Altos niveles de discriminación, violencia e impunidad a los crímenes de odio son parte de las observaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la situación de los derechos humanos de la población LGTBI en El Salvador.
La CIDH presentó las observaciones preliminares a su visita in loco al país, en las que señaló su preocupación por patrones machistas y discriminatorios que permean en casi todos los sectores de la sociedad salvadoreña. “Y resultan en la normalización y tolerancia de la violencia contra las mujeres y contra las personas LGTBI, en un contexto facilitador para su ocurrencia, y en una situación de impunidad generalizada ante estos crímenes”, sostuvo la CIDH en su informe.
La CIDH observó la ausencia de institucionalidad para la protección y garantía de los derechos de la población LGTBI, esto a pesar de la creación de la Unidad de Género y Diversidad dentro del Ministerio de Cultura.
Una vez que el presidente Nayib Bukele asumió en junio de este año, una de sus primeras acciones fue la de suprimir múltiples secretarías adscritas a la Presidencia de la República dentro de las que resalta la extinta Secretaría de Inclusión Sexual, la que contaba con una Dirección de Diversidad Sexual, generando la crítica de diversas organizaciones defensoras de los derechos de la población LGTBI.
La CIDH advirtió la inexistencia de un plan quinquenal para los derechos de la población LGTBI, así como la aprobación de una Ley de Identidad de Género.
Hasta la fecha, existe un anteproyecto de Ley de Identidad de Género presentado en marzo del año 2018 por el grupo parlamentario del FMLN, que contempla la posibilidad del cambio del nombre de las personas para adecuarlo a su identidad y expresión de género, así como a garantizarles no ser discriminadas por motivo de su identidad. Pero no ha habido avances en su discusión en la Asamblea.
En relación a la reciente aprobación del Presupuesto General del Estado para el año 2020, la CIDH manifestó su preocupación porque los pocos avances logrados hasta la fecha puedan verse en riesgo de desaparecer por la falta de asignación presupuestaria para promover los derechos de las personas LGTBI; la CIDH también cree necesario continuar con las ferias de empleo para este sector de la población, las cuales no se han llevado a cabo desde el cambio de gobierno.
Sobre el tema laboral, se señala que las mujeres trans se ven completamente excluidas del acceso al trabajo formal; es decir, a aquel que implica el acceso a prestaciones sociales tales como el pago para poder tener una pensión en el futuro y el acceso a servicios de salud como los del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Sobre la situación de violencia, la comisión dice que “ha tenido conocimiento que personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex son amenazadas, asesinadas o desaparecidas y muchas son forzadas a desplazarse a través de fronteras internacionales para salvar sus vidas, sin que exista un registro oficial para analizar adecuadamente la amplitud de esta violencia”.
La CIDH señala profundas barreras para que la comunidad LGTBI acceda a la justicia debido a que no se reconoce su identidad de género y los prejuicios que se mantienen entre las autoridades encargadas de brindar justicia.
De acuerdo a cifras brindadas por la organización Comcavis Trans a la CIDH, se han registrado más de 600 asesinatos de personas LGTBI desde 1993. También se reportan al menos 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGTBI durante 2018, las más afectadas son las mujeres trans.
La CIDH denunció un repunte de crímenes de odio, con seis mujeres trans asesinadas semanas antes de su visita.
“La Comisión recuerda a El Salvador su obligación de investigar con debida diligencia estos actos de violencia, así como el deber de prevenir y combatir la impunidad, incluida la relacionada con la violencia contra las personas LGTBI”, expuso la comisión en su informe.
Uno de los crímenes fue el de Anahí Rivas, quien fue asesinada con crueldad durante la madrugada del 27 de octubre. Fue asfixiada y arrastrada desde un vehículo sobre el bulevar de Los Héroes. Su cuerpo luego fue tirado en la calle.
A mediados de diciembre fue capturado el principal sospechoso del hecho. “Todas las investigaciones apuntan a que (Anahí) fue brutalmente asesinada por Juan Carlos Hernández Vásquez”, dijo el fiscal general Raúl Melara.
Pese a la forma en cómo se cometió el crimen, el caso no ha sido manejado por las autoridades como un crimen de odio.
Tras el juicio inicial, Hernández Vásquez recibió medidas y podrá quedar en libertad al pagar una fianza por $10,000.
Bianka Rodríguez, directora de Comcavis Trans, condenó la decisión y la calificó como “impunidad para las muertes trans”.
La falta de acceso a la justicia y de medidas de reparación para las víctimas es una problemática que preocupa mucho a la CIDH, según lo reiteró a lo largo de sus observaciones preliminares.
También mostró su preocupación por los ataques constantes que deben enfrentar las defensoras comprometidas de los derechos de las mujeres, sobre todo en el ámbito de las mujeres de la población LGTBI.
La CIDH llamó al Estado salvadoreño a ratificar la Convención Contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Así como trabajar por la aprobación y adopción de la Ley de Identidad de Género.
También pidió que se adopte un plan para la protección y garantía de los derechos humanos de las personas LGTBI, con énfasis en acceso a la justicia, la educación, la salud y el empleo.