El Gobierno de Nayib Bukele volvió a infringir las leyes al concesionar por 20 años la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) a un grupo empresarial de Israel, el cual proyecta impulsar “las apuestas deportivas y otros juegos”. Para ceder esta institución, el Órgano Ejecutivo debió tener la aprobación de la Asamblea Legislativa, pero a los diputados los tomó por sorpresa la publicación que hizo el martes El Diario de Hoy, en la que se reveló el acuerdo.
Norman Quijano de ARENA ve otra violación a la ley, pues el Ejecutivo no está facultado para concesionar “de dedo”. Yanci Urbina, del FMLN, dice que esto muestra que Bukele pretende administrar los bienes del Estado como patrimonio personal, por lo que pide una investigación al respecto.
El traspaso de la LNB, con 149 años de existencia, a manos privadas se conoció 10 días después de que los legisladores también le pidieran a la Fiscalía General y a la Corte de Cuentas indagar la trasferencia de $625.7 millones que hizo el Ministerio de Hacienda entre carteras de Estado para la emergencia del COVID-19, pese a que tampoco recibió el aval del Legislativo, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Financiera (AFI).
El artículo 3 de la Ley de la LNB reza que “el negocio de lotería es actividad exclusiva de la Lotería Nacional de Beneficencia. En consecuencia, queda prohibido su ejercicio a cualquier persona natural o jurídica, de Derecho Público o de Derecho Privado”. Actualmente esta disposición está vigente y no ha sido modificada por el Legislativo.
“(La concesión) se suma a la cadena de irrespetos a las leyes de la República. De nuevo es una afrenta al Estado de derecho de nuestro país. Ya es tiempo de que la Fiscalía empiece a tomar acción para acusar por actos arbitrarios o negligencia, buscar una figura dentro del Código Penal para sancionar estas falencias que estamos viendo dentro del Estado a través del Ejecutivo”, criticó Quijano, del partido tricolor.
Su colega, René Portillo Cuadra, explicó que para que la institución pueda ser administrada por una empresa privada se debe reformar la ley y después iniciar un proceso de licitación que termine en una concesión.
El Gobierno no había informado nada sobre el acuerdo con la empresa extranjera. Esto se conoció porque así lo anunció el empresario Yossi Abadi en su Facebook y la Oficina de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, MASHAV, retomó la publicación.
Yanci Urbina también manifestó que se debe examinar la modalidad que se aplicó para concesionar la institución pero aclaró que, en cualquier caso, no se podía haber designado por contratación directa. Además reiteró que la Constitución establece que estos procedimientos deben ser autorizados por el Congreso por tratarse de bienes públicos y porque se está comprometiendo el patrimonio.
“Aun si fuera bajo el concepto de un Asocio Público Privado, también debe conocerlo y aprobarlo la Asamblea”, recalcó Urbina.
Por su parte, Nidia Díaz, también del FMLN, afirmó que hoy presentarán una pieza para solicitar que el presidente de la LNB rinda informe al respecto a la comisión de Hacienda del Congreso y a partir de lo que este muestre, determinarán qué pedirán a la Fiscalía, aunque adelanta que esta institución debe investigar y velar por los bienes del Estado.
El presidente del Legislativo, Mario Ponce, enfatizó que debido a que la LNB es una institución estatal se deben cumplir los requisitos para ser concesionada con la aprobación de los legisladores, pues “no es una adjudicación simple desde el Ejecutivo”.
Fiscalía sigue sin pronunciarse
Pese a que los legisladores han insistido en que el Ministerio Público debe hacer una investigación en torno a la concesión de la Lotería Nacional de Beneficencia, hasta ayer al cierre de esta edición, ni la institución ni el fiscal general, Raúl Melara, se habían pronunciado.
Gobierno de El Salvador concesiona la Lotería Nacional por 20 años a empresarios israelíes
El diputado del PDC, Rodolfo Parker, dijo el pasado martes que el convenio entre el Gobierno y la empresa debió licitarse públicamente y con el visto bueno de la Fiscalía, institución a cargo de tutelar los bienes del Estado.
En reiteradas ocasiones, diputados de oposición han reprochado la pasividad de la Fiscalía para investigar las compras que, durante la pandemia, ha hecho el Ejecutivo, algunas de ellas a empresas de funcionarios de su gabinete o sus familiares.