El impuesto del 5 % disfrazado de “contribución especial” a la comida rápida y productos plásticos y desechables que propone la diputada disidente de ARENA, Milena Mayorga es ilegal, aseguran abogados conocedores del tema, quienes advierten que se está tratando de crear un instrumento que tiene las mismas características de la Contribución Especial para Seguridad Ciudadana (CESC) que fue declarado inconstitucional el 26 de octubre.
La propuesta de Mayorga está en la iniciativa de Ley Especial para la Atención Integral para los Pacientes Oncológicos, específicamente, a partir del Art. 49 en donde dice que “Se establece una contribución especial para la atención integral contra el cáncer… la que será de un cinco por ciento (5 %) y se aplicará a la base imponible determinada, los diversos hechos generadores serán el valor de la contraprestación excluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles”.
El abogado y director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Daniel Olmedo, explica que en primer lugar se debe tener claro que las contribuciones especiales se caracterizan porque quienes la pagan obtienen un beneficio por las obras o servicios que se financian con el tributo.
“En este caso, los afectados por el tributo serán todos los consumidores de la comida que ambiguamente se denomina ‘chatarra’ y ‘comida rápida’, y de ciertos productos plásticos. Como en el caso del CESC, es un universo de personas tan indeterminado y tampoco se puede establecer que las actividades que se financiarían con ese nuevo tributo beneficiarían directamente a ese sector social”, explicó Olmedo.
Por su parte el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, señaló que con lo que propone Mayorga lo que están tratando de crear es un impuesto y no una contribución especial como lo quieren hacer ver.
“Efectivamente, es una desnaturalización del concepto de impuesto y contribución especial. Lo esconden bajo el ropaje de una contribución que se supone debe pasar por una contraprestación del Estado, que aquí no existiría. Están intentando crear un verdadero impuesto”, cuestionó Sáenz.
Igual que el CESC
Los expertos señalan que se debe crear un precedente con lo que sucedió con el CESC, ya que se le cobró un impuesto ilegal a los salvadoreños, durante cinco años, pero ese dinero no se devolverá.
“Los precedentes de la Sala en el último caso (del CESC) tendrían que mantenerse si esto pasa a una acción de inconstitucionalidad. Concretamente, es casi lo mismo, un intento por cubrir con ropaje de contribución un verdadero impuesto”, señala Sáenz.
Por su parte Olmedo detalla que “se acaba de declarar inconstitucional la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana, estableciéndose que se trataba de un impuesto y no una contribución especial, porque el universo de contribuyentes era tan indeterminado que no se podía establecer si estos, en efecto, obtenían un beneficio directo y verificable con el pago del tributo”.
¿Cuánto pagaron los salvadoreños por un impuesto ilegal durante cinco años?
Olmedo agregó que en ese caso la Sala dijo que, en realidad se trataba de un IVA adicional a los productos y servicios de telecomunicaciones, lo que derivaba en una doble tributación que afectaba la capacidad económica de los ciudadanos.
“Este se trata también de un impuesto, y como tal, en este caso también vemos un IVA adicional a esos productos que también supondría una doble tributación que afecta la capacidad económica; tal como ocurrió con el CESC”, dijo Olmedo.
Por este impuesto los salvadoreños pagaron $538 millones durante cinco años.
Diputada reacciona
Como reacción a la publicación de este periódico, la diputada Mayorga y también embajadora de El Salvador en Washington designada por Nayib Bukele, escribió ayer en su cuenta de twitter, “¿Del lado de quién estamos? De los pacientes con cáncer o de las corporaciones que fomentan dicha enfermedad”, sin negar la iniciativa de ley que presentó a la Asamblea Legislativa.
Las respuestas a su publicación cuestionaron duramente el criterio de la propuesta.
“Esto es un aumento del IVA disfrazado. Hoy en día será el consumidor final quien lo pague. Es una de la peores propuestas en el tema ambiental y salud que han propuesto. Mejor deberían de fomentar el reciclaje ya sea como obligación para recoger la basura. En las grandes ciudades”, tuiteó @JZeusMendoza.
“Esa contribución especial, es un impuesto disfrazado y totalmente inconstitucional, ya que no hay una contra prestación directa”, tuiteó Rafael Tevez Rivas.
Muchos también coinciden en que lo que menos necesitan los salvadoreños en este momento son más impuestos y mucho menos si no obtienen beneficios de él.