Grupo Promotor: “Política del Ejecutivo busca tapar corrupción”

Organizaciones civiles rechazan reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Consideran que es política de Bukele para desmontar mecanismos de transparencia y contraloría ciudadana

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Por Diana Escalante

2020-09-12 5:45:25

El Grupo Promotor de Acceso a la Información Pública, conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, se pronunció el viernes en contra de las reformas realizadas por el Órgano Ejecutivo al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP), por considerar que fueron inconsultas, vulneran los principios de legalidad y publicidad, así como la competencia normativa de la Asamblea Legislativa y de los límites de la potestad reglamentaria.

“Nunca habíamos visto un ataque tan sistemático a la normativa, como tratar de minar al Instituto. En la presidencia de Bukele, el embate es más fuerte”.

Claudia Umaña, .

En una conferencia, las organizaciones señalaron que las modificaciones que el presidente Nayib Bukele le hizo al reglamento son parte de un patrón con el se pretende “hacer prevalecer el autoritarismo” y demuestran que “hay una política pública implícita de ir desmontando los aparatos de control del poder con la intención de tapar actos de corrupción” y eso es un “grave retroceso” en El Salvador en materia de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas.

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El Grupo Promotor presentó, el jueves, una demanda en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para pedir que invalide dichas reformas.

Ayer, las organizaciones advirtieron que las modificaciones al RELAIP no son las únicas acciones que se han dado para menoscabar la fortaleza e independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y el derecho a acceder a la información.

“Son reformas que lo que hacen es entrometerse en la organización del IAIP para restarle su eficacia y su capacidad de defender el derecho de acceso a la información”.

Javier Castro, .

Denunció que el gobernante también nombró, esta semana, como comisionados para el IAIP, por parte del sector de periodistas, a dos comisionados que fueron escogidos en un “proceso ilegal, carente de transparencia y sin participación ciudadana”. Además, el Ejecutivo le recortó más de $85 mil al presupuesto de organismo.

Días atrás, Bukele también reformó el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), lo cual permitirá a las instituciones del Estado recibir ofertas de contratistas por correo electrónico, un mecanismo al margen de la ley.

Wilson Sandoval, coordinador de Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que integra el Grupo Promotor, denunció que las reformas al RELAIP se hicieron en un contexto “malicioso” y que existe una política pública implícita del Ejecutivo que busca ocultar actos de corrupción.

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“Porque si no fue eso, ¿por qué vamos a desmantelar estos dispositivos de seguridad, el reglamento de la LACAP; por qué se recurriría a artificios que lo que hacen es debilitar las posibilidades de control sobre las acciones o decisiones que toma el Ejecutivo y que la mayoría de veces están alineadas a temas de dinero?”, cuestionó Sandoval.

Para las organizaciones civiles, estas acciones buscan darle mayor discrecionalidad al Ejecutivo en la toma de decisiones.

“La discrecionalidad más la opacidad lo que va a dar como resultado es corrupción. Si el Ejecutivo sigue en el intento de desmantelar los dispositivos que tenemos de rendición de cuentas, participación ciudadana y se esconde la información, lo que vamos a obtener es corrupción”, enfatizó el representante de ALAC-FUNDE.

Sandoval fue secundado por René Hernández Valiente, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y representante de Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, quien agregó que hay un patrón de comportamiento “con el que se pretende hacer prevalecer el autoritarismo” ante los entes creados para velar por la transparencia y la rendición de cuentas, como lo es la Ley de Acceso a la Información Pública.

“El Ejecutivo va a ir modificando reglamentos para ir desmontando aquellas instituciones que pueden controlar la corrupción, lo cual el peligroso y malicioso”.

Wilson Sandoval, .

“Es un momento para el control ciudadano de los actos del Estado. Pretenden burlar los principios constitucionales utilizando un mecanismo que la Constitución le da al presidente con un objeto exclusivo: que es de facilitar la aplicación de una ley que puede desarrollar, pero en ningún caso le autoriza la potestad reglamentaria a modificar”, increpó Hernández Valiente.

Él explicó que es por eso que el Grupo Promotor presentó la demanda de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional y espera que la admita y suspenda el acto con prontitud, porque no se pude dejar que la institución funcione ilegalmente.

Reformas debilitan contraloría

Xenia Hernández, del Centro de Estudios Jurídicos, recordó que la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública y del IAIP ha permitido tener acceso a la información con la que en el país se han logrado destapar varios casos de corrupción en diferentes gobiernos.

“El acceso a la información pública lo que permite es que la sociedad pueda ejercer una contraloría más profunda, más participativa; y no es únicamente desde la ciudadanía y la sociedad civil, sino también desde el periodismo de investigación”, apuntó Hernández.

Ella destacó que es por esta vía es que se ha podido conocer el mal uso de los fondos públicos que están haciendo algunas instituciones y argumentó que si se tiene menos acceso a la información habrá menos oportunidades de generar una contraloría e indagar qué es lo que están realizando las entidades públicas.

Para Javier Castro, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), las modificaciones a la RELAIP rompen con el espíritu colegiado del IAIP, ya que la ley indica que la facultad de su presidente es tener representación legal y que los demás comisionados establecen las normas para su funcionamiento; y así es como venía funcionando.

“Ahora se vuelve una institución presidencialista que concentra en la figura del presidente todas estas facultades”, criticó Castro, quien apuntó que estos esquemas ya se han dado en otras instituciones “y han sido un fracaso”.

“En la Corte de Cuentas, cuando el presidente controlaba las facultades administrativas, fue un problema cuestionado a lo largo del tiempo. Se está haciendo un esquema similar en el IAIP, cuando lo que se busca es que haya una pluralidad y que funcione como un ente de carácter colectivo”, dijo Castro.

Claudia Umaña, de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), opinó que las reformas al reglamento apuntan a “menoscabar” el funcionamiento correcto de la LAIP, ya que “querer concentrar poder alrededor de la presidencia del IAIP hace que se esté desnaturalizando la idea con la que se concibió: de que fuera un ente colegiado”.