El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla ordenó ayer la detención provisional a cuatro soldados acusados matar al joven ingeniero Manuel Antonio Escalante Palomo, crimen cometido el 12 de agosto anterior.
Escalante Palomo, de 30 años, murió por disparos hechos por soldados de la Fuerza de Tarea Apolo, empeñados en tareas de seguridad pública, según fuentes policiales, militares y de la Fiscalía.
Ayer, antes de que iniciara la audiencia, la fiscal del caso dijo que el delito que les imputan es el de homicidio agravado a los cuatro elementos militares.
Al término de la diligencia judicial, el juez resolvió que los cuatro acusados guarden prisión preventiva en un centro penitenciario.
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Desde el momento que fueron capturados hasta ayer, los imputados habían permanecido en las instalaciones de la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM, ex Guardia Nacional).
Dos elementos de esa misma guarnición militar llevaron a la diligencia a los acusados y permanecieron dentro de la sala de audiencias hasta que el juez dictó la resolución. Durante toda la diligencia no hubo presencia de elementos de seguridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o de la Policía Nacional Civil.
Al final de la audiencia, un empleado de seguridad de la CSJ entró a la sala y preguntó a los militares uniformados quién los había autorizado a permanecer en la sala, uno de ellos le respondió que estaban para resguardar la seguridad de los acusados.
“La presencia de soldados en la audiencia donde se está juzgando un homicidio cometido por soldados en el ejercicio de sus funciones, constituye una grave interferencia en un proceso penal...”.
En opinión de Jeannette Aguilar, abogada e investigadora en temas de seguridad y violencia, el hecho de que en la sala de audiencias solo haya habido militares uniformados y armados, constituye una grave interferencia en un proceso penal y una extralimitación de la Fuerza Armada.
“La presencia de soldados en la audiencia donde se está juzgando un homicidio cometido por soldados en el ejercicio de sus funciones, constituye una grave interferencia en un proceso penal y puede llegar a obstruir el acceso a la justicia en la medida en que el juez debe tener libertad para proceder sin presiones de ningún tipo. Es una grave extralimitación de la FAES en un ámbito que es de estricta competencia civil y no militar. Esto es el resultado del empoderamiento político de la FAES que ha promovido el Gobierno”, detalló la abogada.
Por su parte, Marcela Galeas, abogada penalista comentó: “Para ingresar a la Corte Suprema de Justicia a una sala de audiencia, los militares deben acreditar que van a estar presentes, y lo debe autorizar el juez de la causa, no solamente la administración del centro judicial. Que les estaban dando protección a los soldados acusados del delito, también tenían que haberlo acreditado. A quienes les corresponde dar la seguridad en una sala de audiencias así como la protección y vigilancia de los acusados le corresponde a la Policía Nacional Civil, pero cuando guardan prisión es a Traslado de Reos de la Corte Suprema de Justicia, no es trabajo de la Fuerza Armada. Es sumamente extraño y contrario a lo estipulado en el procedimiento en estos casos”.
La víctima no disparó y no tenía armas
En afán de desligarse de responsabilidad, los soldados aseguraron que habían sido atacados a balazos desde el auto en que se conducía la víctima, afirmaron diversas fuentes de El Diario de Hoy.
Los militares dijeron que tras ser atacados, ellos respondieron el fuego; pero esa versión no tardó en desmoronarse. Solo fue sostenible por menos del tiempo que la Policía Técnica Científica y la Fiscalía General tardaron en procesar la escena del crimen, indican las fuentes.
“Para ingresar a una sala de audiencia, los militares deben acreditar que van a estar presentes y lo debe autorizar el juez de la causa, no solo el administrador del centro judicial”.
En el carro no hallaron ninguna arma de fuego ni casquillos. Y al hacer una experticia en las manos de la víctima, ésta tampoco reveló rastros de pólvora, lo cual hubiera dado positivo si el joven hubiera disparado un arma de fuego y luego se hubiera desecho de ella.
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Ayer, la fiscal del caso cuyo nombre no quiso proporcionar, afirmó que se enteraron del caso porque varios vecinos de la colonia San Antonio Las Palmeras, en Santa Tecla, llamaron al Sistema de Emergencia 911 de la Policía para avisarles que en el sector se había escuchado varios disparos de arma de fuego.
Cuando Fiscalía y Policía llegaron al lugar donde la estaba el auto tiroteado con el cadáver de Manuel Antonio adentro, allí estaban los cuatro soldados.
Según fuentes policiales, aún ya baleado, la víctima condujo su auto por varios metros hasta estrellarse contra otro vehículo que estaba estacionado en una esquina formada por la calle San José y calle San Miguel de la colonia Cumbres de Santa Tecla, a menos de 200 metros de donde vivía con sus padres.
Dos casos en Mejicanos entre mayo y junio
Los casos en los que policías o militares matan a personas y luego alteran las escenas y aseguran que fue en intercambio de disparos (o agresiones ilegítimas, como las llama el gobierno) son bastante frecuentes.
Solo en Mejicanos, entre mayo y junio ocurrieron dos casos, según fuentes fiscales y policiales que proporcionaron documentos en los que policías y soldados estuvieron involucrados y luego fueron procesados judicialmente.
El 25 de mayo pasado, a la 1:15 p.m., Geovanny Alexander Hernández Montepeque, un miembro de la MS-13, alias Enigma, murió por disparos de arma de fuego durante una persecución de un grupo combinado de policías y soldados.
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Ese hecho ocurrió entre las casas 80 y 82 del blok H, calle Circunvalación, en la colonia Cantizano, Mejicanos, según consta en documentos con los que la Fiscalía ha procesado a dos elementos policiales (un sargento y un agente) por los delitos de fraude procesal.
De acuerdo con la Fiscalía, los policías se inventaron un relato que perdió credibilidad luego de procesar la escena; además, los policías movieron el cuerpo y algunas evidencias. Los implicados notificaron del hecho a sus superiores, una hora después y a la Fiscalía le informaron hasta las 4:30 de la madrugada del siguiente día.
Los involucrados fueron llevados a la delegación de Mejicanos y según la Fiscalía, estos se bañaron y lavaron sus uniformes para borrar huellas de sangre y de pólvora.
El otro caso ocurrió a las 3:15 p.m. del 6 de junio de este año en final pasaje San José, cantón Chancala. En ese hecho murió Rafael Antonio Serrano Galdámez, alias Tololo, quien luego de supuestamente atacar a una patrulla de soldados y policías, estos respondieron al ataque, lo balearon, cayó al suelo y al verse copado, es puso el arma en el cuello y se suicidó.
La Fiscalía no creyó esa versión y un soldado está siendo procesado por ese crimen.
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