La negativa de los funcionarios del Órgano Ejecutivo de comparecer en las diferentes comisiones especiales de la Asamblea Legislativa para rendir cuentas sobre el manejo de recursos públicos es porque, si mienten, podrían incurrir en el delito de falso testimonio y terminarían en prisión. Así lo explicó el miércoles el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.
El también presidente de la comisión especial que indaga cómo el Gobierno ha utilizado el dinero durante de la pandemia del COVID-19 agregó que esa es la razón por la que los ministros prefieren ser interpelados ante el pleno del Legislativo.
“No quieren venir a esta comisión especial porque si el funcionario miente puede cometer el delito de falso testimonio y va a ir preso. Saben que si vienen a una comisión especial y mienten en su declaración eso es constitutivo de delito. Se le va a quitar el fuero, van a ser depuestos del cargo y van a ir presos por mentir. Esa condición no existe en la interpelación, ahí pueden decir todo lo que ellos quieran, sea mentira o verdad”, apuntó Portillo Cuadra.
En tres ocasiones, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha sido citado por los diputados para que dé explicaciones sobre el uso de fondos y no ha llegado. Al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, se le ordenó llevarlo por apremio, la semana pasada, pero no lo hizo.
El jefe policial justificó, mediante una carta, que el ministro tiene “causa justificada basada en el ordenamiento constitucional” para no asistir a los citatorios que los legisladores le hicieron.
“Señores diputados hagan lo que quieran, usen todas las herramientas legales que ustedes consideren necesarias para hacerme perder el tiempo. Ya saben que estoy preparando el presupuesto 2021”, respondió Zelaya en su cuenta de Twitter, tras conocer que se ordenó llevarlo por apremio al Congreso.
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Portillo Cuadra señaló que los funcionarios “se están aprovechando y están abusando” del cargo de Arriaza Chicas y él, al no acatar la orden de llevarlos por apremio, se expone a ser cómplice de que el Ejecutivo no brinde información pública, pese a que acceder a ella es un derecho humano fundamental.
La comisión también acordó certificar a la Fiscalía General el incumplimiento de Zelaya de no entregar el informe de ingresos y egresos del Estado que se le requirió días atrás. También citará al Comité de Veeduría de los fondos públicos para que explique a qué información han tenido acceso.