Jeannette Aguilar es una investigadora que sigue con lupa el tema de seguridad en el país. Al inicio de este gobierno dice que vivió persecución y ella lo atribuye a que es por señalar los inicios de una posible tregua con las pandillas.
Y es que para la investigadora, el Plan Control Territorial no tiene resultados y la baja de asesinatos que se ha dado en todo el país, incluyendo municipios donde no se aplica el plan, se debe a otra cosa.
El Diario de Hoy habló con Aguilar y estas son sus afirmaciones:
¿Qué opinión tiene del tema homicidios en el país y cómo ha venido evolucionando a partir de este Gobierno?
Veníamos de un proceso de disminución progresiva desde 2015 que se ha profundizado hacia finales de 2019, a tasas de 35 a 36 homicidios por cada 100,000 habitantes y se sitúa como la tasa más baja o la segunda más baja del actual siglo. Esto es un cambio importante en la tendencia que el país venía registrando en las últimas dos décadas en donde se mostraban promedios de tasas de 50, 60 homicidios por cada 100,000 habitantes.
No existe evidencia empírica que muestre la relación de la disminución entre los homicidios y el Plan Control Territorial, como lo señala el Gobierno. Más bien, al examinar el comportamiento de los homicidios a nivel departamental y regional encontramos que la caída es generalizada, en la mayor parte de municipios del país, e incluso es más acentuada en aquellos municipios donde no ha intervenido el Plan Control Territorial, eso sugiere que no existe necesariamente una relación, es decir, que la caída de homicidios no se atribuye a esta intervención señalada por el Gobierno, sino a otros factores
¿Cómo cuáles?
Uno de los elementos que está en el debate, en la discusión pública y que yo he venido señalando desde hace alrededor de un año, está presunta negociación, nueva negociación entre el Gobierno y las tres principales pandillas del país para bajar los homicidios. Existen cada vez más elementos que apuntan a señalar este posible nuevo pacto que se inscribe en un contexto político y social sumamente complicado que se ha acentuado en el contexto del actual gobierno que ha llegado a confrontar con distintos sectores en el país, que ha centralizado las decisiones y las políticas públicas, que tiene rasgos cada vez más autoritarios.
En este contexto, pues una negociación con grupos de pandillas también conlleva riesgos significativos para la estabilidad del país
¿Ha percibido que no hay medidas o planes efectivos para bajar los homicidios?
En realidad, más allá del despliegue de efectivos militares y policiales que se produjo en los primeros meses del despliegue del Plan Control Territorial, que era básicamente la asignación de grupos combinados de policías y Ejército, los llamados Focas (Fuerzas Operativas de Concentración Territorial), constituidos por un policía y tres miembros del Ejército, más allá de eso no se tiene información de estrategias articuladas, de medidas inteligentes no solo para abordar el tema de los homicidios sino para abordar el tema de la violencia en las comunidades.
La evidencia muestra que en la actualidad las comunidades controladas de pandillas siguen estando sometidas a ese ejercicio de control territorial y poblacional. Las pandillas siguen ejecutando delitos como extorsiones, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, decir que la dinámica delincuencial que se atribuye a las pandillas permanece intacta, aun cuando la cifra oficial muestra una caída de homicidios.
¿Pueden bajar los homicidios, pero los desaparecidos siguen?
Sí, el balance de 2019 muestra una cifra similar, más de 3,000 reportes de personas desaparecidas, que de nuevo, son los casos que llegaron a sede administrativa, a sede policial o a sede en este caso fiscal, pero no necesariamente refleja la totalidad de los casos de personas que desaparecieron en ese año.
Yo particularmente, en un estudio que estoy desarrollando sobre el tema muestra que en muchos de los casos las víctimas no asisten a las instancias (a denunciar), por temor o por falta de confianza en las instituciones. Entonces de nuevo, estamos frente a un contexto de violencia tan complejo, en donde los homicidios, si bien es cierto son una expresión grave, y en cualquier país conlleva los mayores niveles de gravedad, los niveles de letalidad que supone no agotan la violencia que ocurre en un país.
¿Qué interpreta del fenómeno de las desapariciones?
De hecho, el tema de las desapariciones de personas en el contexto que lo estamos viendo actualmente se ha convertido en una táctica sistemática, es un delito mucho más grave, el peor delito que se puede cometer en una sociedad. Desapariciones de personas en las cuales el Estado no da ninguna respuesta, aunque ha habido avances con la creación de una unidad de personas desaparecidas en la Fiscalía, pero hay una gran deuda pendiente.
En ese contexto si ubicamos el tema de la violencia en desapariciones, el control extorsivo de los territorios, la violaciones sistemáticas en los territorios de niñas y adolescentes por parte de las pandillas, las amenazas constantes, el ejercicio de control territorial y poblacional que tienen las pandillas en esas comunidades, donde son ellos quienes dictan las normas de convivencia, las reglas de funcionamiento en las comunidades que deciden quien entra o quien sale, qué negocios operan, pues realmente no hemos avanzado mucho, más bien yo creo que se está instalando una especie de gobierno paraestatal que es el que realmente está decidiendo en las comunidades.
¿Qué rol jugarán las pandillas en las próximas elecciones?
Existe preocupación de mi parte respecto al nivel de acuerdos que se han adquirido con las pandillas, porque más allá de una instrumentalización del proyecto electoral, el tema de que se instale una alianza más estratégica, en donde las pandillas sean utilizadas como parte de estos grupos a los que puede recurrir el gobierno para mantener el control o la intimidación de ciertos sectores, una situación que ya vivió Nicaragua y Colombia, lo que se conoce como el proselitismo armado, grupos delictivos armados para influir en la decisión popular, influir en una elección pero también para sostener el mantenimiento de gobiernos poco democráticos.
¿Qué opinas del trabajo que ha hecho el ministro de Seguridad?
Si situamos su evaluación en relación a la política como funcionario en el ramo de seguridad, es el primer responsable de formular y ejecutar la política de seguridad o política criminal que rige a un país. En este caso no existe política, no conocemos planes, no existen estrategias articuladas, inter agenciales, incluso del mediático Plan Control Territorial no está siendo coordinado e implementado con las alcaldías, que son los principales referentes de los territorios.
Entonces, más bien, lo que vemos es un gran despliegue propagandístico y publicitario, pero poco sustantivo en términos de políticas programáticas, estrategias articuladas, intervenciones integrales en los territorios, más allá de la remilitarización de la sociedad y la seguridad pública, en donde el Ejército es el que está en todos lados y es la respuesta para cada problemática social.
No hemos visto una política inteligente de abordaje a nivel de investigación del crimen organizado, ni siquiera se menciona a sabiendo que cada vez hay más presencia de la criminalidad organizada en esta región. En El Salvador históricamente ha habido una fuerte presencia de narcotráfico, criminalidad organizada, traficantes de armas, trata de personas, no existe ni siquiera en la retórica como prioridad en la política de seguridad el abordaje a la criminalidad compleja.