El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó ayer a 13 exmilitares y militares en retiro salvadoreños debido a que tiene “información confiable” de que participaron en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -cinco españoles y uno salvadoreño- y de dos de sus colaboradoras en el marco de la ofensiva guerillera de noviembre de 1989.
La noticia fue recibida con reacciones diversas. El abogado defensor de la mayoría de sancionados, Lisandro Quintanilla, dijo que la medida “es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos” y la calificó como “tema migratorio”. Por lo que descartó que esta pueda tener alguna implicación o influencia en el caso a nivel local o en el contenido de la Ley de Reconciliación, que la Asamblea Legislativa debería aprobar antes del 28 de febrero.
Por su parte, el coordinador del equipo de procesos de justicia del IDHUCA, Arnau Baulenas, considera la medida como “una evidencia más para conocer nuestro sistema judicial, nuestros tribunales”. Baulenas recordó que hay un caso abierto en España, por el que Orlando Montano guarda prisión, y tras el anuncio de Estados Unidos “no entendemos cómo la justicia en El Salvador no quiere investigar”. Contrario a Quintanilla, el abogado del IDHUCA considera que “este resultado puede tener incidencia en nuestro sistema (de justicia)”.
El rector de la UCA, Andreu Oliva, consideró importante que EE. UU. diga tener información que confirma la participación de los militares en el asesinato.
En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, detalló que la sanción, que impide a los sancionados y a sus familias entrar a dicho país, “se debe a su participación en violaciones graves de los derechos humanos en El Salvador relacionadas con la planificación y ejecución de los asesinatos extrajudiciales” ocurridos en el campus de la Universidad Centromericana José Simeón Cañas (UCA).
Los exmilitares, de distintos rangos, son: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales (actualmente en España), Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos y José Ricardo Espinoza Guerra. El grupo lo completan Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.
“Estados Unidos condena todas las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar desde ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por los partidos gubernamentales y no gubernamentales”, puntualizó Pompeo en la nota.
Además, detalló que el Gobierno estadounidense apoya la rendición de cuentas, la reconciliación y los esfuerzos de paz en curso en El Salvador.
“Valoramos nuestra relación de trabajo permanente con las Fuerzas Armadas de El Salvador, pero continuaremos usando todas las herramientas disponibles y autoridades, según proceda, para hacer frente a las violaciones de derechos humanos y abusos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los cometió”, agregó.
El anuncio de la sanción ocurre luego que en la Asamblea Legislativa se iniciaran jornadas para que los diputados escuchen a las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado.
Durante el primer día del foro, el presidente de Asamblea, Mario Ponce, dijo que espera que la Ley de Reconciliación sea aprobada antes del 28 de febrero.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de élite ejecutó a los religiosos, en lo que ha sido considerado un crimen de lesa humanidad.
Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. También fueron ejecutadas las colaboradoras de la UCA Elba y su hija Celina.