El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) presentó el viernes 19 de junio una demanda de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, debido a las medidas “desproporcionadas” adoptadas contra las personas privadas de libertad en los centros penales de Izalco (en todas sus fases), Zacatecoluca, San Francisco Gotera, Quezaltepeque y Ciudad Barrios.
En un comunicado de prensa, la institución indica que sin importar las circunstancias, es necesario recordar que el sistema penitenciario debe cumplir con su finalidad constitucional, en la búsqueda de la rehabilitación, y además que las autoridades estatales no tienen más potestades que las expresamente reconocidas en la ley.
El Idhuca considera que la orden que dio el Presidente Nayib Bukele, el 25 de abril, y que fue ejecutada por el Director General de Centros Penales, Osiris Luna, es atentatoria contra los parámetros constitucionales e internacionales de los derechos humanos en materia penitenciaria.
“Las autoridades penitenciarias, en un primer momento, aseguraron que las medidas eran parte de una declaratoria de estado de emergencia. No obstante, después, para evitar el control de los jueces de vigilancia penitenciaria que exige tal declaratoria, dijeron que estas medidas eran un cambio ordinario de régimen, pues las medidas impuestas en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca también se aplicarían en los otros centros”, dice el comunicado.
Por lo anterior, el Idhuca solicita que se dicte una medida cautelar que deje sin efectos las acciones implementadas por las autoridades penitenciarias, mientras se tramita el proceso; y que, al finalizarlo, se declaren las vulneraciones cometidas, así como la posibilidad de exigirle a los servidores públicos que decidieron e implementaron estas medidas, la responsabilidad que dicta el artículo 245 de la Constitución.
La institución reiteró que la pacificación del país, que supone la superación de raíz de la violencia social y delincuencial, y de la impunidad, continúa siendo uno de los propósitos del Idhuca.
En ese sentido, con la demanda “se pretende hacer valer los estándares ya estipulados en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley Penitenciaria, que no permiten castigos generalizados ni contrarios a los derechos humanos, que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“No se trata aquí de defender delincuentes, sino defender derechos humanos y constitucionales de personas, que no pierden la totalidad de sus derechos”, sostiene.
Concluye que el Estado debe contar con todas las herramientas para atender adecuada y suficientemente los altos niveles de inseguridad y violencia que golpean a la sociedad salvadoreña, pero en esa tarea no debe replicar prácticas que atentan contra los derechos de las personas, más allá de cuál haya sido su conducta.