“Cuando estaba lo mejor de la pandemia, en las noticias no salían realmente los casos que sacaban del hospital. Eran personas con insuficiencia renal, la mayoría murió de COVID y eso no lo sacaban en los estados. Yo me daba cuenta porque yo voy dos veces a la semana y no había día de Dios que no sacaban entre 15 y 20 personas, solo renales y con COVID”, describe Norma Leticia Alvarenga, presidenta de la Asociación de Pacientes Renales del Hospital Rosales.
Norma forma parte de la población que durante el último año ha tratado de sobrevivir a la pandemia del COVID-19 y a la epidemia de insuficiencia renal, que aqueja a más de medio millón de pacientes en el país.
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El Diario de Hoy indagó la realidad que han vivido los pacientes renales desde marzo del año pasado, luego que un análisis estadístico elaborado por el investigador Otoniel Campos revelara que en los meses de junio y julio de 2020 hubo 62 % y 87.5% más muertes por insuficiencia renal que las esperadas luego de calcular la proyección de muertes esperadas con base a las ocurridas por esa causa entre 2015 y 2019.
Más de 1,000 personas con enfermedad renal crónica fallecieron a consecuencia del COVID-19.
En el hospital Rosales, Norma fue testigo de ese exceso de muertes: “Hubo bastantes compañeros que fallecieron por eso (COVID-19). Mire entre 50 a más de los que llevo contabilizado en mi turno”.
Como paciente, la presidenta de la Asociación de Pacientes Renales, atribuye la cantidad de decesos a estas variables: “ Las defensas (del paciente) están bajas, el hospital está contaminado completamente, hay gente que no se cuidaba, y uno que trata de cuidarse ahí agarraba el virus”. Pese a lo anterior, Norma no ha suspendido sus hemodiálisis.
Óscar Mauricio Robles Pacheco, de 48 años, vive una situación similar en el barrio Gaspar, de San Alejo, La Unión. Él lamenta que muchos de sus compañeros del grupo de hemodiálisis fallecieron durante la emergencia sanitaria, porque presentaron síntomas de gripe y fueron ingresados al área de pacientes de COVID-19 en el hospital del Seguro Social, en San Miguel.
Óscar Mauricio recuerda entre los casos a un paciente del cantón Los Jiotes de San Alejo, quien llegó a su hemodiálisis y tenía gripe: “Lo metieron al área COVID-19 sin hacerle el examen y murió de depresión, lo entregaron a la familia bajo el protocolo sanitario”.
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También relata el caso de un hombre de Usulután que tuvo una gripe atípica, le aplicaron el tratamiento por COVID-19 y quedó sordo: “Todos los que padecemos de insuficiencia renal estamos propensos a padecer de neumonía atípica; creo que fallaron con esos protocolos en el hospital y lamentablemente han muerto unos 10 compañeros que iban en mí turno de hemodiálisis”.
El año pasado, Óscar Mauricio presentó tos y gripe, por lo que quisieron ingresarlo al área de pacientes COVID-19. Él se rehusó y argumentó que sin una prueba no aceptaba irse a esa área. Y aunque le dieron el tratamiento, tampoco se lo tomó. “Creo que han fallado con los protocolos y por eso han muerto doctores, enfermeras y muchas personas que solo por tener alguna neumonía lo metieron donde estaban los confirmados del virus y ahí se contagiaron”, considera.
Óscar fue diagnosticado con daño en los riñones a los 19 años; ahora tiene 27 años de estar en tratamiento. En 1995 su padre Felipe Robles, le donó el riñón, pero solo le duró ocho años, le dejó de funcionar al no ser atendido por una huelga que hubo en el Seguro Social, en San Salvador.
Una crisis exacerbada
El nefrólogo, Ramón Antonio García Trabanino, considera que la pandemia aumentó la crisis de la epidemia de insuficiencia renal crónica que padecen los salvadoreños desde 1999 y advierte de factores que influyeron para el alza de las muertes de pacientes renales.
El primero es que los pacientes perdieron controles médicos. La restricción de movilidad afectó a la población que reside en zonas rurales o en lugares lejos de la ciudad, en donde se concentran los tratamientos especializados como hemodiálisis y diálisis. Hubo pacientes que pagaron hasta 60 dólares por una ambulancia o un taxi para trasladarse a un hospital.
El segundo factor, según García Trabanino es el contagio entre el personal de salud y la falta de acceso a pruebas de detección del nuevo virus. Este afectó al sector de nefrología; dos especialistas fallecieron, Miguel Zaldaña y Sergio Coto; lo que dejó pocos especialistas para atender la epidemia de la enfermedad renal crónica. En El Salvador hay 56 nefrólogos para más de medio millón de pacientes.
Para García Trabanino, las cifras bajas de decesos por enfermedad renal, entre marzo y mayo, y luego el ascenso, en los cuatro meses restantes, se debe a una falta de registros, de control y tratamiento que repercutió en la salud del paciente.
“Considero que al principio de la pandemia el registro de mortalidad decae por falta de registro por las mismas limitaciones de movilidad. Si el paciente moría en casa, mire ni siquiera había funeraria, mucho menos un médico que le generará una constancia y diera un diagnóstico de muerte. Y, además, muchos de estos pacientes también murieron a lo mejor por COVID-19 y no quedaron censados como insuficiencia renal, sino como Covid o neumonía atípica”, analiza Trabanino.
El especialista considera que la falta de acceso a tratamientos y controles afectó a los pacientes con enfermedades crónicas.
En el caso de quienes son tratados en el Rosales, la organización de pacientes de ese hospital ha explicado que la administración sí brindó los tratamientos y medicamentos, aun cuando el paciente se hubiese contagiado del nuevo virus, solo que lo recibió en un lugar aislado.
“Yo tuve eso (COVID-19) y estuve aislada por una semana en el hospital; estaba asintomática y siempre recibí el tratamiento con todo el protocolo y, bueno, gracias a Dios la libre”, comenta Norma, quien recuerda que cuando iniciaron las restricciones de movilización a causa de la pandemia fueron tiempos terribles para las personas que a diario asistían al hospital Rosales.
“Nosotros íbamos saliendo de nuestro tratamiento y decían ‘¡código verde!’ y llevaban de dos a cuatro muertos para la morgue, cuando nosotros ya íbamos para la calle estaba el montón de funerarias, mientras ellos no llegaban (el Ministerio de Salud) no tenían que sacar los cadáveres. ¡Eso era terrible!. Yo miraba las noticias y no decían nada del Rosales. Y yo miraba el montón de muertos y, sin mentirle, pasaban de 15 a 20, y no salían noticias de eso. Nos admirábamos porque yo les decía ‘¿es porque tienen miedo, porque no quieren alertar a la gente? ¿o qué?’”.
A juicio del nefrólogo García Trabanino, solo una tercera parte de la población con daño crónico en los riñones tiene acceso a tratamiento de diálisis y se estima que el 92.3% de esta fallece en casa, según el estudio “Incidencia, mortalidad y prevalencia de enfermedad renal crónica terminal en la región del Bajo Lempa, El Salvador: 10 años”, que data de 2016.
Para Trabanino es lamentable que no se pueda hacer un estudio acucioso sobre el alto número de muertes de personas con enfermedad renal asociado a la pandemia, debido a la falta de registro y acceso a la información, además que dentro de las limitantes también se encuentra un mal registro de las causas de muerte a nivel nacional.
“Urge un registro renal en el país porque si usted pregunta cuántos pacientes hay en diálisis, cuántos pacientes se mueren no se sabe”, reiteró García Trabanino.
Mientras tanto, Norma vive días duros: “Hasta el sol de hoy, no nos permiten el acercamiento, media vez nos dan nuestro tratamiento, ¡adiós! No es como antes que comíamos juntos (con otros pacientes). Ahora con las mascarillas y las caretas es triste, porque varios de nuestros compañeros siguen aislados y, créame, es triste ver eso”.