque se rompió el acuerdo con el Ministerio Público de someterse a un juicio corto a cambio de confesar el delito para evadir la cárcel.

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Fiscalía pidió al Juzgado Séptimo de Instrucción que ordene que Ana Ligia de Saca devuelva $17 millones 344 mil al Estado. Foto EDH / archivo. Foto EDH/Archivo

Por David Marroquín

2019-05-20 6:30:39

Tres días antes de que se conociera que la ex primera dama, Ana Ligia de Saca, negociaba con la Fiscalía General una pena de tres años de prisión a cambio de confesar su delito, ella ya había declarado extrajudicialmente en sede fiscal y admitido que lavó dinero proveniente de la Presidencia durante la gestión de su esposo Antonio Saca, quien cumple una condena de diez años de prisión por el desfalco de $301 millones.

Aunque ella no menciona en su confesión extrajudicial, el monto de dinero que pudo haber lavado, la Fiscalía la señala de haber blanqueado más de 17 millones de dólares de fondos públicos.

Miguel Flores Durel, defensor de Ana Ligia de Saca, confirmó que ella confesó en la Fiscalía, pero que esa declaración queda sin valor probatorio judicial. “Fiscalía no la puede utilizar en ninguna de las partes porque se rompió el acuerdo. Eso no es prueba ni puede ser utilizada por nadie”. Según Flores Durel esa confesión fue rendida “por estrategia, porque teníamos un propósito que no se cumplió”.

Antes de iniciar la audiencia preliminar en el caso conocido como Destape a la Corrupción 2, el 13 de mayo, los fiscales del caso le pidieron al Juzgado Séptimo de Instrucción que anulara la petición del procedimiento abreviado para la esposa de Saca.

El Director contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía, German Arriaza, explicó en esa oportunidad que la ruptura del acuerdo que De Saca logró en la administración del ex Fiscal General Douglas Meléndez, se debe a que se niega a reintegrar el dinero que presuntamente le sustrajo al Estado: $17.3 millones.

El abogado defensor de la ex primera dama aseguró que los bienes de ella están intervenidos por lo que no se le puede exigir esa condición.

“Los bienes de mi representada están intervenidos, otros controlados; otros con medidas cautelares, entonces en esa condición no se le puede exigir efectivo… Vamos a escuchar la posición fiscal; no se ha desistido totalmente (del acuerdo), sino que hay un punto en que no se encuentra convergencia”, dijo Flores Durel en su oportunidad.

Confesó delito en la Fiscalía

De Saca rindió declaración extrajudicial, el 29 de marzo, en la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero del Ministerio Fiscal. Ella aceptó de manera voluntaria que realizó acciones y operaciones bancarias y financieras para ocultar el dinero del cual conocía que previamente su esposo, Antonio Saca junto a Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez Arteaga y otros; habían saqueado de las arcas del Estado para apropiárselo.

En su confesión, que se prolongó por una hora y diez minutos, estuvieron sus dos abogados defensores, tres fiscales y dos testigos.

Tres días después se conoció antes de iniciarse la audiencia preliminar en el caso conocido como Destape a la Corrupción 2, que ella estaba dispuesta a confesar el delito de lavado de dinero por el que es procesada en el Juzgado Séptimo de Instrucción.

La intención de la imputada era evadir la cárcel y por eso sus abogados defensores pedían una condena de tres años de prisión; substituibles con trabajos de utilidad pública.

De Saca admitió que recibió depósitos de $10,000 mensuales en su cuenta bancaria. Esos depósitos se los hacían los exempleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez ; condenados a 6 y 16 años de prisión por el desfalco de los $301 millones.

También recibía depósitos de René Napoleón Rodezno Corea, quien era motorista de la Presidencia, y de la gerente financiera del Grupo Radial Samix, María Teresa López de López. De Saca aseguró que esos fondos se los hacía llegar su esposo.

Declaró que sabía de que esos fondos eran públicos, pero que los recibía sin tener derecho porque no tenía ningún contrato de prestación de servicios con la Presidencia, pues como Secretaria Nacional de la Familia no tenía asignado un salario.

Admitió que ese dinero le representaba un beneficio personal y no los declaraba al Ministerio de Hacienda para mantenerlos ocultos; para que no se supiera el origen.

También confesó que supo que las sociedades Funes y Asociados, América Publicidad, Marketing and Service y Anle; transferían fondos a las cuentas del Grupo Radial Samix, aunque estos no le prestaban servicios a esas agencias publicitarias.

Ella sabía que no había motivo para que las cuatro agencias de publicidad transfirieran fondos a Samix.

Aseguró que supo que esas cuatro agencias de publicidad recibían fondos de la Presidencia y que su esposo, Antonio Saca, había acordado transferirles fondos a dichas sociedades para que después estas lo hicieran llegar a la empresa radial de Saca para ocultar su origen ilícito y luego aprovecharse de esos fondos públicos.

Explicó ante fiscales, que una vez llegaban esos fondos a sus empresas radiales y como tenía firma autorizada en las cuentas, entonces ella se encargaba de pasarlos a las sociedades del Grupo Samix a través de millonarios depósitos a plazo. Luego esos depósitos a plazo eran cancelados y los depositaba a cuentas de Saca.

Confesó que en agosto del 2009, Promotora de Comunicaciones abrió una cuenta bancaria, en la cual Francisco Rodríguez Arteaga le depositó casi un millón de dólares que entendió que eran fondos públicos. De Saca aseguró que de esa cuenta bancaria, ella emitió varios cheques y los transfirió a sociedades del Grupo Samix, y a sus cuentas con el propósito de ocultar la procedencia de Capres.

En una oportunidad, Elmer Charlaix le emitió un cheque por $13,366 para que ella cancelara el saldo de una tarjeta de crédito que utilizaba para sus gastos personales. Dijo que sabía que ese dinero eran fondos públicos. Otra de las formas para ocultar el dinero que las agencias de publicidad les transferían a Saca era a través de la modalidad de salarios.

Abogado defensor

“Fiscalía no la puede utilizar en ninguna de las partes porque se rompió el acuerdo. Eso no es prueba ni puede ser utilizada por ningún defensor ni por la Fiscalía”.

miguel flores durel,

Ana Ligia explicó que entre los años 2003 y 2004, Saca tenía un salario de cuatro mil dólares en el Grupo Samix. Posteriormente el incremento salarial iba de forma gradual, es decir, en montos de $18 mil, $40 mil hasta llegar a ganar $60 mil mensuales. De esa manera le transfirieron varios millones de dólares a Saca, según la confesión de la exprimera dama.

Donaciones ficticias a “Asociación Familias en Progreso”

Ana Ligia de Saca fungió como representante legal de la Asociación Familias en Progreso en el período presidencial de su esposo. Esta entidad ayudaba a familias de escasos recursos económicos con víveres y con bienes muebles como cocinas, entre otros. Capres era uno de sus donantes para que cumpliera con su finalidad de ayudar a las familias de escasos recursos. Pero también la asociación recibió más de un millón de dólares de las cuentas de Rodríguez Arteaga. Pero ese dinero era utilizado para otros fines ajenos a los de la asociación, según la confesión de la procesada.

Ella se limitó a declarar que entendía que esos fondos también eran de la Presidencia de la República.

El abogado Flores Durel justificó que ella rindió su confesión extrajudicial “por estrategia en su momento, admitió que fuera parte de un arreglo siempre y cuando se ejecutare en un proceso distinto, ese fue el arreglo real, pero como no se dió y realmente pierde su valor, la información que se pudo haber presentado”.

Agregó que al romperse el acuerdo con la Fiscalía, “la defensa se transforma en una defensa de negación y hay una ausencia absoluta de dolo, jamás Fiscalía va a poder acreditar que ella tuvo conciertos previos, que ella realizó reuniones previas, que ella conspiró con una organización criminal”.

Recordó que también su esposo, Antonio Saca, confirmó en su confesión ante el Tribunal Segundo de Sentencia que ella tampoco tuvo conocimiento, por lo que “hay una duplicidad de ausencia de dolo y así no se puede aperturar a juicio”.

La Fiscalía pidió el jueves pasado al Juzgado Séptimo de Instrucción que la esposa de Saca y otros doce imputados en el caso Destape a la Corrupción 2 pasen a juicio.