En una retrospectiva de hechos ocurridos alrededor del diseño y construcción del tramo II del bulevar exDiego de Holguín entre 2007 y 2009, ahora Monseñor Romero, la Fiscalía acusa al ex ministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto y otros seis exfuncionarios de haber actuado con negligencia para que el Estado pagara más de $23 millones por obras inconclusas.
Pero los abogados son del criterio de que los atrasos, sanciones económicas y abandonos de obra en la construcción de ese bulevar no es culpa del exministro Nieto ni de los demás procesados, sino de los creadores de un proyecto de carretera que no tenía -en su momento- los derechos de vía, permisos ambientales, ni los permisos municipales.
Los fiscales aseguran que está establecido que sobre el asocio temporal privado Copreca S.A. -Linares, S.A. de C.V. -que ganó la licitación para el diseño y construcción del bulevar- recaía la responsabilidad de gestionar los permisos ambientales, municipales y los derechos de vía y que por falta de los mismos el proyecto se estancó.
La Fiscalía afirmó que ese asocio temporal privado incumplió varias cláusulas del contrato, entre ellas la que establecía, que ante cualquier conflicto en el desarrollo de la obra, ese litigio se iba a dirimir en los tribunales de justicia nacionales y no en un Tribunal de Arbitraje Internacional; y fue lo primero que hizo.
Ante la dificultad de reunir los permisos municipales, ambientales y los respectivos derechos de vía, la obra fue paralizada y surgió una sanción de casi $9 millones, monto los con el cual fue condenado el Estado a pagarle a Copreca por incumplimiento de contrato.
El abogado Lisandro Quintanilla defendió el hecho de que el exministro Nieto no es responsable del conflicto en el proyecto, sino por el cambio de diseño final efectuado por su antecesor (David Gutiérrez), “eso provocó retraso en el contratista”.
Agregó que Nieto fue nombrado en el cargo a partir de enero de 2007 y que bajo su gestión se intentó buscar una solución al defecto del diseño, y ante el incumplimiento del contrato por parte del asocio, no tuvo opción que caducar el mismo y cobrar las fianzas.
La Fiscalía acusa a los siete imputados de peculado por dejar que la constructora cobrara por una obra inconclusa, por incumplimiento de deberes por no desarrollar sus funciones a cabalidad y por el delito falsedad material agravada.