Jorge Villacorta: “Lo peligroso es ir a una excesiva centralización” de Hacienda

Uno de los promotores de la Ley AFI y el presidente de Asamblea coinciden en que no debe haber “control total”.

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Jorge Villacorta conoce las entrañas de la ley AFI, pues es uno de los que impulsó su aprobación en noviembre de 1995. Foto EDH / archivo

Por Katlen Urquilla

2019-11-19 5:30:55

“Lo que veo es que hay, con estas reformas a la ley AFI, la posibilidad de que el Ejecutivo tenga un mayor control o centralización mayor de poder pasando por encima de la autonomía de las municipalidades y del presupuesto y su control de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia”.

Así resume Jorge Villacorta, exdiputado y uno de los promotores de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI) aprobada en noviembre de 1995, las reformas que el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea en mayo de este año y que han comenzado a debatirse desde el pasado 11 de noviembre en una subcomisión legislativa.

Villacorta afirma que el pliego de cambios a la ley AFI tienen una relación estrecha con las reformas que presentó el Ministerio de Hacienda a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) a finales de julio de este año, en las que se plantea, entre otros aspectos, la pretensión de centralizar las compras del Estado.

“Yo puedo creer que el ministro de Hacienda, igual que con las reformas a la LACAP, pretende acelerar y agilizar trámites, pero lo peligroso de eso es ir a una centralización excesiva que entonces violente la autonomía municipal, violente la separación de poderes, me refiero a la independencia del Órgano Judicial que tiene ingresos establecidos por la Constitución, y de la Asamblea Legislativa, ya que con su propio presupuesto lo que hace es decirle a Hacienda de cuánto es, por consiguiente la Asamblea no es dependiente del Ejecutivo”, explica el exlegislador.

El Diario de Hoy publicó este lunes que a un mes de terminar el periodo del gobierno anterior, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes (quien ostentó ese cargo al cierre de la administración Sánchez Cerén y sigue a cargo de esta cartera), presentó las reformas a la ley AFI mediante las cuales pretendería, entre otros puntos, que los presupuestos de todas las instituciones estatales puedan estar sujetos a las prioridades del Plan General del Gobierno.

Por ejemplo, en el artículo 29 de la propuesta se plantea que la Política Presupuestaria de mediano plazo que aplicaría Hacienda “es el instrumento normativo por medio del cual se determinarán las orientaciones, prioridades, medidas y la asignación global de recursos, guardando relación con las prioridades del Plan General del Gobierno”.

Ante ello, Villacorta plantea las siguientes interrogantes que le generan preocupación: “¿La Fiscalía va a responder a los planes de Gobierno? ¿La Asamblea va a responder a los planes de gobierno? ¿La Corte Suprema va a responder a los planes de gobierno? ¿Y las alcaldías van a responder a los planes de gobierno? ¿Y cuál es el plan de gobierno? El Plan Cuscatlán no es un plan de gobierno, no está legalizado. Esas son las principales preocupaciones más inmediatas”.

El exdiputado dice que comparte las preocupaciones que expresa la diputada arenera Margarita Escobar, quien preside la subcomisión que estudia las reformas a la ley AFI, de que podría haber violaciones a la autonomía municipal, por ejemplo, al obligarlas mediante dichas reformas a utilizar el Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), ya que no todas las alcaldías tienen la tecnología para aplicarlo.

También le preocupa, dice Villacorta, que se pretenda exigir a las instituciones proyecciones de gastos e ingresos “plurianuales”, porque ya no implicaría preparar un presupuesto para el año fiscal, que comprende del 1 enero al 31 de diciembre, sino uno que sea para los próximos años.

“Hay que ver si eso legalmente es posible. Los presupuestos plurianuales significarían que se comprometen recursos que no tengo y supongo que voy a tener dentro de 3, 4 años. Esas dudas son las que hasta el momento salen”, acota.

Villacorta considera que la Asamblea Legislativa debe hacer un estudio detallado de la reforma y “desmenuzar e investigar las verdaderas intenciones políticas”.

En ese sentido, ayer fue consultado el presidente de la Asamblea, el pecenista Mario Ponce, quien afirma que deben ser “cuidadosos” en el estudio de esas reformas sin “debilitar las cosas buenas que tiene esa ley”.

“Aunque el ministro de Hacienda venga y quiera atribuirse el monopolio del control total de la administración de las finanzas del Estado, a la conclusión que deben llegar los diputados es buscar mejorar la ley, pero no debilitarla, y que todas las instituciones se comprometan a tener una disciplina en el manejo de las finanzas”, afirma Ponce.

También apunta que deben ver si lo que pretende Hacienda “va encaminado a buscar una nueva forma del manejo de las finanzas de Estado”.

El presidente legislativo considera que “hay ciertas cosas que se están saliendo de control” de Hacienda y se deben revisar a la luz de las reformas, por ejemplo el endeudamiento en las alcaldías.

“Al final es una deuda que no la estamos contabilizando dentro de la deuda global del Estado de forma tal; ya suman alrededor de los $500 millones y esa es una señal bastante peligrosa”, señala y advierte que eso puede llegar a generar una situación de impago para el Estado.

“Si viene por ese lado y esa es la preocupación que tiene Hacienda, pues hay que discutirlo, pero no hay que venir y debilitar al resto de las instituciones que son parte del Estado a las que se les quita esa potestad de fiel cumplimiento a través de la ley AFI”, afirma el pecenista.

Como presidente de la Asamblea, Ponce remarca que deben revisar bien las reformas y que las conclusiones a las que lleguen no sean para “debilitar el sistema”.