Inversiones en infraestructura resiliente

El boom de la urbanización implica a la vez mayores demandas para los gobiernos nacionales y locales para planificar el desarrollo urbano e invertir para la provisión eficiente de servicios.

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Ana Isabel Aguilera es especialista del Banco Mundial en Desarrollo Urbano. Foto EDH / Cortesía

Por Ana Isabel Aguilera

2019-11-25 4:30:47

Solo detrás de África, Centroamérica es la región con la tasa de urbanización más acelerada del mundo. El Salvador es el país con la tasa de expansión urbana más acelerada de Centroamérica. Este boom en el crecimiento de las ciudades, según el estudio “Oportunidades de una Centroamérica urbana” del Banco Mundial, significa que el Istmo tendrá 25 millones de nuevos residentes urbanos para 2050, lo que equivale a duplicar la población actual de El Salvador y Guatemala juntos.

Es un cambio trascendental. Dentro de tres décadas se espera que 7 de cada 10 personas en Centroamérica vivan en ciudades, mientras que hace 25 años, en 1994, menos de la mitad de la población centroamericana vivía en zonas urbanas.

La rápida urbanización puede significar nuevas oportunidades para los países centroamericanos. A nivel global hay una fuerte relación entre riqueza y urbanización: los países más urbanizados son también los más prósperos. La cercanía física en las ciudades propicia el intercambio de bienes, ideas y servicios, lo que abona a una mayor productividad y generación de oportunidades económicas.

El boom de la urbanización implica a la vez mayores demandas para los gobiernos nacionales y locales para planificar el desarrollo urbano e invertir para la provisión eficiente de servicios. Implica además la necesidad de aumentar las inversiones para que la población tenga acceso a infraestructura de calidad. Este es un componente esencial del bienestar socioeconómico, el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo.

Esta necesidad es evidente en El Salvador, que ha tenido niveles bajos de inversión en infraestructura. Según el Fondo Monetario Internacional, entre 2011 y 2015 El Salvador invertía cerca de 45 por ciento de su PIB en capital público, por debajo del promedio de 62 por ciento en países africanos.

Pero los recursos públicos para incrementar las inversiones no siempre están disponibles. Las metas de desarrollo sostenible que se han trazados los países muchas veces superan sus capacidades financieras públicas actuales. Acá es donde se abre la oportunidad para atraer financiamiento privado, por ejemplo, y maximizar el financiamiento a favor del desarrollo.

El Salvador ya ha logrado grandes avances y tiene un buen entorno para los asocios público-privados en infraestructura, por lo que pronto se seguirán abriendo más oportunidades para que el financiamiento privado juegue un rol mayor en la infraestructura para el desarrollo en diversos sectores, como movilidad urbana y turismo.

Para abonar a los esfuerzos del sector público salvadoreño, el Banco Mundial ha decidido apostarle a un proyecto de inversión en infraestructura productiva en las 262 municipalidades. El proyecto fue diseñado con una visión de país y desarrollo de largo plazo, de la mano de los equipos del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Local, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Este proyecto busca dinamizar las economías locales a través de inversiones en infraestructura, al mismo tiempo de fortalecer las capacidades locales para una gestión municipal más eficiente, participativa y transparente.

Confiamos en que este proyecto traerá múltiples beneficios para 4.5 millones de salvadoreños: cientos de nuevas obras priorizadas por las propias comunidades, economías locales con más oportunidades productivas, más de 500 funcionarios municipales capacitados y alcaldías con mayores capacidades para proveer servicios de calidad.

Una característica de este proyecto es que prioriza que las obras de infraestructura sean productivas, pero también que sean resilientes. Es decir, que sean infraestructuras seguras que cumplan con estándares internacionales de calidad y que permitan su funcionamiento durante y después de un evento. El proyecto incluye también un componente que, en caso de emergencia declarada, brinda acceso a fondos inmediatos para apoyar los esfuerzos de mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación a favor de los ciudadanos.

Disponer de un mecanismo financiero como el componente de emergencia del proyecto es particularmente importante para El Salvador, donde más del 88 por ciento del territorio y el 95 por ciento de la población están expuestos a amenazas como inundaciones, sequías, erupciones volcánicas o terremotos. Invertir en infraestructura resiliente asegura que resista embates y que las poblaciones sigan recibiendo sus beneficios a pesar de fenómenos naturales adversos. Además, invertir en resiliencia es económicamente inteligente: por cada $1 invertido se estima un retorno de $4, es decir, cuatro veces mayor, producto de la reducción en pérdidas económicas y humanas que supone una buena respuesta ante desastres.

El Salvador vive un momento especial. Tiene un plan para atraer más inversiones y ha logrado despertar mucho interés de inversionistas. Es un buen momento para incrementar las inversiones en infraestructura, lo que sin duda ayudará a impulsar el crecimiento económico de El Salvador. Más importante aún, generará más oportunidades económicas, de inclusión y empleo para la población. Serán inversiones que darán múltiples y prolongados beneficios, sobre todo si se privilegia que sean inversiones en infraestructura resiliente.