Indicios de lavado empujan a Fiscalía a indagar a Grupo Alba

Esta acción vino luego de la inclusión de José Luis Merino en la llamada "lista negra" de funcionarios corruptos por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El director Contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía, German Arriaza, al salir de las oficinas centrales de Alba Petróleos, situadas en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Foto EDH /Jorge Reyes

Por Jaime López

Jul 17, 2019- 06:15

Varias denuncias, avisos e investigaciones ante posibles indicios de lavado de dinero y activos alrededor del Grupo Alba, motivaron a la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía General de la República, iniciar la tarde del 31 de mayo de este año, un proceso de registro en 27 sociedades localizadas en San Salvador, Sonsonate, La Libertad y La Paz.

Hechos como el cierre de cuentas bancarias a Alba Petróleos, la inclusión en la lista negra de funcionarios corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos al alto dirigente del FMLN, José Luis Merino, el reporte de pérdidas de las sociedades vinculadas a este conglomerado e impedir a la Corte de Cuentas auditar la contabilidad del grupo, fueron algunas de las razones que obligaron al Ministerio Público a buscar evidencias en las 27 sociedades del grupo Alba y determinar si eso abona a una investigación penal.

A todo eso se suma, las exigencias de un grupo de congresistas demócratas y republicanos estadounidenses que, desde junio de 2017, enviaron al Secretario del Tesoro de su país una carta en la cual solicitaron indagar las actividades financieras del principal asesor y rostro visible de Alba Petróleos de El Salvador, José Luis Merino.

Los funcionarios norteamericanos han pedido que se abra una investigación “de interés nacional” bajo la ley contra capos internacionales de la droga.

Frente a todos esos hechos, aunado a sus propios análisis financieros y la observación de las distintas manifestaciones del grupo empresarial, hizo que la Fiscalía General realizara los allanamientos en sus instalaciones, afirmó el director de la Unidad fiscal contra la Corrupción y la Impunidad, German Arriaza.

Y es que desde 2012 a 2016, los informes financieros registrados de las sociedades Alba, reflejan pérdidas en vez de ganancias en sus operaciones, lo que también alertó a la autoridades nacionales.

Expertos de Fiscalía y Policía participaron en los allanamientos realizados a oficinas de Alba Petróleos. Foto EDH /Cortesía

Por ejemplo, una de las subsidiarias, Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) cerró operaciones en 2015 con pérdidas de $16,2 millones y dejó deudas con Alba Petróleos por $10,7 millones.

Alba Pesca, que funcionó con números en rojo al 31 de diciembre de 2015, reportó al Registro de Comercio pérdidas que ascendían a $211,208, y a diciembre de 2017 debía a Alba Petróleos $744,863.

Un comportamiento similar reflejó en 2012 Alba Fertilizantes, otra de las subsidiarias, en su balance general de 2012. Sus pérdidas eran por $32,882 y a ese año adeudaba $10,000 a Alba Petróleos.

Desde el surgimiento del grupo empresarial, en 2006, el 60 por ciento de capital era de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el 40 por ciento de capital municipal salvadoreño (ENEPASA) al amparo del partido FMLN y del dirigente José Luis Merino, surgió un rompecabezas que a la fecha no se ha resuelto.

Con los allanamientos a 27 sociedades del grupo Alba autorizados por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República intenta encontrarle una explicación a sus operaciones.

A varios días de los registros y que no fueron suficientes para la incautación de tantas evidencias, el Ministerio Público solicitó prórroga de cinco días más para continuar el proceso de registro en el conglomerado.

Las cámaras y los vídeos de la Fiscalía en las instalaciones reflejaban más de 26 cajas repletas de documentos decomisados en las oficinas de Alba, que ayudarán a las autoridades a establecer si hay irregularidades en el manejo financiero, el cual ha sido muy hermético, pese a que han usado dinero público de alcaldías.

En el lapso de la intervención, los fiscales y peritos de la unidad Anticorrupción tanto de la Fiscalía como de la Policía Científica hurgaron en cada armario en busca de las evidencias que estimen necesarias y que fortalezcan el análisis que dé luces sobre si en el grupo Alba ha habido algún ilícito, el mecanismo utilizado y los supuestos responsables.

Dos semanas después de los allanamientos a las instalaciones del Grupo Alba, un equipo de cuatro abogados, entre ellos, Carla Albanés, se identificaron en una carta ante el Fiscal General, Raúl Melara, como apoderados del conglomerado investigado.

Carla Albanés, del equipo de abogados del grupo de negocios afirmó que luego de mostrar sus credenciales ante el Fiscal General, “vamos a demostrar de que no existe el ilícito de lavado de dinero que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo”.

Dijo que esperarían una respuesta inmediata del Fiscal General para “ir desvaneciendo el ilícito que se le atribuye a nuestra patrocinada. Vamos a demostrar en sede administrativa (Fiscalía) y en sede judicial (juzgados) en (las 26 sociedades) al igual que Alba Petróleos de que no existe lavado de dinero y otros ilícitos que pretenden sumar”.

La profesional enfatizó que con la misma documentación que la Fiscalía se ha incautado de las 27 sociedades se va a demostrar que no existe el ilícito que se pretende acusar. Pese a los allanamientos que Fiscalía ha iniciado en las instalaciones de Alba Petróleos, las 27 sociedades no se van a cerrar, sino que seguirán funcionando, afirmó Albanés. Agregó que en todo esto no se descarta que haya un trasfondo político en el último día de la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

 

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