La Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES) debería trabajar con el sistema judicial existente en El Salvador y fortalecer las instituciones de justicia como el Ministerio Público (Fiscalía), mencionó Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto del departamento de Estado, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, de los Estados Unidos.
“Damos la bienvenida a cualquier iniciativa de anticorrupción y nuestro enfoque es que vayan apoyando las instituciones que funcionan en El Salvador”, agregó el funcionario.
El Gobierno ha firmado un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la instalación de una CICIES, la cual ya tiene oficina, pero no hay datos oficiales de cómo pretende operar.
“La CICIES respaldará a las instituciones y cuerpos de seguridad, y además buscará la implementación de políticas públicas para la prevención, detección y control de redes de corrupción en el Estado y particulares”, aseguró el pasado miércoles el Comisionado de la CICIES en el país, Ronalth Ochaeta.
El Gobierno además ha solicitado el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que trabaje en coordinación con la CICIES.
Recientemente el Presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó que ya existe una respuesta de la ONU sobre la solicitud del Gobierno, pero no brindó mayores detalles al respecto.
Organizaciones de la sociedad civil como Acción Ciudadana, Funde y Cristosal, entre otras, han hecho un llamado para que se difunda más información sobre el mandato de la CICIES, así como verificar la independencia con la que contará.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, ha hecho énfasis en varias ocasiones de que debe existir una incorporación del resto de instituciones que están involucradas en el tema de justicia e impunidad como la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas y Procuraduría, con la CICIES.
El funcionario estadounidense Hugo Rodríguez participó en una conferencia donde se detallaron los programas de lucha contra la corrupción que ejecuta Estados Unidos en Centroamérica, en compañía Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, quien reiteró el apoyo para El Salvador en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Ventrell mencionó que la Oficina Internacional de Asuntos (INL) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, apoyan en El Salvador al grupo anti-impunidad, una unidad especializada en la oficina del Fiscal General que ha asegurado la condena de criminales transnacionales y funcionarios corruptos.
Esto incluye una sentencia de 10 años para el ex presidente Antonio Saca por cargos de lavado de dinero y malversación de fondos de aproximadamente $260 millones de fondos gubernamentales.
Además destacó el compromiso del departamento de continuar trabajando con los fiscales y las autoridades judiciales en Guatemala, Honduras y El Salvador en particular, para fortalecer aún más su capacidad institucional para combatir la corrupción y la impunidad.
EE. UU. intensificará programa de anulación de visas a corruptos
Estados Unidos anunció que será más impetuoso con la cancelación de visas a funcionarios centroamericanos relacionados con hechos de corrupción y a sus parientes.
“Continuaremos intensificando el uso de esta herramienta política significativa en América Latina y en todo el mundo, y quiero dejar en claro hoy que los líderes corruptos y ex líderes en el hemisferio deben tomar nota de que estaremos usando mucho más agresivamente estas visas anticorrupción”, mencionó Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y para la Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).
Detalló que en las próximas semanas y meses, las autoridades suspenderán viajes a funcionarios y a sus familias a los Estados Unidos y que además harán públicas la cancelación de las visas.
“Así que no más viajes de compras o viajes a Disney para líderes corruptos. No más estudios prestigiosos en los Estados Unidos para miembros de la familia cercanas que se benefician de ganancias obtenidas ilegalmente robadas de las arcas públicas”, enfatizó Ventrell.
El funcionario mencionó que se busca que la medida sirva como un disuasivo impactante para los funcionarios públicos de todo el hemisferio que enfrentan la tentación de usar sus oficinas para “fines corruptos”.