El golpe del 1 de mayo pasado sigue en “impunidad” pese a que ya han pasado tres meses de su ejecución. Así lo señalaron expertos en derecho consultados por este medio.
El sábado 1 de mayo, en su primera sesión plenaria, la mayoría oficialista removió de manera exprés e ilegal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República y rápidamente impuso sustitutos a ellos sin respetar el debido proceso.
Previo a su acelerada y anómala remoción, la Sala de lo Constitucional había sido uno de los principales muros para los abusos de poder del gobierno actual, particularmente desde el inicio de la pandemia. El fiscal general, por su parte, tenía en su despacho una serie de expedientes de presunta corrupción del gobierno actual.
Este medio conversó con juristas del país para analizar si han habido consecuencias para los responsables.
El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), René Hernández Valiente, señaló que no ve un interés de querer revertir el “desorden constitucional” generado.
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“No solo no se ha reclamado a los responsables, sino que tampoco han dado indicios de querer revertir el desorden constitucional en que nos encontramos y volver a una normalidad el Estado de derecho, nada de eso hemos tenido, el autoritarismo continua”, señaló.
Además, manifestó que “han tirado cortinas de humo hacia el pasado sin pretender arreglar las cosas con los que han cometido errores en el gobierno de Bukele”.
“No ha pasado nada de parte del Gobierno, ni han dicho, ni opinado nada que tenga la intención de volver al Estado de Derecho como se lo está pidiendo el mundo entero”, agregó Hernández Valiente.
A juicio de la abogada Ruth Eleonora López, las destituciones del 1 de mayo tenían como fin eliminar todo tipo de control a los actos del poder Ejecutivo.
“No hubo consecuencias, ni lo habrá en lo inmediato porque las destituciones obedecieron a asegurar que no existieran controles respecto de lo actuado”, indicó.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, destacó que “hasta el momento una grave consecuencia para las personas que participaron en el golpe de Estado del 1 de mayo no existe”.
“No se ha restaurado el orden constitucional y estas personas no han enfrentado ningún procedimiento legal por su comportamiento el 1 de mayo, lo único que ha pasado es que algunas de estas personas han sido mencionadas en la lista Engel”, lamentó.
En este listado preparado por el gobierno de Estados Unidos para sancionar a actores corruptos o antidemocráticos se incluyó a Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, por facilitar el golpe del 1M.
Por su parte, el abogado Francisco Díaz enfatizó en que el 1 de mayo se dio una ruptura del orden constitucional.
“Como ha coincidido la inmensa mayoría de abogados constitucionalistas, nacionales e internacionales, organizaciones y demás, el 1 de mayo se dio una ruptura del orden constitucional y del sistema republicano de gobierno, puesto que, por un procedimiento que violentó la Constitución se destituyó a funcionarios que habían sido electos conforme a la Constitución y por otra parte se hizo nombramientos también al margen de los procedimientos constitucionales”, aclaró.
Él recordó que algunas personas que ahora forman parte de la Corte Suprema no provenían de la lista que debe proporcionar el Concejo Nacional de la Judicatura (CNJ), y que a partir de ese momento “estamos en una situación de ruptura del orden constitucional y el orden republicano”.
Qué ha perdido El Salvador desde entonces
Ruth López expuso lo que se ha perdido precipitadamente la independencia de las instituciones que permiten la garantía y respeto de los derechos fundamentales
“El Salvador ha ganado en opacidad, permisividad y cooptación del Ejecutivo de las instituciones de control y ha perdido de manera precipitada la independencia de las instituciones que permiten la garantía y respeto de los derechos fundamentales, siendo los últimos en debilitarse los jueces, última línea de resistencia frente a la genuflexión de las magistraturas”, explicó.
“En El Salvador, a partir del 1 de Mayo podemos afirmar que estamos ante un régimen autoritario que controla los tres poderes del Estado”, consideró.
Para Eduardo Escobar, lo que ha perdido El Salvador es el proceso que se había iniciado de construcción de Estado de Derecho.
“El Estado de Derecho dejó de ser una mera declaración y se había comenzado a darle cierta independencia a algunos órganos de Estado como la Sala de lo Constitucional”, explicó, y añadió que “se ha retrocedido con el golpe de Estado, igual con el tema del respeto a los principio constitucionales, aquí hay un grave retroceso porque han sido obviados por el presidente y la bancada legislativa oficialista de Nuevas Ideas”, indicó.
El exmagistrado René Hernández Valiente opinó que el que está sufriendo es el Estado de Derecho e ilustra que ya no hay un sometimiento del poder político a la ley.
Además, explicó que el fiscal es el instrumento de fuerza de la Presidencia de la República, puesto que “no ha dicho nada, ni iniciado nada en contra de los que debe iniciar, que son los que están actualmente en el gobierno”.
Francisco Díaz tampoco ofrece un pronóstico alentador: “No creo que las cosas vayan a cambiar porque entiendo que hay una firme convicción a nivel del Ejecutivo de que la acción que se hizo es legítima, porque nace de una mayoría parlamentaria lo cual no tiene un fundamento conceptual y constitucional, pero mientras se tenga esa convicción no se puede esperar una actitud diferente”.
Pese a esa concepción del Gobierno, la Constitución Salvador no admite que ninguna mayoría tenga la potestad de pisotearla ni de usarla para consolidar indebidamente el poder.