La protesta convocada por la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación en Honduras afectó este jueves, por tercer día, varias ciudades, donde hubo manifestaciones con el bloqueo de carreteras y un plantón para exigir la liberación de cuatro “presos políticos” y la renuncia del presidente del país, Juan Orlando Hernández.
En Tegucigalpa, decenas de personas participaron en un plantón frente al Ministerio Público para exigir la liberación de cuatro opositores detenidos por protestar contra el Gobierno del presidente hondureño en el marco de la crisis que estalló luego de los comicios de noviembre de 2017, cuando Hernández fue reelegido.
Los manifestantes bloquearon con piedras la calle de acceso al Ministerio Público, lo que impidió por más de cuatro horas la circulación de vehículos, y coreaban consignas como “libertad” para Edwin Espinal, Raúl Álvarez, Gustavo Cáceres y Rommel Portillo.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y de la comunidad garífuna (negra) se sumaron ayer a la protesta en la capital hondureña para pedir la salida de Hernández del poder.
Berta Zúñiga, hija de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, dijo que el Estado debe excarcelar a los cuatro prisioneros que fueron detenidos por “su lucha social contra el régimen”.
Agregó que el plantón pretende exigir también la renuncia del gobernante, quien ha sido implicado en una conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder.
“El pueblo hondureño está indignado y nosotros desde el Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que coordinaba Cáceres) nos sumamos a manifestar nuestro repudio contra la continuación de este régimen violento y asesino”, subrayó la hija de la asesinada líder indígena.
A su juicio, la presunta vinculación del gobernante en una conspiración “no es una novedad” para el pueblo hondureño, ya que “desde hace tiempo hay una gran sospecha (de) que una parte del Gobierno funciona como una estructura criminal y vinculada a acciones ilícitas”.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no identifica al mandatario por su nombre ni ha presentado acusaciones en su contra, pero en el documento, dado a conocer el sábado pasado, se alude al hermano del hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, como CC-4 (Juan Orlando Hernández) y se subraya que el CC-4 fue “elegido presidente de Honduras a fines de 2013”.
Según el documento, se destinaron 1.5 millones de dólares para sobornos en apoyo a la campaña de Hernández, que niega haber recibido dinero de narcotraficantes, y se compraron regalos y favores a políticos locales a cambio de protección.
Por su parte, Mary Cruz, madre de Rommel Portillo, dijo que el plantón busca mejorar las “condiciones infrahumanas” que sufren los reos en el sistema penitenciario.
Señaló que los cuatro prisioneros se encuentran en huelga de hambre desde el lunes en la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, departamento oriental de El Paraíso, conocida como La Tolva, por las “condiciones infrahumanas” en las que están presos.
“Hay presos políticos, nuestros muchachos han caído en el contexto de protestas”, subrayó la madre de Ronmel, quien fue detenido el 31 de mayo.