A cientos de médicos, enfermeros y especialistas que ha contratado el Ministerio de Salud (Minsal) con plazas en la red pública de salud, en este 2021, les han hecho firmar contratos que incluyen cláusulas de confidencialidad, mismas que les obliga a no poder expresarse públicamente sobre lo que ocurre dentro de los hospitales o centros asistenciales donde laboran.
Lo mismo pasa con decenas de profesionales de la salud que se mantienen trabajando bajo servicios profesionales y que han firmado para seis meses o durante el 2021.
Te puede interesar: Ministerio de Salud obligado a publicar datos de la pandemia
Estas cláusulas mordaza han disparado la indignación y molestia entre el gremio de salud nacional.
“A los médicos residentes de este año se les ha hecho firmar un contrato, que no pueden dar ninguna opinión del trabajo que se realiza desde el hospital. Es coartar la libertad de expresión que tenemos en este país, todos tenemos el derecho de decir lo que pensamos, siempre y cuando no dañemos a los demás”, opina Luis Rodríguez, miembro del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud (SITRASALUD).
“Verbalmente hay represión en contra de los compañeros, pero estas cuestiones no las hacen por escrito para no dejar evidencia. La gente tiene miedo y por ese miedo no denuncia”
Rodríguez señala que “lo que quieren es callarnos , como una medida para que no denunciemos lo pasa en los hospitales”.
Dos fuentes distintas dentro del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende, que pidieron el anonimato para evitar represalias del Gobierno, confirmaron que estas restricciones al personal están ocurriendo en distintos centros sanitarios del país, como los hospitales Rosales, El Salvador, San Rafael, etc.
“Han incluido cláusulas en el contrato para intimidar, coartar y evitar que se plantee la verdad sobre las graves limitantes actuales del sistema de salud, así como evitar cualquier cuestionamiento a los abordajes que se realizan para el COVID-19 y otras enfermedades crónicas”, comentan desde el Movimiento, y agregan que “estamos profundamente preocupados por el ambiente de intimidación y miedo del personal de Salud a expresarse, que ahora se concretan en los contratos de trabajo”.
Te puede interesar: “Nos están poniendo más horas laborales por menos salario, así le pagan al personal que está en primera línea”
Para dichas fuentes médicas, la aplicación de estas cláusulas “coincide con el desabastecimiento de medicamentos esenciales en los establecimientos de salud, el ocultamiento de la información sanitaria; ahora el Sistema Único de Información en Salud (SUIS) ha pasado a constituirse en información reservada y que las decisiones gerenciales en Salud no sean tomadas por el gerentes técnicos sino por instancias políticas. Todo ello se pretende que se mantenga oculto”.
El Gobierno ocupa estas cláusulas de silencio, en opinión del médico salubrista Ricardo Lara (también candidato a diputado por ARENA), porque sus funcionarios “no quieren que ellos (personal médico) se quejen de que no les dan los equipos de bioseguridad adecuados; que hacen falta jeringas, insumos, medicamentos, especialmente en el Rosales para los pacientes con hemofilia, de insuficiencia renal, de hematooncología, etc.”.
Sin copias del contrato
Tres fuentes médicas consultadas, así como dos profesionales que trabajan en la red pública hospitalaria, confirmaron que después de firmar estos contratos (que incluyen las cláusulas mordaza), no les están entregando copias de los mismos, bajo el argumento de que el Ministerio deben seguir un “trámite administrativo”.
Lo anterior fue criticado por el abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien comentó que “es lógico que todo funcionario o empleado público debería tener una copia de su contrato, para conocer sus derechos y deberes; es lo más razonable entregar una copia del documento al empleado”.
Te puede interesar: Inestabilidad laboral preocupa a profesionales de la salud contratados por emergencia COVID-19
Cláusulas ilegales
Que el Ministerio de Salud esté aplicando estas cláusulas mordaza es una práctica que choca con la Constitución. Así lo ven dos juristas consultados sobre el tema.
Para el abogado constitucionalista Enrique Anaya, “ese tipo de cláusulas me parece contraria a la libertad de expresión, al artículo 6 de la Constitución, porque se está imponiendo de forma ilegal un silencio a los nuevos empleados”.
Pide Anaya diferenciar dos aspectos: es verdad que los médicos estarán sujetos al deber de confidencialidad que implica su secreto profesional, por un acuerdo entre paciente y doctor; “pero eso es muy distinto a prohibir el exponer, comunicar o denunciar situaciones sobre manejos inadecuados, cuestionamientos o deficiencias de servicios de salud que pueda prestar el hospital”.
Marcela Galeas, abogada penalista, recomienda a los médicos que, más allá de la firma de estos contratos, deben cuidarse “en cuanto a responsabilidad penal, porque la gente lo primero que dice es que fue una mala praxis, culpa del doctor; cuando en realidad no sabemos si hay una carencia de equipo o de personal médico, y si los tratamientos médicos que se están dando son eficaces o adecuados para esta enfermedad. No lo sabemos, los únicos que lo saben son los médicos tratantes”, explica, aunque es justamente a ellos a los que se les está aplicando esta mordaza.
La abogada remarca este tipo de contratos, cláusulas incluidas, no puede amparar actuaciones arbitrarias, negligencia o inasistencias médicas que se queden en secreto para ocultar actos que vayan en contra de los mismos pacientes
El manto de silencio que el Ministerio de Salud ocupa con estas decisiones, así como con poner en reserva el acceso a la información pública acerca de las pruebas COVID-19 o el Hospital El Salvador, son señales negativas, considera Galeas.