La próxima semana, luego de 32 años desde su última visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en pleno hará una visita in loco para verificar la situación de los derechos humanos garantizados tanto en la Carta Interamericana como en la Constitución de la República.
La visita tendrá lugar del 2 al 4 de diciembre, luego que el Estado salvadoreña enviara una carta de invitación a la CIDH en julio pasado.
Las últimas visitas in loco llevadas a cabo por la Comisión tuvieron lugar en 1978 y 1987, antes y durante el conflicto armado.
Los comisionados sostendrán reuniones con ciudadanos que les podrán brindar informes sobre violaciones a los Derechos Humanos. Idealmente, la Comisión espera también recibir material documental escrito o en formato electrónico. Los temas principales a verificar serán: seguridad pública y condiciones en las cárceles; justicia transicional; movilidad y desplazamiento forzado; violencia contra grupos vulnerables y derechos de las mujeres. Una de las reuniones se llevará a cabo en la parroquia Divina Providencia, en la colonia Atlacatl de San Salvador. Ahí los comisionados escucharán informes de ciudadanos sobre el respeto al derecho a la Memoria, Verdad y Justicia.
Tras la visita de tres días, la CIDH emitirá un informe preliminar y un informe final aproximadamente un año después.
¿Es importante esta visita?
El abogado Manuel Escalante, del IDHUCA, considera que la visita in loco es importante, porque se trata de “un ente imparcial , especializado y técnicamente capacitado para poder hacer una evaluación en El Salvador sobre el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos”.
Escalante considera que el hecho de que un ente de esta naturaleza venga a hacer una evaluación, permitirá tener claros los retos que enfrenta el actual y futuros gobiernos para garantizar los derechos humanos reconocidos también en la Constitución. La evaluación que hará la CIDH será, según Escalante, “desde la lógica de los ciudadanos y no desde los gobernantes”.
El Diario de Hoy preguntó también a Escalante ¿cuál debería ser la respuesta del Estado salvadoreña ante el informe preliminar que emita la CIDH después de esta visita? El abogado respondió: “No solo por compromisos internacionales, sino que por mandato constitucional, todos los órganos del Estado deberían comprometerse a cumplir a cabalidad con las observaciones y recomendaciones que haga la CIDH”.
Escalante considera que una buena respuesta, “no solo del diente al labio”, sería que cada órgano del Estado elabore un plan de trabajo para darle cumplimiento con base a indicadores y resultados específicos a cada uno de las recomendaciones que emita la Comisión.
Los temas que examinará la CIDH no son un capricho, sino resultados de las visitas temáticas que estas Comisión realiza cada tres meses, y a las que han acudido diversas organizaciones no gubernamentales de El Salvador, para exponer diferentes problemáticas.
Escalante recordó que la CIDH ha recibido a estas ONG en audiencias temáticas sobre seguridad pública, la situación en los centros penales, la situación de grupos vulnerables, justicia transicional, desplazamiento forzado, el medio ambiente y el derecho al agua. Recordó que no es necesario pertenecer a una ONG para poder presentar información ante la CIDH. Tampoco es necesaria una visita in loco, pues la CIDH también recibe denuncias a través de su portal web.
Interés por el derecho a la vida y el derecho a la justicia
Hace 32 años, el Informe de país de la CIDH sobre El Salvador dio cuenta de la implementación de una Ley de Amnistía con la que el gobierno buscaba beneficiar tanto a guerrilleros que se habían entregado a las autoridades como a presos políticos. En ese marco, el informe agregaba: “En síntesis, durante el período que cubre el presente Informe y siempre teniendo en cuenta la situación de guerra interna que confronta El Salvador, la Comisión considera que, lamentablemente, se ha producido una desmejoría en la situación de los derechos humanos en este país. A juicio de la Comisión, los aspectos en los que la inobservancia a los derechos humanos han sido más graves son los que se refieren especialmente al derecho a la vida, por el resurgimiento de la violencia habida en el país”.
Actualmente, aunque en enero se cumplirán 28 años tras la firma de los acuerdos de paz y el número de homicidios ha disminuidos desde julio pasado, las desapariciones y los desplazamientos forzados pueden poner en entredicho el respeto a los derechos humanos.
Otro punto que interesa a la CIDH es la discusión en torno a la Ley de Reconciliación. La que según varias organizaciones corre el riesgo de ser realmente una nueva ley de amnistía absoluta. Lo que según el abogado Alfredo Bonilla, contradice el espíritu de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
A inicios de octubre, Antonia Urrejola, relatora de Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH, se reunió con diputados de la Comisión Política para conversar sobre la propuesta de Ley de Reconciliación que se discutía en aquel momento. Tras ese encuentro, la relatora afirmó: “Veo que hay bastantes diferencias. La Comisión ha estado dándole seguimiento al debate. Y me parece que las diferencias continúan siendo en el tema de la justicia”.