El extitular de la Corte de Cuentas de la República, Hernán Contreras, enfrentará en libertad el proceso penal que se le sigue por los delitos de falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes, con los que presuntamente favoreció al expresidente Antonio Saca, quien desde septiembre pasado cumple una condena de 10 años de cárcel por lavado de dinero y peculado.
El Juzgado Octavo de Paz realizó este jueves la audiencia inicial contra el imputado, a quien le ordenó pagar una fianza de $25,000 en un plazo máximo de 15 días; acudir a firmar cada 25 días al Juzgado Octavo de Instrucción, no cambiar de domicilio ni salir del país.
Entre las razones por las que el juez resolvió que Contreras, de 79 años, no quedara detenido durante el proceso fue porque padece una enfermedad cardiovascular y porque lo respaldan sus arraigos, informaron su abogado, Édgar Morales Joya, y una fiscal de la Unidad Anticorrupción.
Delitos contra el exfuncionario aún no han prescrito
Los dos delitos que se le imputan a Contreras todavía no han prescrito, ya que el artículo 242 de la Constitución de la República establece que, a diferencia de los que cometen los empleados públicos, los que se les atribuyen a los funcionarios caducan cuando dejan de estar en el cargo. En el caso de Contreras, explicó la Fiscalía, él terminó su gestión el 28 de junio de 2011.
El martes pasado, cuando el exfuncionario se presentó ante el juez para ser notificado de los cargos en su contra, se le preguntó al abogado Morales Joya si los delitos contra su cliente habían prescrito y respondió que no podía “adelantar criterio”. Después matizó que tendría que analizar esa posibilidad cuando leyera el requerimiento que el juez recién le acababa de entregar.
La acusación fiscal contra el expresidente del ente contralor está basada en la declaración del testigo Alfonso Bonilla, excoordinador general de auditorías de la institución, quien en el juicio contra Saca declaró que Contreras ordenó que desde la institución, y no desde Casa Presidencial, se hicieran auditorías a los Gastos Reservados de la Presidencia.
Bonilla fue acusado en el Juzgado Quinto de Paz por los delitos de falsedad material e incumplimiento de deberes. El martes se conoció que el Ministerio Público pidió al juez un sobreseimiento definitivo para el exempleado de la Corte de Cuentas porque los cargos que le imputaban ya habían prescrito.
La Oficina de Comunicaciones de los Juzgados explicó que ya transcurrieron más de ocho años (la pena máxima de cada delito que habría cometido Bonilla) y que por eso el juez ordenó la suspensión de los cargos el 12 de junio. La resolución quedó firme el día 21.
Las investigaciones han revelado que Contreras ordenó una auditoría a la Partida Secreta de Casa Presidencial con información que había emitido la Gerencia Financiera de la Presidencia, la cual constaba solo de los requerimientos que hizo Casa Presidencial al Ministerio de Hacienda para la asignación de fondos. No había documentos que respaldaran el uso del dinero ni los fines para el que fue requerido. También habrían utilizado datos falsos.
En 2009, al final de su mandato,el expresidente Saca recibió de la Corte de Cuentas dos finiquitos con los cuales avalaba que él había “manejado con transparencia” los fondos públicos.