José Ugaz, experto peruano: “la corrupción mata y deja sin educación”

Dijo que hay que atacar la gran corrupción pero también la pequeña y micro corrupción.

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José Miguel Arévalo, del Centro de Estudios Jurídicos, en el espacio de interrogantes con José Ugaz, al cierre de la Semana de la Transparencia. Foto EDH / Marcela Moreno

Por Wiliam A. Hernández @walexhernan

2019-12-13 9:30:50

Los tentáculos de la corrupción está a todo nivel y en todo Gobierno, es como el sida, no distingue clase social ni ideologías y está impregnada en toda la sociedad, al igual que en Perú lo está en El Salvador, estimó ayer el experto peruano José Ugaz.

“La corrupción mata, la corrupción impide llevar educación y vivienda digna”, afirmó Ugaz al cierre de la Semana de la Transparencia organizada por el Consorcio por la Transparencia.

El abogado y exfiscal en la investigación contra el expresidente peruano Alberto Fujimori (condenado por homicidio y corrupción, luego indultado por humanidad) y su asesor Vladimiro Montesinos, afirmó que la lucha contra la corrupción debe enfrentar no solo a los grandes corruptos, los gobernantes y sus funcionarios, sino también a la pequeña y micro corrupción o prácticas administrativas en las instituciones públicas que también afectan a los ciudadanos.

“Muchas veces la micro corrupción tiene un impacto muy significativo y más directo en los sectores más vulnerables, los más pobres pagan la factura de la corrupción. Una estrategia comprensiva debe abordar ambas problemáticas”, afirmó el abogado, al hacer un recuento de los presidentes peruanos detenidos y encarcelados por actos de corrupción en su país.

 

“Lo que veíamos antes no lo vemos ahora, quizás por las comunicaciones. Me estoy refiriendo a la gran corrupción que se ve en las noticias globales, no lo veíamos hace dos décadas, me refiero a la gran corrupción”, dijo.

Detalló que los casos se contaban como pocos, pero ahora hay casos cotidianos de gran corrupción, por ejemplo, en China sorprendieron a un exfuncionario que tenía 1,000 millones de dólares en su cuenta personal y al allanar su casa encontraron 13 toneladas de oro, “Si eso no es gran corrupción no sé de qué estamos hablando”, sentenció.
Expresó que donde hay corrupción hay falta de democracia y un caos en los países.

En El Salvador, dijo por ejemplo, al igual que Perú hay expresidentes presos, “la corrupción impacta a toda la humanidad”, reflexionó.

El experto mostró cifras que expresidentes salvadoreños se llevaron en actos de corrupción en sus gobiernos, en los últimos casos citó cifras de 350 millones de dólares para el expresidente Elías Antonio Saca y 351 millones de dólares para el expresidente Mauricio Funes.

El Salvador, dijo, según Proyecto de Justicia Mundial está en la posición 91 de 126, lo que significa que la corrupción está muy presente en el país.

“El Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional que presentamos hace un par de meses arroja que el 14 % de los ciudadanos de El Salvador reconoce haber pagado sobornos en el último año”, explicó.

Añadió que al conjugar con las cifras del estudio de las dos universidades salvadoreñas presentado ayer (ver nota en siguiente página) la cifra sube a más del 60% porque corrupción no solo es sobornos.

 

“Vemos a la corrupción como normal”, afirmó el profesional, “eso es lo que nos afecta y debemos corregir en las sociedades de nuestros países”.

“Las familias se encuentran con chistes que pagaron soborno para evitar una esquela, hay un problema de tolerancia ciudadana que debemos cambiar, aseguró.

El especialista reiteró que no todo está perdido, es importante comenzar a trabajar con los niños en las escuelas haciendo ver que son comportamientos no permitidos en la sociedad para cambiar la tolerancia a los actos de corrupción en cualquier sociedad.

Eso implicaría cambiar la currícula escolar para incluir el tema en la educación formal.

Además, debe existir un liderazgo y voluntad política para luchar contra la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos; responsabilizar a los ciudadanos a denunciar los hechos de corrupción; fortalecer la estructura de las instituciones públicas y finalmente, preparar un frente de lucha contra la corrupción formado por la sociedad civil, la prensa y usar las redes sociales como un instrumento de lucha y denuncia contra los corruptos.