La jueza Noveno de Instrucción de San Salvador, Nora Montoya, resolvió eliminar la reserva parcial que tenía el proceso judicial en contra del expresidente Mauricio Funes y cinco imputados, en el que está en juego más de $108 millones por pago adelantado en el cuestionado avance de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral en San Miguel.
Además de Funes es procesado el extitular de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour, el empresario José Miguel Antonio Menéndez (Mecafé), la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, así como el contador, José Efraín Quinteros y el italiano Mario Federico Perasgostine Marocchi, representante legal de Astaldi.
Fiscalía procesa a los exfuncionarios por los delitos de peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y por cohecho propio (sobornos) al representante legal de Astaldi, Mario Federico Perasgostine Marocchi, de origen italiano.
De todos los imputados solo Mecafé está en prisión, los demás son representados por sus abogados.
Bajo esas condiciones el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador dio por iniciada la etapa de instrucción en el supuesto caso de corrupción de la presa hidroeléctrica El Chaparral.
A petición de la Fiscalía, el Juzgado Noveno de Paz impuso reserva parcial, pero su colega del Noveno de Instrucción consideró “innecesario en esta etapa procesal la limitación publicitaria”.
Por ser un delito de investigación compleja, la jueza sostiene que se deberá hacer uso de conocimientos de expertos en la materia respecto a los movimientos financieros, contables y otros procesados para determinar si su accionar se adecua o no a los delitos”, acota la jueza tras dar por recibido el proceso.
Por esa razón la juzgadora dio seis meses a la Fiscalía para investigar el caso, lapso que finaliza el 13 de noviembre de 2019.
En cuanto a Funes y Ada Mitchell Guzmán, el Juzgado giró un oficio a la Procuraduría General de la República para que se le asigne un abogado que ejerza su defensa técnica a los imputados asilados en la República de Nicaragua.
En enero pasado, cuando el Ministerio Público acusó a los imputados, uno de los fiscales sostuvo que en julio de 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, el entonces presidente de CEL, por instrucciones de Funes, y el representante de Astaldi, anularon el contrato y desviaron los $108.5 millones que generaron a la empresa más $45.2 millones.
CEL tenía que haberle pagado solo $63 millones a la constructora por la obra inconclusa de la presa El Chaparral, pero le entregó $45 millones más.
Se pagó por un avance superior
El pago millonario fue por 38% de avance del megaproyecto energético, cifra que fue sobreestimada en un 8.71%, ya que más adelante en una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y en documentos de la supervisión de CEL se planteó que se construyó solo el 29% de la obra.
Varios meses después,Funes justificó y defendió el pago millonario a Astaldi. Su argumento fue que era para evitar un posible arbitraje internacional, aunque luego la Fiscalía ha revelado que el prófugo recibió $3.5 millones como soborno de la italiana.