El domingo 9 de febrero, los salvadoreños fueron testigos de algo que parecía impensable en un país con la aspiración de consolidar una democracia: el presidente de la República, Nayib Bukele, lideró un operativo policial y militar en el Palacio Legislativo.
Acompañado de soldados y policías portando armas largas, Bukele ingresó sin invitación a la sede de un órgano de Estado, usurpó la silla del entonces presidente legislativo, Mario Ponce, y se puso a “orar”, no sin antes decir con tono amenazante que era claro “quién tiene el control aquí”.
Esta incursión intimidatoria, que el presidente posteriormente quiso disfrazar, fue la señal más clara -más no la única- de cómo el mandatario salvadoreño mira a los cuerpos de seguridad.
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La promesa
Hace dos años, Nayib Bukele prometió pasar la página de la posguerra. En el imaginario colectivo, estas palabras buscaban posicionarse como un compromiso del nuevo mandatario y de su gobierno con el futuro.
Sin embargo, la realidad de su gestión muestra un drástico retroceso de al menos tres décadas, si no muchas más, a un momento en que los cuerpos de seguridad servían para dar soporte armado a los caprichos del poder.
Más allá del 9 de febrero, en estos dos años el gobierno de Bukele ha protagonizado episodios en los que sus soldados y policías estuvieron al servicio de un capricho político y no de la ciudadanía.
Un caso claro es la instrumentalización de los cuerpos de seguridad para ejecutar los decretos ejecutivos ilegales que ordenaban detener a todo salvadoreño que presuntamente violara la cuarentena domiciliar obligatoria al inicio de la pandemia del covid-19.
Policías y soldados montaron numerosos retenes, donde detenían a las personas que no podían justificar haber salido de sus hogares y les conducían a centros de retención donde muchos se contagiaron de la enfermedad y otros tantos murieron por este virus u otras causas.
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Cuando la Sala de lo Constitucional declaró ilegal estas detenciones y ordenó pararlas, el presidente Bukele desafió la sentencia de estricto cumplimiento y llamó a sus cuerpos de seguridad a ignorar el fallo y continuar las detenciones.
Incluso les “autorizó” abusar de la fuerza, cuando dijo en cadena nacional que no le importaría ver a gente quejarse de que le “doblaron la muñeca” o le confiscaron su vehículo”.
Más allá de estos abusos, la Policía Nacional Civil también jugó un rol político cuando en octubre de 2020 incumplió una orden de la Asamblea Legislativa de conducir por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la comisión donde se investigaba el uso de fondos de emergencia.
El Legislativo estaba plenamente facultado a exigírselo, pero el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, optó por no cumplir la orden.
Esto llevó a la Fiscalía General de la República a acusar penalmente a Arriaza Chicas por incumplir la decisión legislativa.
En noviembre de 2020, la Fiscalía llevó a cabo una serie de allanamientos a instituciones del Estado por indicios de corrupción en compras de emergencia. Cuando los investigadores escudriñaban la sede del Ministerio de Salud, un grupo de policías acudió a esta institución y entorpeció las diligencias de los fiscales.
Y más recientemente, el 1 de mayo, cuando la bancada oficialista dio un golpe al poder Judicial y destituyó ilegalmente a los magistrados y al fiscal general de la República, fueron policías los que contribuyeron a sitiar las sedes de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, ayudando a ejecutar el asalto a la institucionalidad propinado ese día.
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Estas acciones violan abierta y flagrantemente el espíritu de los Acuerdos de Paz, que establecieron hace casi 30 años, como una garantía de no repetición del conflicto armado, la instalación de cuerpos de seguridad no deliberantes, apolíticos y profesionales. Al servicio de la población, respetuosos de la Constitución y conducidos por civiles.
Bukele ha sustituido esta aspiración por una menos institucional y más autoritaria: la de cuerpos alineados a su proyecto político.
Como apuntó el semanario británico The Economist en su edición de mayo de 2020, Nayib Bukele, el presidente que prometió superar la posguerra, el mandatario que simbolizó la modernidad, se empezó a convertir en el “primer dictador millennial de Latinoamérica”.
Militarización de la política
A juicio de Celia Medrano, defensora de derechos humanos, en el gobierno de Nayib Bukele se ha gestado una “policía militarizada y dirigida bajo una doctrina militar”.
Al perder su naturaleza civil, Medrano añade que la PNC se ha coludido con las Fuerzas Armadas para avanzar la militarización de la política en hechos como el 9F, cuando el arte de la negociación política fue sustituido por la matonería y la amenaza con los fusiles.
Por ello, advierte que ya es posible hablar de una “gobierno autocrático y autoritario que impone sus ideas instrumentalizando la fuerza militar”.
Estos despliegues intimidatorios rompen completamente las reglas democráticas, dijo a este medio José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
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Este experto en derechos humanos consideró que la toma del Legislativo consolidó su práctica de arengas partidarias y ataques a sus opositores usando como escenario a soldados y policías.
Vivanco añade que con esto, Bukele “dañó uno de los componentes centrales de los Acuerdos de Paz, la no politización de las Fuerzas Armadas y la Policía”.
Esto, lamenta el director de Human Rights Watch, le ha llevado al presidente salvadoreño a gobernar “de forma escandalosa y propia de como se administra una finca”.
“Bukele trata (a PNC y FAES) como sus guardias privados”
Así se refirió el director de las Américas de Human Righs Watch, José Miguel Vivanco, a la conducta del presidente Nayib Bukele con respecto a la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES).
Vivanco critica que Bukele “abiertamente utilizó a la Policía para desafiar los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia”.
Además, denuncia que de manera análoga a como se administra una finca, el presidente se valió de la policía para obstruir investigaciones judiciales de la Fiscalía General de la República que afectaban a funcionarios de su gobierno que eran investigados por presunta corrupción.
“La Policía Nacional Civil estaba abiertamente desafiado la autoridad de la Fiscalía”, señaló Vivanco.
Esta “guardia privada de Bukele” supone, a juicio del director de Human Rights Watch, un enorme retroceso a los avances democráticos de El Salvador.
“Se ha perdido el sentido institucional y han olvidado el marco constitucional, cuando los policías y militares no deberían dejarse manipular o utilizar por el poder de turno” afirmó Vivanco, un férreo crítico de los constantes abusos de poder en El Salvador.