El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (Idhuca) demandó de la Fiscalía General de la República iniciar una investigación contra el fiscal adjunto, Allan Hernández, por supuestos actos que podrían reñir con la ética de todo funcionario público.
Según la demanda, los hechos por los que se pide indagar a Hernández fueron publicados en medios de comunicación y que “podrían constituir delitos de corrupción”.
Sobre las acusaciones, se intentó conocer la postura del Fiscal General Raúl Melara, a través de la Oficina de Comunicaciones pero no se obtuvo respuesta.
El Idhuca dijo que “ayer, 28 de noviembre de 2019 se presentó un aviso a la Fiscalía General de la República para que investigue los hechos expuestos por diversas noticias”.
Hace algunos meses medios electrónicos difundieron noticias en las que exponen que el fiscal Hernández hizo, viajes en aviones privados de Enrique Rais, quien es acusado por varios delitos por la Fiscalía.
En febrero pasado, Raúl Melara dijo que “Allan Hernández, es un fiscal de carrera con amplia experiencia y que ha desempeñado en varios cargos. El viajó en los aviones de Enrique Rais por órdenes expresas del Fiscal General, Luis Martínez”. Martínez paga condena por delitos cometidos cuando era fiscal.
El organismo solicitó se investigue de forma “debida y diligente” el caso que involucra a Hernández.
Para no entorpecer el rumbo y los resultados de la investigación sugieren que el fiscal adjunto sea separado de todo conocimiento de la misma, así como de otras investigaciones que pudieran ser conexas por el conflicto de intereses que esta supondría”.
El Idhuca recomendó averiguar sí el fiscal adjunto en compañía de otras personas realizaron otras acciones que pudieran ser hechos punibles (castigados).
Los solicitantes esperan que la indagación arroje resultados con los que podrían identificar sí los hechos conocidos en notas periodísticas se relacionan con otros y si pudieran estar conectados bajo un esquema de red, o si por la naturaleza de los delitos o las personas involucradas, reflejan un esquema de red muy propia de los delitos de “gran corrupción.”
Ese instituto de derechos humanos ha recomendó al fiscal general Raúl Melara que se inicie la investigación cuanto antes para que no prescriba la acción penal que podría surgir de la indagación.