Poco después de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, propusiera reformas a la Ley de Enriquecimiento Ilícito, el Grupo Gestor de la Ley de Probidad Pública exhortó a los diputados a enfrascarse en la discusión de una nueva Ley de Probidad, en vez de “reformar parciales que no resuelven el problema de fondo”.
“Si bien las reformas buscan un propósito positivo, pensamos que las propuestas se quedan cortas”, consideró Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social sobre las propuestas de Quijano.
En el comunicado, el Grupo Gestor reitera “de forma muy enfática que debe elaborarse integralmente y aprobarse una nueva Ley de Probidad Pública, que incluya un régimen más efectivo de prevención y combate al enriquecimiento sin justa causa, regulado en el art. 240 de la Constitución, tal como fue propuesto en el anteproyecto elaborado por el Equipo Gestor en el año 2015, y no reformas parciales que no resuelven el problema de fondo; sobre todo porque la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data de más de 60 años, no constituye el marco legal idóneo para dar cumplimiento al mandato constitucional”.
La iniciativa de reforma de ley de Quijano surgió luego que se conoció el incumplimiento del nuevo gabinete de gobierno en no presentar la declaración de patrimonio en tiempo, pues alrededor de 58 funcionarios no presentaron su informe una vez cumplido el plazo según un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, con fecha del 29 de julio. Luego se supo que algunos ya la entregaron como el ministro de Defensa, capitán de navío René Francis Monroy, sí la había presentado y otros más. Se ha pedido la información actualizada pero aún no se ha obtenido.
Quijano, en su propuesta, propone elevar las multas.
“Si pasaron (los funcionarios) 60 días de ejercer el cargo y no presentaron su declaración de probidad tendrían en el futuro 15 días para poderla presentar y sino les cae multa de 500 dólares”, dijo Quijano.
El Grupo Gestor también exhorta al gabinete a presentar sus declaraciones patrimoniales.
“A todos los funcionarios del Gobierno anterior que cesaron en su cargo, a los funcionarios del nuevo Gobierno, así como a todos aquellos servidores públicos de cualquier otra dependencia del Estado quienes están sujetos a las obligaciones establecidas en el art. 240 de la Constitución y en las disposiciones de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que cumplan de inmediato con lo previsto en dichas normas, para dar muestras concretas de su compromiso con un país más próspero donde haya una lucha más efectiva contra la corrupción”, manifiesta.
El artículo 17 de la ley establece que “ La Corte Suprema de Justicia impondrá multas de cien a cinco mil colones a los funcionarios y empleados públicos que omitieren hacer la declaración en el término indicado en el artículo 3 y les fijará un nuevo plazo prudencial para que lo efectúen”.
Sin embargo, si se aprueba la reforma al artículo, se precisará que las multas rondarán los $500 si se excede el plazo constitucional hasta 15 días.
Si se supera el plazo anterior hasta 30 días, la sanción será de $1,000 y si se excede los 60 días, el funcionario deberá pagar $5,000.
Los funcionarios que no cumplan con el plazo otorgado deberán cesar de su cargo el siguiente día posterior al vencimiento, así establece la reforma al artículo 18.
“Los alcaldes, diputados, presidentes, vicepresidentes de la República o funcionarios de segundo grado que no presenten en el plazo establecido su declaración de probidad, aparte de una multa, quedan inhabilitados en un futuro para no ejercer ningún cargo de elección ni de segundo grado ni de elección popular “, añadió Quijano.
Exhortación
El Grupo Gestor exhorta además a la Corte Suprema de Justicia a acelerar la presentación del anteproyecto de Ley de Probidad, pues debe ser este órgano de Estado quien tenga la iniciativa.
“Exhortamos A la Corte Suprema de Justicia, que acelere su proceso de formulación y revisión del anteproyecto de Ley Integral de Probidad, para que sea sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa…”, reza el final del documento emitido.