Una comparación entre los fondos que tiene asignados la Dirección de Centros Penales en el rubro de Bienes y Servicios para este año con la solicitud que ha hecho el Ejecutivo, de reorientar $21.1 millones del Fideicomiso de Pensiones para esa partida, destinada a comida de los reclusos y para la Policía, revela que en un mes, el gobierno planea utilizar la mitad del dinero que ocupa para alimentación de reos en todo un año.
A casi un mes de que finalice el presente ejercicio fiscal, el Gobierno a través del ministro de Hacienda envió a los diputados una solicitud para que le aprueben usar $14 millones para “reclusión y rehabilitación” del sistema penitenciario y $7.1 millones para “eficacia policial”, haciendo un total de $21.1 millones. El origen de los fondos es un excedente en lo que el Ejecutivo paga para obligaciones previsionales, las cuales ya fueron cubiertas este año.
Con base en los datos anteriores, Tatiana Marroquín, analista económica, ve algunas inconsistencias. Al respecto, menciona que en el presupuesto aprobado en 2019 para el rubro de Bienes y Servicios de cárceles, donde se incluye alimentación de reclusos, se destinaron $26 millones para el presente año y en 2020 el plan de gastos prevé un monto de $25.3 millones, es decir $700,000 menos.
“Si ahorita necesitan ese refuerzo, lo mínimo que yo esperaría es que en 2020 también viniera presupuestado con ese refuerzo”, indicó Marroquín.
De acuerdo a datos concretos de presupuestos para la comida de presos en 2019 y lo previsto en 2020, se desprende que si la Dirección de Centros Penales previó $26 millones en todo 2019, y pide $14 millones más para terminar el año, faltando menos de un mes para que este finalice, deberá ejecutar en este mes lo que ocupa en un año.
“Ahorita se quiere asignar $14 millones (a penales); ya en esta fecha sería únicamente para diciembre, que es considerable: sería el 50% de la asignación que tiene en el año sólo para un mes”, detalló Marroquín.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo escuetamente ayer en la Asamblea, tras una reunión con los diputados para apresurar la aprobación del presupuesto del próximo año, que más información sobre el gasto en penales lo deberá dar el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas.
Fuentes se limitó a reiterar lo dicho por la Comisionada Presidencial de Operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, que el dinero proviene de un Fideicomiso que resultó con excedentes al cumplir con los compromisos requeridos para 2019.
“En el Presupuesto hay una asignación de gasto presupuestado por las autoridades financieras, Superintendencia del Sistema Financiero, Bandesal y las AFP, de que en el ejercicio 2019 se iban a destinar $246 millones para pagar los intereses del Fideicomiso”.
Fuentes añadió: “Al cierre del año estos pagos se hacen trimestrales, el último pago que corresponde a octubre, noviembre y diciembre se hizo en octubre. Al cierre de los cuatro pagos se totalizó $218 millones (…). Eso implica que existe una asignación de gasto que es posible destinarla a otras necesidades que se requieren en el presupuesto, es así que ese diferencial o ese excedente de $21 millones se está llevando a la Asamblea para que se pueda destinar a la alimentación de presos de Centros Penales y alimentación de policías”.
Marroquín asegura que nada garantiza que si se aprueba la reorientación de dichos fondos, aunado de que es lo que gasta en seis meses, el gobierno los ocupe en lo que dice.
Asegura que el rubro 54-315 al que se refiere la petición del Ejecutivo es uno de los “subgrupos dentro del rubro de Bienes y Servicios” que puede ser utilizado como “gasto reservado” o destinarlo a otra partida del ministerio de Seguridad como remuneraciones u otras, una vez que la Asamblea se lo haya aprobado para el destino original.
“El ramo de Bienes y Servicios que es el rubro 54 sí da posibilidad no sólo para compra de gasolina, sino para la aplicación de gastos reservados”, aseveró Marroquín.
La economista también refuta la posición de Fuentes de que al tratarse de un “excedente” que refleja el Fideicomiso de Pensiones de 2019 pueden usarlo para otra cosa y opina que si sobra el dinero, lo que debería hacer el gobierno es restarlo de los $755 millones que pide de financiamiento con deuda para el presupuesto general de 2020.
Y como muestra de que el dinero sí se necesitará en 2020, Marroquín explicó que el gobierno ha previsto para el pago de pensiones, incluido el Fideicomiso, $397 millones, es decir, un incremento de $51 millones comparado con los $346 millones presupuestados en 2019.
El gobierno la tiene cuesta arriba políticamente. Pese a las explicaciones de Hacienda, de que es un fondo que no afectará el pago de pensiones, diputados de ARENA, FMLN, y PCN afirmaron ayer que no darán sus votos para reorientar ese dinero. Para eso se necesita de 43 votos en la Asamblea y sin los votos de los diputados de estos partidos no lo logra.
René Portillo Cuadra, de ARENA, alegó incluso que es “ilegal” trasladar dineros de un Fideicomiso a una cartera de Estado.
Nayib Bukele llama a diputados a que den otras opciones para los $21 millones
“Den una propuesta sensata y la vamos a aceptar”, dijo ayer el gobernante en Twitter, en vista de las críticas al destino que Hacienda ha propuesto para los fondos que busca reasignar. El presidente justifica que el dinero del Fideicomiso de Pensiones ya fue cobrado de los impuestos de los salvadoreños por un “cálculo erróneo” del gobierno anterior y que se perderá sino “se reforma el Presupuesto 2019”.