El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez Cardona, y la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, deberán comparecer hoy ante los diputados de la Asamblea Legislativa para explicar la problemática generada por la insalubridad del agua que, a mediados de enero, recibieron más de un millón de capitalinos.
La última interpelación a un funcionario que se hizo en el país fue en 1997, en el gobierno de Armando Calderón Sol, y duró dos días. Los parlamentarios interrogaron al titular del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla, por el fraude millonario de las financieras Finsepro -Insepro en el que hubo decenas de personas estafadas.
Veintrés años después, 55 parlamentarios aprobaron, a finales del mes pasado, interpelar a Benítez y Orellana con base al artículo 131 de la Constitución de la República.
La decisión fue avalada luego de que ARENA y el FMLN pidieran emplazar a los funcionarios por no haberse presentado en diferentes ocasiones ante la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Salud y la Comisión de Obras Públicas a rendir informes sobre la crisis generada por la distribución de agua no apta para consumo humano.
La titular del Ministerio de Salud está citada para las 9:00 de la mañana y el presidente de ANDA a las 2:00 de la tarde. Ambos están obligados a acudir ante el pleno. Si no lo hacen, y no presentan ninguna justificación, quedarán depuestos de sus cargos. Así lo establece el artículo 165 de la Carta Magna.
Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, declaró el jueves en una entrevista de televisión que Orellana y Benítez comparecerán hoy porque “las interpelaciones son constitucionales”.
En el mismo programa, el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, expresó que el Gobierno es consciente de que si los funcionarios no asisten serán destituidos de sus cargos de inmediato. “La interpelación procede y punto. Es una facultad de la Asamblea y hay que hacerlo”, expresó.
Al respeto, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, explicó este viernes que la diferencia entre ser destituido o ser depuesto está en que para el primer caso el jefe de la persona interpelada -en este caso el presidente de la República, Nayib Bukele- la remueve del cargo. Si el jefe directo no interviene, eso equivale a ser depuesto.
“La destitución requiere que alguien te destituya, que en este caso es el presidente de la República, y deponer el cargo significa que aunque el presidente no quiera que (los funcionarios) se retiren, por Constitución, tienen que retirarse del cargo de inmediato”, apuntó Portillo Cuadra.
El proceso de interpelación
La Asamblea Legislativa informó que siguiendo el Reglamento Interior de la institución, el procedimiento de interpelación iniciará cuando el presidente del Órgano Legislativo, Mario Ponce, lea los antecedentes y las preguntas que ya se le hicieron llegar a Benítez y a Orellana. A él le enviaron 14 interrogantes; a ella, 10.
Después, Ponce cederá la palabra a Orellana, quien será interpelada por la mañana, y deberá contestar cada cuestionamiento en el orden en que le fueron formulados. Luego, diputados de cada grupo parlamentario podrán hacer tres repreguntas por cada una de las interrogantes.
El mismo proceso se llevará a cabo cuando le toque comparecer al titular de ANDA.
El presidente de la Asamblea, a solicitud de un diputado, podrá ampliar el número de repreguntas, cuando el tema no esté agotado. De ser necesario, Ponce también llamará la atención al interpelado o a los legisladores cuando en las respuestas del primero o en las repreguntas de los segundos se desvíen del punto de la interpelación.
Ponce podrá declarar receso el tiempo que estime conveniente. La interpelación podría durar horas o días. Cuando concluya, el expediente pasará a la Comisión Política para hacer el estudio y dictamen correspondientes. Tras el análisis de la interpelación, se le podría recomendar al mandatario la destitución de los funcionarios.
Presidente no está obligado a destituir a funcionarios
Cuando el expediente llega a la Comisión Política, los diputados deben elaborar un informe en el que establezcan si Benítez y Orellana respondieron satisfactoriamente las preguntas. De lo contrario, deben recomendarle a Bukele que los remueva.
El diputado Portillo Cuadra, y Damián Alegría, del FMLN, coincidieron en que si se le recomendara al gobernante remover a los funcionarios, eso “no es vinculante”, es decir que no está obligado a acatar.