La CICIES no podrá investigar en casos de corrupción

El comisionado del ente, Ronalth Ochaeta, afirma que solo darán asistencia técnica en los casos, porque la Constitución salvadoreña no permite "intervención directa".

Foto EDH / Archivo

Por Katlen Urquilla

Dic 17, 2019- 06:55

Ronalth Ochaeta, comisionado interino de la CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador), admitió que el ente no podrá ser acusadora en las investigaciones de casos de corrupción en el país, sino que solo realizará auditorías forenses y si encuentran indicios de delitos, entonces avisará a la Fiscalía General para que esta investigue.

Ochaeta, quien participó en el programa Focos TV el domingo por la noche, explicó que las auditorías forenses son procesos administrativos, no judiciales, por lo que dejó claro que la entidad solo intervendrá en los casos que el fiscal general les “invite a participar en asesoría técnica de la investigación que ellos estén llevando a cabo”.

Detalló que darán asistencia en presentación de evidencias, judicialización de los casos, monitoreo de cuentas bancarias cuando se trate de delitos de lavado de dinero, o lo que la Fiscalía solicite. Añadió que cada caso tendrá uno o dos peritos forenses.

Esto coincide con la versión que el entonces candidato a vicepresidente, Félix Ulloa, ofreció de la CICIES en octubre de 2018, al admitir que la ley no permitía una comisión con facultades investigativas y que su oferta electoral se limitaba a una entidad que facilitara asistencia técnica. Un mes después, el entonces candidato Bukele contradijo esto y afirmó que buscaban una comisión con facultades de investigar como la CICIG de Guatemala.

Según Ochaeta, el propósito de la comisión es que la Fiscalía tenga “más éxito” en los tribunales y que logre más condenas, pero también que haya “repatriación de capitales porque son casos de corrupción”.

El comisionado de la CICIES agregó que el fiscal les hizo ver los cerrojos constitucionales ante cualquier pretensión de ser querellantes en los casos en investigación.

“El candado constitucional es muy fuerte. No se puede tener intervención directa en los casos y esa es la única manera en que podemos coadyuvar el fortalecimiento de la Fiscalía”, afirmó Ochaeta.

Sin embargo, dijo que para ser acusadores se necesitaría de una reforma al Código Procesal Penal en la Asamblea Legislativa y que el Ejecutivo se ha ofrecido a promover el otro año, junto a otras reformas.

El funcionario agregó que ya están implementando algunos “protocolos de procedimientos” que se realizarán con el Ejecutivo y la Fiscalía, y que el titular de esta última, Raúl Melara, se ha comprometido a entregarles una propuesta de protocolo, es decir los criterios que usarán para la selección de los casos.

Además comentó que ya están contratando a peritos, forenses e investigadores internacionales. De momento, la CICIES está operando con un equipo técnico base de siete personas, explicó el comisionado.

De hecho, añadió que ya se lanzó un concurso público-internacional para seleccionar a quienes formarán parte de la misión. El puesto de gerente de asuntos estatales es uno de los que se ha sometido a concurso y será quien maneje el observatorio de justicia penal, explicó Ochaeta.

Independencia en la mira
Sobre la independencia de esta entidad, que ha sido uno de los puntos más criticados por varias organizaciones, porque temen que pueda convertirse en un “instrumento político” del gobierno contra sus adversarios y críticos, Ochaeta dijo que “ningún funcionario de la OEA, en este caso extensivo a la CICIES, puede recibir órdenes de ningún funcionario de Gobierno”.

Durante los eventos de la Semana de la Transparencia, varias organizaciones instaron a que los casos que conozca la CICIES no sean politizados. “Bajo ningún concepto esperaríamos que esta nueva entidad sea un instrumento político”, afirmó Claudia Umaña, presidenta de la fundación DTJ, quien añadió que “todavía hay dudas acerca del funcionamiento (de la CICIES), su autonomía y por eso es que debe asegurarse que va a venir a potenciar las capacidades de la Fiscalía y del Órgano Judicial”.

También llamó a que el acuerdo suscrito entre el gobierno de El Salvador y la OEA sea ratificado por la Asamblea Legislativa.
Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y representante del Capítulo El Salvador de Transparencia Internacional, ha externado preocupación por la independencia de la CICIES e insiste en que la ONU participe. Ochaeta indicó que la OEA no se cerraría a una colaboración con Naciones Unidas y apuntó que lo firmado con el gobierno no es un tratado internacional, sino “acuerdo marco de cooperación”, por lo que consideró que no debe ser ratificado por la Asamblea.

El comisionado reveló que hubo atrasos en la comunicación con el fiscal porque la OEA propuso un modelo que no se adaptaba a la Constitución de El Salvador y que luego el fiscal propuso un modelo en el que la CICIES quedaba supeditada a la Fiscalía y eso no era posible.

“Nosotros no podemos quedar supeditados al fiscal general. Ese fue uno de los impedimentos, volvimos a hacer borradores y volver a negociar”, contó en la entrevista.

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