Cuando un ciudadano no está conforme con la información recibida por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública o simplemente el oficial de información se negó a entregarle la información solicitada, el ciudadano puede apelar. Así lo establece el artículo 82 de la ley. Pero, ¿es garantía para el ciudadano que tras la apelación, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le entregará la información?
No, y la tendencia en resoluciones a favor del ciudadano van en disminución. Un informe de la organización Acción Ciudadana elaborado con datos de los procedimientos de apelaciones llevados por el IAIP entre 2019 y abril de 2021 muestra cómo las resoluciones de información a favor de los ciudadanos, en estas apelaciones, han caído un 80 % al comparar entre enero y abril de 2021 respecto al mismo periodo de 2020.
“La población acude ante el IAIP para pedirle que obligue a las diferentes instituciones estatales a que entreguen aquellos datos o información que sean de su interés.
Cuando una persona observa que el Instituto reduce drásticamente la cantidad de resoluciones a favor del interés ciudadano, es evidente que pierde la confianza y opta por no acudir ante dicho árbitro, principalmente porque sabe que no le resolverá”, asegura Carlos Palomo, presidente de la Asociación de Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).
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El estudio elaborado por Acción Ciudadana se centra en la cantidad de resoluciones favorables o desfavorables en torno a las apelaciones de los ciudadanos. Pero Palomo considera que hay otro factor que influye en la confianza de los ciudadanos y es el tiempo que el IAIP tarda en resolver los casos.
“Cuando vemos que los comisionados y comisionadas se tardan ocho, nueve o más meses en atender las peticiones ciudadanas, se desalienta el uso de los servicios del Instituto y se debilita la confianza, lo que se traduce en limitaciones al derecho de acceso a la información pública”, agrega Palomo.
Tracoda al igual que Acción Ciudadana han ejercido en los últimos años contraloría social en las instituciones del Estado. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, organización que elaboró el informe, asegura que su equipo considera inútil acudir ahora al IAIP para que las instituciones públicas como la Presidencia le entreguen información.
“No le vemos mayores posibilidades de que, desde esa instancia, se nos entregue la información solicitada. Esto genera desconfianza cuando una institución se pone en función de cuidar los intereses de una persona o una institución diferente a la ciudadanía”, aseguró Escobar.
Aunque el IAIP no se ha pronunciado al respecto, el 10 de junio compartió estadísticas de apelaciones, denuncias, falta de respuestas o ampliaciones de reserva llevadas hasta el momento. El IAIP hizo énfasis en cómo ha disminuido la mora de casos en los primeros meses del año, pero no detalló si estos casos han sido resoluciones a favor o no del ciudadano.
Función del IAIP entorpecida
El IAIP existe desde 2010. Pero en los últimos dos años ha pasado a manos de una mayoría oficialista. Y sus funciones, que tienen que ver con resolver recursos de apelación, sancionar o intervenir en controversias sobre información denegada a ciudadanos, han comenzado a verse entorpecidas.
Que las resoluciones sean a favor del ciudadano o no tiene que ver con quien preside el pleno del IAIP o quiénes son los comisionados que lo integran, opina Escobar.
“En los datos que hemos tabulado se observa que cuando hay un cambio de comisionados en agosto de 2020, también hay un descenso (en resoluciones favorables a los ciudadanos). Por eso, en el informe concluimos que estos nombramientos hechos por el presidente, en lugar de fortalecer al instituto lo han debilitado”.
Nayib Bukele nombró, en agosto de 2020, al comisionado Ricardo Gómez como presidente del IAIP. Un mes después, nombró a Luis Suárez como comisionado en representación del gremio periodístico, aunque no era periodista, sino empleado de su gobierno en la Siget.
Asimismo, en diciembre, nombró a Roxana Soriano como comisionada en representación de asociaciones profesionales. Soriano había sido precandidata a diputada por San Salvador por el partido Nuevas Ideas.
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Ahora, con tres comisionados oficialistas de cinco con los que cuenta el IAIP, los informes de evaluación de las entidades públicas llevan seis meses de retraso. Asimismo, hay un silencio del IAIP ante la constante reserva de información durante la pandemia. Y los que han hablado de estos hechos, como Liduvina Escobar, quien fue comisionada en el IAIP, hasta hace unos meses, son destituidos.
“La conformación subjetiva del pleno del IAIP es la que decide, al final, si determinados datos o información son de naturaleza pública. Por lo que un conjunto de comisionados con criterios muy restrictivos o directamente contrarios al espíritu del derecho de acceso a la información, pueden tomar decisiones para desalentar el uso de los recursos de apelación o por falta de respuesta”, agrega Palomo.
Desde que Bukele llegó al poder, el acceso a información en las entidades del Ejecutivo ha sido restringido, y en el resto de entidades se incrementaron los índices de reserva de información.
Además, Bukele promovió reformas al reglamento de la LAIP, mismas que la anterior Sala detuvo por debilitar acceso de información a ciudadanos.