Para el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), que la ciudadanía pueda contar con información precisa y documentada sobre las acciones que realizan las instituciones públicas para enfrentar la pandemia del COVID-19 se traduce en una reducción de la posibilidad de que los funcionarios puedan cometer actos de corrupción.
“Nadie actúa de la misma forma si sabe que está siendo observado, y peor aún si sabe que es observado por muchas personas”, expresó este lunes René Valiente, jefe de la unidad de derecho de acceso a la información pública del IAIP, en una conferencia sobre transparencia y rendición de cuentas en el contexto de la emergencia sanitaria actual.
Hasta el lunes, el COVID-19 se había cobrado más de 117,000 vidas a nivel mundial. El Salvador había registrado seis muertes y más de 130 contagios.
La comisionada del organismo, Yanira Cortez, añadió que en un momento de pandemia se acentúa la necesidad de contar con información pública -que es un derecho humano fundamental- porque “la corrupción prospera en tiempos de tragedia”. Esto en vista de la necesidad de agresivos paquetes de ayuda sanitaria y económica.
Al respecto, Javier Castro, director de Asuntos Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), advirtió que el acceso a la información pública en esta coyuntura “es crucial” y es un tema que, según él, preocupa particularmente.
“Ya el BID ( Banco Interamericano de Desarrollo) mencionaba que cerca del 10 al 25 por ciento de los fondos se pierden por la corrupción en el sector de salud a nivel mundial, y eso en condiciones normales. En situaciones de crisis se puede incrementar, por eso es importante que haya transparencia de cara a que se asegure que los recursos públicos se utilicen de la mejor forma”, apuntó Castro.
Los funcionarios del IAIP coincidieron en que la información que debe sobresalir durante la emergencia es la relacionada con los protocolos de salud, el marco jurídico a través de los que se ha declarado el Estado de Emergencia Nacional y las compras que hacen las instituciones gubernamentales y las municipalidades para enfrentar la epidemia. Conocer estos datos permite acceder a otros derechos, señaló el ente rector.
Emergencia no impide a las instituciones dar información
Valiente destacó que el derecho al acceso a la información es un derecho humano y como tal el Estado está obligado a garantizar su ejercicio y a proteger a los ciudadanos.
El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto que establece el Estado de Excepción por quince días (que fue prorrogado el 29 del mismo mes y que venció este lunes, a medianoche) en el cual restringía las libertades de reunión, de tránsito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio para que el Gobierno tuviera herramientas para enfrentar la pandemia. Dicha ley establece que no se restringe la libertad de expresión, de difusión del pensamiento y el derecho de asociación, recalcaron.
El jefe de la unidad de derecho de acceso a la información pública del IAIP reiteró que como la libertad de expresión y el acceso a la información pública no se vieron afectados con dicho decreto, la obligación estatal de mantener este derecho sigue en vigencia. Valiente enfatizó que en esta emergencia es cuando más importante se vuelve proteger este derecho ciudadano.
La Ley de Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones a divulgar en sus portales web información oficiosa (directorio, organigrama, marco normativo) pero Valiente y Miriam Chávez, directora ejecutiva del IAIP, coincidieron en el que ante la emergencia hay otros datos que los funcionarios deben revelar sin que haya una solicitud de por medio: compra de bienes y servicios, ejecución de obras públicas, entrega de subsidios, ejecución presupuestaria, entre otros. De acuerdo a los lineamientos girados por el ente, esta información debería estar actualizada a más tardar a finales del mes.
“Obviamente estos plazos se ven afectados por la suspensión de plazos administrativos que actualmente se discuten en la Asamblea, pero cuando se levante la medida deberían actualizar los portales”, dijo Valiente.
Él recordó a los oficiales de información de las instituciones que, a pesar de la suspensión de los plazos, es obligatorio que sigan recibiendo y tramitando las solicitudes de información.
El director de Asuntos Legales de FUSADES secundó al delegado del IAIP en que las instituciones públicas tienen la obligación de dar la información pese a la crisis sanitaria.
Castro explicó que el problema es cuando los funcionarios no la entregan y el ciudadano debe acudir al Instituto a iniciar un trámite para obligar a la institución a darla, pues los plazos para realizar ese proceso son los que están suspendidos.
“Es un tema delicado porque se está eliminando la posibilidad de acudir al ente rector cuando se niega información. Es más delicado si es información sobre la emergencia”, sostuvo Castro.
Él opinó que es importante que esta semana que el Congreso discuta la creación de un nuevo decreto de emergencia considere no incluir al IAIP dentro de las entidades a las que se les ha suspendido los plazos “porque el ciudadano pierde esta herramienta importante”.