Los informes presentados por el Gobierno sobre el uso del dinero que está haciendo para atender la emergencia por el COVID-19, así como de las acciones que está implementando para contener la crisis, han sido calificados como “escuetos” por los diputados de la Asamblea Legislativa y por la ciudadanía.
Para Jessica Estrada, experta en transparencia, los datos revelados hasta la fecha, “cuadros resúmenes en redes sociales”, no son suficientes para valorar si las autoridades están haciendo uso eficiente de los recursos públicos. “La emergencia no es motivo suficiente para no seguir recolectando la mayor cantidad de información e irla presentando, no esperar a que la Asamblea solicite los informes”, dijo.
Ella cuestionó el elevado costo ($70 millones) y la tardanza con la que el Ministerio de Obras Públicas construye el hospital provisional para pacientes con COVID-19 en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), cuando es para atender una emergencia.
Wilson Sandoval, coordinador de asesoría legal de la Oficina de Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), explicó que la sola presentación de informes no agota la idea de lo que implica la rendición de cuentas, la cual implica la “justificación” de las decisiones que se toman.
El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Manuel Escalante, dijo que vio el primer informe de la primera prórroga de la ley de restricción de derechos y era “un puro formalismo, un punteo de decisiones o acciones implementadas, sin valoraciones o evaluación”. Aclaró que el resto de informes no han sido encontrados por la entidad y eso significa que no se han difundido efectivamente.