El presidente guatemalteco Jimmy Morales decretó estado de sitio en 22 municipios del noreste del país tras la muerte de tres efectivos del ejército en un enfrentamiento con narcotraficantes. La medida debe ser aprobada por el Congreso.
Tras el hecho, que se registró la noche del martes y dejó heridos a otros seis integrantes de la fuerza armada, Morales y el consejo de ministros aprobaron el decreto que declara el estado de sitio por 30 días en esos municipios.
Lo ocurrido en Izabal ha “puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectado a personas y familias”, dice el texto que la presidencia envió al Congreso.
El estado de sitio suspende las garantías constitucionales como la libertad de tránsito, el derecho a la manifestación y reunión y la portación de armas de fuego. Además, durante ese tiempo una persona puede ser detenida durante un patrullaje o retén sin que exista una orden de captura en su contra.
La ley de orden público de Guatemala establece que cuando el presidente decreta un estado de sitio, esto debe contar con el aval del Congreso. Mientras eso ocurre, las garantías están suspendidas.
Se esperaba aprobar el decreto ayer jueves de emergencia, pero sólo se presentaron 100 legisladores y se requería el voto de 105. Por ello, ahora el proceso se realizará en tres etapas.
El enfrentamiento ocurrió en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, a 318 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Según el reporte oficial, una patrulla del ejército fue emboscada durante una ronda de reconocimiento para localizar pistas clandestinas utilizadas por los grupos de narcotráfico para el trasiego de drogas.
El presidente electo, Alejandro Giammattei, repudió el asesinato de los tres militares en su cuenta de Twitter. “Condeno el ataque en el que murieron efectivos militares y en el que resultaron heridos algunos comunitarios. Demando la pronta acción para el esclarecimiento de los hechos de este atentado contra la paz y que de manera no quede impune”.
De igual forma, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, lamentó la muerte de los militares y dijo a través de un pronunciamiento que velará para que no se violen los derechos de las personas que viven en esos 22 municipios.
Llegan cuerpos
Los restos mortales de los tres militares guatemaltecos asesinados en la emboscada de un supuesto grupo de narcotraficantes en el departamento caribeño de Izabal llegaron ayer a la capital en un avión de la Fuerza Aérea.
Los cuerpos de Carlos Esteven Mayén Cabrera, Isaías Beleu Caal y César Augusto Leonel Ceb Tun fueron recibidos en la pista de aterrizaje por un grupo de compañeros del Ejército guatemalteco y familiares.
Con los ataúdes cubiertos con la bandera de Guatemala, los restos mortales fueron trasladados a una capilla ardiente para ser velados antes de ser llevados al Ministerio de la Defensa.
Los tres militares formaban parte de una brigada de la marina que fue emboscada por un supuesto grupo de narcotraficantes en la aldea Semuy II, de El Estor, que los ejecutó, dejando a uno sin rostro y a otros sin cabellera, según el presidente del país, Jimmy Morales.
El portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Óscar Pérez, explicó a Efe que dos de los heridos, con balas en la cabeza y en los brazos, están “estables”, mientras que otro, que tiene disparos “en un riñón, en el hígado y en los intestinos”, está “más delicado”.
Los tres tienen lesiones de “perdigones de escopeta y AK-47”, las mismas que supuestamente presentan los cadáveres de los tres militares, una situación que debe ser confirmada por la autopsia.
“Es una vil salvajada, un vil asesinato”, dijo este jueves a los medios de comunicación Pérez, quien volvió a condenar los homicidios de los tres militares, “héroes guatemaltecos”, que merecen “el reconocimiento de toda la sociedad”.
En este sentido, agradeció el apoyo de la sociedad guatemalteca, que mostró su rechazo a esta violencia, dijo que se van a quedar “cortos” en las demostraciones de afecto, pero que les sobra “el valor y el coraje” para poner ante los Tribunales de justicia a los responsables.