Una jueza federal de Boston declaró que las búsquedas que llevan a cabo las autoridades de inmigración en dispositivos electrónicos de viajeros sin tener “una sospecha razonable” son inconstitucionales, después de que 11 personas afectadas interpusieron una denuncia.
La Unión de Libertades Civiles de EE. UU. (ACLU), uno de los entes que representaron a los denunciantes, ha considerado la decisión una “victoria para los derechos a la privacidad”, ya que los agentes fronterizos “deben ahora demostrar que tienen una sospecha individualizada de contrabando”, según un comunicado.
ACLU señala que las búsquedas en dispositivos electrónicos en los puertos de entrada de EE. UU. se ha incrementado y una de las dos agencias responsables, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) -la otra es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)-, realizó 33,000 búsquedas en 2018, cifra que cuadruplica la de 2015.
Las autoridades establecieron sus políticas sobre el asunto en 2009, pero el año pasado la CBP distinguió entre búsquedas básicas y avanzadas, requiriendo para estas especificar que tienen “sospechas razonables” o “preocupaciones de seguridad nacional”, lo que los denunciantes alegan que no se cumplió.
De acuerdo a la decisión de la jueza Denise J. Casper, las políticas del Gobierno sobre búsquedas sin orden judicial y sin sospecha razonable “violan la Cuarta Enmienda” de la Constitución, que protege a los estadounidenses contra búsquedas y decomisos que carecen de una orden.
Sophia Cope, de Electronic Frontier Foundation, otro representante de los denunciantes, apuntó que “ahora los viajeros pueden cruzar la frontera sin miedo a que el Gobierno pueda, en ausencia de sospechas, saquear la información que llevamos en nuestros dispositivos”. EFE